La arquitectura jurídica y legal del franquismo penaba acciones de índole
política y perseguía institucionalizar el miedo y la opresión.
Patricia Campelo
25 de noviembre
de 2013
Esta norma
fue el germen del Tribunal de Orden Público (TOP) -institución que comenzó su
actividad hace 50 años, en diciembre de 1963- y penaba con dureza cualquier
actividad "perturbadora del orden público" fomentada por asociaciones
y particulares, entre otras. El concepto de actos contrarios a dicho orden era
amplio e incluía los paros colectivos en empresas, cualquier iniciativa que
provocara tumultos en la vía pública, desobedecer a las autoridades y las
manifestaciones ilegales o que produjeran violencia, entre otros, tal y como se
expone en el artículo dos de la ley.
Asimismo,
otorgaba competencias a la "autoridad gubernativa y sus agentes", es
decir, a los gobernadores civiles y fuerzas de seguridad franquistas para
detener a quienes cometiesen o tan sólo intentaran cometer cualquier acto
considerado contrario al orden público. Irrumpir en un domicilio sin orden
judicial era un proceso rutinario. De hecho, esta normativa dio cobertura legal
a las prácticas sistemáticas que la policía utilizaba desde hacía tiempo y se
convirtió en un instrumento de la dictadura que posibilitaba la militarización
del orden público.
"Fuera
de contexto, la ley de Orden Público podría no parecer tan terrible, pero su
aplicación lo fue, porque se daba en un régimen opresivo", explica el
historiador Manuel Álvaro Dueñas a Público. "La propia naturaleza del
franquismo es un sustancialmente represiva", matiza. Prueba de ello eran
las astronómicas cuantías de las multas que, en el caso de la citada norma,
variaban según la autoridad que las impusiese y la entidad territorial donde se
cometieran los hechos. Es decir, un alcalde podía sancionar por importes de
entre 250 y 5.000 pesetas en función del número de habitantes del municipio. En
localidades de 10.000 vecinos, por ejemplo, se podían llegar a abonar 500
pesetas. En el caso de los gobernadores civiles, las cuantías de las multas
llegaban a las 25.000 pesetas. Hasta 100.000 si la sanción provenía del
ministro de Gobernación y 500.000 si la imponía el Consejo de Ministros. Estos
importes, además, podían verse incrementados en un 50% en caso de antecedentes
policiales o penales. Eran sanciones administrativas que se aplicaban
arbitrariamente, dejando bajo el control de la Guardia Civil, de la policía y
de los gobernadores civiles a todo desafecto al franquismo.
Una ley para oficializar el miedo
En febrero de
1939, un mes antes de que Franco proclamara en Burgos su victoria en la Guerra
Civil tras el golpe de estado que dio contra la Segunda República, las
autoridades franquistas consolidaban el terreno legal que iba a regir, con
dureza y crueldad, la vida de los españoles durante los próximos años.
La Ley de
Responsabilidades Políticas prohibió todos los partidos políticos y criminalizó
de manera retroactiva comportamientos que eran legales en el momento en que se
había cometido -durante los años de la Segunda República-. "Esa ley se
concibió como un mecanismo represivo, dirigido a castigar y neutralizar al
enemigo", subraya Álvaro Dueñas. La responsabilidad política se extendía
desde 1934 y abarcaba tanto a quienes se opusieran a los militares sublevados
como a quien mostrara "pasividad grave" al respecto.
Dicha norma
posibilitaba la creación de procedimientos para la imposición de sanciones, y
constituyó la rama legal del expolio económico de los vencidos. Pero su
finalidad era la perpetuación del miedo como sistema de represión, y no la
recaudación de bienes. Prueba de ello es que en 1942, como consecuencia del
ingente número de denuncias en tramitación, el tribunal de responsabilidades
políticas se colapsó, y se decidió declarar insolventes a las personas que no
tuvieran bienes que incautar, sobreseyendo sus expedientes. Un año antes, la
subsecretaría de Presidencia, con Carrero Blanco a la cabeza, realizó una encuesta
entre tribunales regionales y juzgados de responsabilidades políticas para
conocer el número de expedientes en tramitación. En el verano de 1941, se
publicaron los resultados con cerca de 150.000 expedientes y otros 100.000 en
espera de iniciarse.
En 1945 se
decretó la no apertura de nuevos expedientes, pero los antiguos continuaron su
tramitación hasta mediados de los años 60, según un estudio de la Universidad
de Castilla La Mancha publicado en 2007.
El entramado
jurídico y legal del franquismo comenzó en el propio Bando de Guerra, publicado
en julio de 1936 y en vigor hasta 1948 con el pretexto de hacer frente a la
guerrilla antifranquista. Con el posterior decreto 108 de septiembre de 1936,
la junta de defensa nacional confiscó los bienes de los partidos políticos y
comenzó la depuración de los funcionarios al servicio de la Segunda República.
La ley para el empleo público, de agosto de 1939, reservaba el 80% de las
plazas para oficiales, excombatientes, huérfanos y demás personas vinculadas a
las ideas de los sublevados, según el estudio de la universidad manchega.
"También
se anularon las reformas republicanas más avanzadas nada más comenzar la
guerra, como los matrimonios civiles y el divorcio", apunta Álvaro Dueñas.
"Era una legislación que oprimía fundamentalmente a las mujeres",
añade.
Juicios militares para delitos de contrabando
En un estado
militarizado, hasta los delitos relacionados con el mercado negro rendían
cuentas en juicios sumarísismos. Es el caso de los bienes y alimentos que se
introducían en las ciudades de estraperlo, como consecuencia del estricto
régimen de racionamiento. "La ley asimilaba el mercado negro a la rebelión
militar, pero lo importante es cómo se aplicó: "Acabaron siendo juzgados
los pequeños extraperlistas, pero nunca aquellos que hicieron grandes fortunas
con el contrabando", detalla Álvaro Dueñas.
Con especial dureza se aplicaron también
las leyes que perseguían la masonería y el comunismo (1940), la del bandidaje y
terrorismo de 1947 y la de rebelión militar de 1943. Las dos últimas motivaron
la gran mayoría de penas de muerte y años de cárcel.
Fuente: www.publico.es
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