nuevatribuna.es | 25 Noviembre 2013 - 14:33 h.
Nos han
arrebatado la fraternidad solidaria para con los países y sectores más necesitados,
han hecho trizas la lucha de muchos años por la igualdad, y ahora vienen a
pretender arrebatarnos la libertad que tanto sudor y lágrimas costaron
conquistar.
El Proyecto
de Ley de Seguridad Ciudadana, que casi de tapadillo pretende poner en marcha
el gobierno de Mariano Rajoy, es un auténtico asalto a las libertades de
manifestación, de protesta ciudadana contra las injusticias y de huelga, que
garantizó la Constitución.
Resulta que,
si no hay cambios en la tramitación, y no son previsibles con la mayoría
absoluta de que goza el Partido Popular, la mal llamada Ley de Seguridad
Ciudadana, dará varias vueltas de tuerca en el camino de eliminar todo tipo de
protestas ciudadanas.
Con la
reforma que se plantea, cualquier manifestante que sea aporreado y proteste por
ello con alguno de los improperios al uso, podrá ser sancionado
administrativamente (o sea, sin derecho a juez y a defensa) con la friolera de
hasta 30.000 euros.
Y cualquiera
que tenga a bien gravar con su móvil la agresión policial, aunque ésta resulte
claramente desproporcionada, se arriesgará a otra multa de hasta 600.000 euros
si decide prestar esas imágenes para su publicación. Por ejemplo, el
apaleamiento de “los mossos” con resultado de muerte, que ahora mismo
está subyúdice gracias a las pruebas gráficas aportadas por los vecinos,
supondría arriesgarse a ser multados con hasta 600.000 euros mediante esta
reforma infumable que plantea el gobierno del Partido Popular.
Sabíamos que
al PP no le gustan las protestas ni las manifestaciones más allá de las que
ellos convocan cuando están en la oposición; y que consideran que las
huelgas deberían tener la obligación añadida de pasar desapercibidas, mediante
la exigencia de servicios mínimos que en realidad fuesen máximos, para lograr ese
cometido. Ah, y con los huelguistas en sus casas y a ser posible calladitos…
En realidad
quieren volver al grito “fraguista” de tiempos ya remotos, allá por el
año 1976, de “la calle es mía” durante su etapa como ministro del
interior.
De ahí el
secretismo con el que se ha ido avanzando en esta ley que nos quiere devolver a
tiempos preconstitucionales. Porque si esta ley saliera adelante como acaba de
entrar al Consejo de Ministros, habría que concluir con un réquiem por las
libertades de nuestro País debido al secuestro de derechos fundamentales que
plantea, contrarios incluso (según diversos constitucionalistas) a la propia
Constitución.
Leía ésta
misma semana un “gracejo” que venía a decir: “si os manifestáis os multan o
detienen arbitrariamente porque osáis defender vuestros derechos y libertades,
y queréis que os hagan justicia, debéis pagar las tasas del juicio”… Y añado
yo, y las multas impuestas administrativamente para poder recurrirlas.
Se cierra
así el círculo contra los más humildes. No, no es casual. Una reforma sobre
otra, y todas, contra los más débiles.
Esta es la
verdadera cara de éste gobierno del PP, fuerte con los débiles, contra los
pensionistas, contra los desempleados, contra los estafados y los
desahuciados…, y amoroso con los banqueros, con los rescates millonarios del
pufo de las autopistas en quiebra, o con los defraudadores fiscales a los que
les regaló la amnistía fiscal…
¡Duros y
valientes frente a los más débiles y cobardes frente a los poderosos!
Ese es el
gobierno que tenemos, y ahora pretende también borrar de las calles la protesta
contra tantas fechorías.
Si esto no
es una vuelta al pasado más remoto, la verdad es que se le parece bastante.
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