El anteproyecto de
ley para la reforma del Código Penal que este viernes aprobará el Consejo de
Ministros posibilitará que personas con enfermedades mentales puedan ir a la
cárcel no en función de los delitos cometidos sino por su condición de
"peligrosidad". En España hay más de un millón de personas con
trastornos mentales graves que no reciben una adecuada atención socio-sanitaria.
nuevatribuna.es | 20
Noviembre 2013 - 16:17 h.
Sufrir
una enfermedad mental no significa ser un delincuente peligroso. Así lo afirma
José María Sánchez Monge, presidente de la Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). “El
tratamiento que se da en el nuevo Código Penal a las personas que sufren un
trastorno mental grave es inapropiado por que no tiene ningún rigor científico
y no se acomoda a las necesidades que tienen estas personas, no tiene nada que
ver con ellos”, asegura en conversación con nuevatribuna.es.
Desde
hace semanas, FEAFES lleva batallando para que el Gobierno modifique esta
reforma introducida en el anteproyecto de ley del Código Penal que
previsiblemente será aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes. La
Confederación se ha reunido prácticamente con todos los Grupos Parlamentarios
que les han dado la razón, incluido el PP, y confían en que esta modificación
no salga finalmente adelante en trámite parlamentario.
Sánchez
Monge pone el acento en la necesidad de reforzar la atención socio-sanitaria de
estos enfermos con el objetivo de prevenir posibles actos delictivos. Tal y
como explica, “hay personas con psicopatías que realizan actos
intencionadamente, pero las que tienen un trastorno mental grave sufren crisis
en un momento determinado –por causa de un brote psicótico, alucinaciones o
delirios-, de tal forma que, cuando comenten un acto que puede ser delito es
porque no han sido tratados adecuadamente, no ha habido una continuidad de
cuidados”.
Algunos
diputados como Joan Coscubiela (ICV) se han hecho eco de estas
denuncias. En un
artículo publicado en nuevatribuna.es, el portavoz de
la Izquierda Plural en el Congreso, afirma que la reforma de Alberto
Ruiz-Gallardón posibilitará “la condena a las personas con enfermedades
mentales severas a sufrir procesos de internamiento, no en función de los
delitos cometidos, sino de los riesgos de futuro que pueda comportar su
actuación”.
Hasta
este momento, los enfermos mentales eran “inimputables” porque no son
conscientes de sus actos. Pues bien, a partir de ahora la norma también se
aplicará a ellos. “Las personas que tienen trastornos mentales graves deben ser
inimputables, es decir, realizan el acto inintencionadamente, no lleva ninguna
carga de maldad, no son conscientes de lo que hacen. La psicopatía estudia a
aquellas personas que realizan los actos intencionadamente y eso no tiene nada
que ver con nosotros”, subraya Sánchez Monge. Eso no quita el reconocer que “en
algún momento determinado, alguna persona que tiene una enfermedad mental, si
no está tratado adecuadamente, puede tener un riesgo, cometer actos que
non son apropiados”, añade.
En
el Código Penal todavía en vigor se hace alusión a este asunto pero no se
generaliza, se habla de que esas personas pueden presentar algún tipo de
peligrosidad. Con la reforma del PP lo que se establece es que una persona con
trastorno mental grave, “es una persona peligrosa” a la que se le puede aplicar
una condena por un delito. El problema además se agrava a la hora de revisar la
condena de ese enfermo: “Cómo, cuándo, dónde y quién lo va a hacer, con qué
elementos y con qué herramientas, porque ya solo por el concepto de peligrosidad,
esas personas siempre serán peligrosas, siempre van a tener ese problema. Es
decir que la persona enferma no cumplirá la pena por el hecho de cometer el
delito sino por su condición de peligrosidad”, dice Sánchez Monge.
Esto
puede provocar situaciones como las que explica el presidente de FEAFES. Por
ejemplo, si un enfermo mental no está atendido suficientemente y sufre una
crisis, probablemente acudirá la policía no el personal sanitario adecuado. Si
el agente de policía sufre una agresión y lo denuncia se tratará de un delito
contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, penado con 3 años de
cárcel. Y todo porque no se ha hecho adecuadamente su traslado a urgencias de
un hospital, porque no se ha hecho un servicio correcto en el acto
socio-sanitario.
En
España, hay más de un millón de personas con trastornos mentales graves. De
ellos, 18.000 están ingresados en prisión, de un total de 67.000 presos. Esas
personas –denuncia Sánchez Monge- "suelen estar en las enfermerías de las
cárceles con poca atención y tratamiento".
FEAFES
quiere concienciar a los poderes públicos de la necesidad de reforzar la
atención socio-sanitaria que además supondrá una rebaja de los costes. El
ingreso de un enfermo mental puede costar entre 4.000 y 6.000 euros al día,
mientras que si la persona está atendida adecuadamente, con tratamiento
ambulatorio, el mismo coste será de un año entero.
Sánchez
Monge critica que con la reforma se está “estigmatizando” al enfermo porque se
asume como concepto objetivo su peligrosidad. Pero –se pregunta- “¿si a esa
persona ya se la considera peligrosa toda su vida, significa que va a estar
ingresado de por vida, que su condena no va a poder ser revisable?”. Además,
añade que dicha reforma vulnera convenios internacionales sobre derechos
humanos.
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