El
Ministerio de Sanidad modificó el pasado mes de julio los criterios para la
adjudicación de la gestión clínica, de tal forma que las empresas en cuestión
solo tenían que acreditar “haber impartido docencia” en relación con dicha
gestión clínica. CCOO exige a la ministra que verifique la presencia de
personas imputadas y, de confirmarse, proceda a una investigación urgente del
proceso de adjudicación de este contrato.
nuevatribuna.es | 25 Noviembre 2013 - 19:22 h.
El
Ministerio de Sanidad modificó el pasado 18 de julio las condiciones para la
adjudicación de la gestión clínica rebajando considerablemente los requisitos
según consta en un informe remitido por la Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO. Si antes, las empresas debían acreditar ‘haber
realizado dos proyectos de creación de áreas o unidades de gestión clínica en
los últimos tres años’; ahora basta con “haber impartido docencia en relación
con la gestión clínica”, de tal forma que, según el sindicato, “parece evidente
que esta sospechosa modificación se realiza ad-hoc”.
La
modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) en el
transcurso de la licitación, “suavizando” mucho la exigencia de experiencia de
estas empresas en el campo de la gestión clínica podría haber beneficiado a las
dos
empresas adjudicatarias de la gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla. Con respecto a la primera, Mensor
Consultoría y Estrategia, S.L., sí figura en su página web quienes son los
profesionales implicados; mientras que en la segunda, BAPPH, a la que pertenece
el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, no se puede verificar quién
está al frente de esa empresa ni con qué profesionales cuenta, es decir se
desconoce su experiencia al respecto.
Sospechoso
también resulta en opinión del sindicato que se hayan adjudicado dos lotes, uno
para cada empresa y no haya sido solo una la licitadora, lo que podría indicar
que ambas consultoras llegaron a un acuerdo.
Otro de los
aspectos más polémicos de la adjudicación hecha por la ministra de Sanidad, Ana
Mato, es el hecho de que Lamela esté imputado por tráfico de influencias y
prevaricación durante el proceso de privatización de la sanidad madrileña. Así
lo han denunciado oposición y sindicatos. La secretaria de Política Social
del PSOE, Trinidad Jiménez, lo ha calificado como una “falta de ética
inadmisible y ha pedido la comparecencia urgente de Mato para que explique en
el Congreso las razones por las que ha decidido dar a Lamela un contrato para
asesorar la gestión clínica de los hospitales de Melilla y Ceuta.
CCOO también
ha solicitado al Ministerio que se verifique la presencia de personas imputadas
por casos de prevaricación; y, de confirmarse, se proceda a una investigación
urgente del proceso de adjudicación de este contrato.
La ley de
contratación pública establece que son anulables los actos de la administración
que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la
desviación de poder. No obstante esto sería aplicable si existiera una condena
en firme y no es el caso, recuerdan desde el PSOE y la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
La ministra
también debería aclarar en sede parlamentaria porque se recurre a empresas
privadas para realizar tareas que pueden hacerse perfectamente con los medios
propios del INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), como así está
ocurriendo en otras Comunidades, donde ya están funcionando Unidades de Gestión
Clínica con personalidad jurídica propia.
Al respecto,
la socialista Trinidad Jiménez se pregunta porque el Ministerio “está pidiendo
asesoramiento para intentar privatizar la gestión de los dos únicos hospitales
que dependen íntegramente del Ministerio, como son Melilla y Ceuta”, así como
las “razones” para tomar esta decisión y si la ministra Mato “tiene algún
conocimiento de que la gestión privatizada puede ser más eficiente que la
pública, porque los datos que tenemos son justo lo contrario”. La dirigente
socialista critica que se busque asesoramiento "ajeno al Ministerio”
cuando hay organismos oficiales como el Instituto de Salud Carlos III
-dependiente del Ministerio de Economía-, y la Escuela Nacional de Sanidad
que pueden llevar a cabo dicho trabajo y cuentan con "extraordinarios
expertos".
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