Los Técnicos
del Ministerio de Hacienda consideran que la auditoría anunciada por el rey
Felipe VI es un gesto de transparencia que debe garantizar la independencia de
los auditores.
nuevatribuna.es | 29 Julio 2014 - 17:31 h.
El Rey
Felipe VI durante su discurso de proclamación en el Congreso el pasado 19 de
junio.
Los Técnicos
del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que la auditoría pública de
las cuentas de la Casa Real, anunciada por el rey Felipe VI, es un gesto
de transparencia que debe garantizar la independencia de los auditores, por
lo que estarán atentos para conocer la letra pequeña del convenio que la institución
monárquica firme con la Intervención General del Estado (IGAE), que será el
organismo que lleve a cabo esa auditoría.
A la espera
de conocer los términos concretos del acuerdo, que debería, entre otras cosas,
regular qué tipo de auditoría se realizará (de cuentas, de legalidad,
eficacia y eficiencia, etc.), si el alcance del examen será completo o
limitado, y la forma en que se designen los equipos auditores.
Gestha
señala también, que el informe anual de cuentas debería seguir el modelo de
la Casa Real Británica, en el que se aportan detalles de todo tipo de
gastos, y valoran positivamente que el resultado de la auditoria sea publicado
conjuntamente con este informe anual.
Además, para
que las medidas anunciadas supongan un paso firme hacia una mayor transparencia
y no se conviertan en una medida más “de cara a la galería”, los Técnicos
consideran que sería necesario modificar el artículo 65 de la Constitución
española, de forma que el sueldo del monarca y demás miembros de la Casa Real
los fije el Parlamento.
Desvío de
auditorías a empresas privadas
Sin embargo,
los Técnicos avisan que, como paso previo a la realización de auditoría
anunciada, es necesario resolver la situación actual de la IGAE. De este modo, Gestha
sale al paso de la Orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la cual el Ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, declara la “insuficiencia de medios” de la IGAE,
lo que, según el Ejecutivo, exige subcontratar con firmas privadas la auditoría
de algunas actuaciones de control sobre subvenciones y ayudas públicas y
controles de los fondos comunitarios para los años 2014 y 2015.
Los Técnicos del Ministerio de
Hacienda reclaman, entre otras medidas, un aumento de la plantilla y de los
medios de la IGAE que imprima un mayor control a la eficiencia del gasto y a la
actividad de los gestores públicos
Gestha
considera esta externalización un “dispendio” de recursos públicos, ya que se
desaprovecha la experiencia y capacidad de cerca de millar de técnicos de
auditoría que trabajan en la Intervención del Estado y que actualmente están
relegados en algunas funciones auditoras, como son la planificación y dirección
de los equipos de auditoría y la firma de informes con las responsabilidades
que conlleva.
Los Técnicos
denuncian además que esta externalización de servicios no es algo nuevo, sino
una práctica desde hace más de una década y que va a generar solo entre 2013
y 2017 unos gastos innecesarios para el erario público de 3,6 millones de euros.
Según el portavoz de Gestha, Manuel Redal, “muchos técnicos auditores con
experiencia y veteranía en el ejercicio de su profesión han visto como se les
han reducido las funciones y competencias en favor de las grandes firmas de la
auditoría privada”.
En su
opinión, resulta contradictorio que, por un lado, la Ley de Auditoría de
Cuentas 19/1988 reconozca a los Técnicos de Auditoría el trabajo y la
formación necesaria para ser auditores privados –que les habilita a estar
inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas- y, en cambio,
se pongan cortapisas para el ejercicio de su profesión dentro de la propia
Administración Pública, que es precisamente donde tienen mayor experiencia.
Finalmente,
para mejorar la transparencia de las Administraciones Públicas, los Técnicos
del Ministerio de Hacienda reclaman, entre otras medidas, un aumento de la
plantilla y de los medios de la IGAE que imprima un mayor control a la
eficiencia del gasto y a la actividad de los gestores públicos.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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