Aseguraba
Donoso Cortés, ya en el XIX, “La corrupción corroe todas las capas del
tejido social español”. Han transcurrido casi doscientos años, y esta
enfermedad continúa anegando cada estrato de nuestra sociedad.
En mi
opinión, todo arranca de la perniciosa costumbre española de “intentar
conseguir lo máximo con el mínimo esfuerzo” (y preferiblemente si ese esfuerzo
corresponde a terceros) en maridaje con la no menos nefasta envidia, que
codicia lo que posee el de enfrente pero eludiendo el mérito y capacidad
del envidiado. Aunque los anteriores males no hacen distinción de clase social,
sus efectos más funestos se recrudecen cuantitativamente cuando florecen en las
dehesas del dinero…
En realidad,
si en España imperara un capitalismo de verdad, la mayoría de los grandes
empresarios y banqueros vagabundearían pidiendo limosna o se rascarían sus
orondos culos en la cárcel. Y si se aplicaran a sí lo que exigen a los demás,
acabarían vendiendo pañuelos de papel en los semáforos.
Con su
incompetencia y manos sucias han hundido sus propios negocios que, en muchos
casos, nos han obligado a “rescatar”. Tal vez desde su retiro forzoso en Soto
del Real, el anterior presidente de la CEOE podría ilustrarnos con
centenares de ejemplos. O quizá Jaume Matas, reciente inquilino en la prisión
de la bucólica Segovia.
Por su
parte, los grandes empresarios españoles han visto secarse las ubres de la
especulación inmobiliaria, la construcción y las obras públicas. Pero quieren
seguir ganando el mismo dineral. Dado que en materia de talento empresarial,
innovación y tecnología ni están ni se les espera, se han lanzado a la rapiña
de los servicios públicos y de los derechos de los trabajadores. En pocas
palabras: meter la mano en los bolsillos ajenos.
De este modo
“trabajan” los grandes “empresarios” (es un decir) españoles. Por ello, en
nuestra nación, los grandes empresarios han constituido, en general, una
insufrible lacra. La historia está ahí, para quien quiera consultarla. Comparar
la gran empresa española con sus homólogos alemanes, franceses o ingleses solo
provoca sonrojo y asco. La gran empresa española se autodenomina liberal, pero
solo para exigir menos regulación y control en sus actividades. A la hora de
innovar y arriesgar arrojan su liberalismo por el aljibe y se transforman en
compulsivos succionadores de la teta pública.
Sí, “curiosamente”,
su “liberalismo” se evapora a la hora de exigir millones de euros en
subvenciones, contratos con la Administración y regalos fiscales…
¡qué grandes empresarios los que necesitan del dinero público para sacar
adelante sus empresas privadas!
Y la desfachatez
no decrece, al contrario: además de lo anterior, constantemente reclaman nuevos
obsequios fiscales y la consolidación de un mercado laboral lleno de
privilegios empresariales, pero que no se traduce en creación de empleo ni en
mejora económica general. En este sentido, el oprobio de fraude masivo y
estructural que perpetran los “empresarios” merece un aparte…
El fraude de los empresarios a las arcas públicas resulta insostenible
Según
evidencia GESTHA (Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda) el fraude
fiscal en nuestro país se sitúa en torno a los 90.000 millones de euros/año
(sí, han leído bien, y en esta ocasión lo reproduciré en letra: noventa mil
millones de euros al año). Aproximadamente el 75% de ese de fraude, como sigue
informando GESTHA, lo perpetran empresas agrupadas en la CEOE.
La cifra de
robo a las arcas públicas es tan mareante (15.000.000.000.000 de las antiguas
pesetas. En letras: quince millones de millones) que su magnitud, al igual que
las distancias del universo, solo puede entenderse mediante ejemplos.
Veamos…
El
presupuesto total del Ministerio de Justicia se aproxima a los 1.500 millones
de euros al año. O, dicho de otro modo, la sisa empresarial de las arcas
públicas equivale a más de sesenta veces el presupuesto de dicho Ministerio.
En otras
palabras, quienes arremeten contra “el inasumible gasto de funcionarios”, “los
privilegios de los trabajadores fijos” y demás salmodias del catecismo neocon,
son responsables, por activa o pasiva, de un agujero negro fiscal que nos
obliga a emitir deuda pública para financiar los servicios públicos. Algo que
no sería necesario si esos mismos sujetos cumplieran con sus obligaciones
tributarias.
Obviamente,
no podemos permitirnos el lujo asiático de unos empresarios defraudadores,
pedigüeños e incapaces de generar riqueza y empleo mientras exprimen los
bolsillos de los ciudadanos honrados. Un lobby empresarial que solo busca
enriquecerse del modo más rápido y con el mínimo o nulo esfuerzo, a costa de la
economía nacional y del bienestar de la mayoría.
Desgraciadamente,
la solución contra lo anterior se presenta muy lejana e incierta, toda vez
que la CEOE no hace sino reproducir esquemas comunes a gran parte de
la ciudadanía: llevárselo crudo aunque sea a costa de terceros, defraudar a
Hacienda (desde los millones “perdidos y olvidados” de Jordi Pujol al “¿con IVA
o sin IVA”? de talleres Pepe), recurrir al amiguismo y enchufismo sin el menor
atisbo de vergüenza para elevarse en el escalafón sobre terceros con más
mérito, codiciar lo que posee el de al lado y, por supuesto, ostentar y
presumir. Desde el yate más suntuoso a los tiempos del 4x4 “de Jonatán el
albañil, el que está casado con María Jessica, la peluquera”.
En base a lo
anterior, cada día me reafirmo, “los males de España se deben única y
exclusivamente a los españoles, son ellos quienes crean y perpetúan sus propios
males”. La frase no es mía. Fue escrita por las manos sabias y limpias de
Amadeo de Saboya, el rey masón que pudo transformar España en una nación moderna
y próspera… Se lo impidieron los españoles.
Hoy, otros
muchos españoles, muchísimos, en alarmante
e inasumible porcentaje, contribuyen o contribuyeron al fraude,
la corrupción y la componenda desde el puesto—alto, medio o bajo—que ocupen u
ocuparon .La misma historia. El mismo país. Solo varían los nombres y traje de
los protagonistas.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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