18 de julio de 2014
La historia es el análisis de la actuación humana en el
pasado. En la actualidad ya no se prejuzga, en general, uno u otro enfoque de
forma más o menos exclusiva. Ha pasado la época de la creencia en inmutables
leyes o regularidades históricas. El enfoque a seguir depende del objeto de
investigación; es decir, éste determina lo que debe considerarse como evidencia
primaria relevante de época (EPRE). Resulta obvio que tal evidencia varía según
el momento del pasado. No es lo mismo abordar aspectos de la Edad Media que de
los años contemporáneos. En estos, por ejemplo, el abanico de fuentes es
muchísimo más amplio: documentos públicos y privados, testimonios, fotografías,
grabaciones sonoras, etc. Los historiadores suelen librar entre sí grandes
batallas académicas a favor de unas fuentes con preferencia a otras. Tales
discordias se complican, además, por la pugna a la hora de establecer los
enfoques heurísticos adecuados. Esto suele hacerse para situarse a un nivel más
o menos elevado en un imaginario pedestal de ‹‹cientificidad››. Para complicar
las cosas, todo historiador tiene, bien sea implícita o explícitamente, una
cierta teoría (lo que antaño solía denominarse ‹‹filosofía de la historia››) y
escribe desde un retículo axiológico. Se une a ello, finalmente, la presencia
más o menos intensa de lo que los franceses han denominado ‹‹usos sociales de
la historia››. En las circunstancias presentes es difícil que un historiador se
aburra.
Si del plano general descendemos a otro mucho más
concreto, el de la contemporaneidad española, las pugnas no solo no disminuyen,
sino que se acrecientan. De una u otra manera están relacionadas con dos
fenómenos: la guerra civil y la subsiguiente dictadura.
Cómo abordar ambos ha dado origen a innumerables
controversias. Hay quien favorece un enfoque de historia política, otros
prefieren la historia social. Más recientemente se han añadido los que centran
su atención en el género, las mentalidades o los ‹‹estudios culturales››.
La guerra civil destaca por la riqueza de perspectivas
desde las cuales los historiadores han trabajado. Su caracterización como, ante
todo, un fenómeno militar tiene hoy relativamente pocos seguidores. Es injusto,
pues la guerra es, en sí, un choque de sociedades pero por medios esencialmente
militares. Es más, para algunos autores parece irrelevante que la historia
militar moderna tenga ya muy poco que ver con la descripción de campañas, batallas
e incluso meros encontronazos (small arms single actions).
Con todo, subsisten en este período numerosas lagunas
por rellenar y aspectos polémicos que desentrañar. El avance es, en mi opinión,
función de dos vectores: el descubrimiento, en lo posible, de nueva EPRE y la
aplicación a la ya existente de los enfoques analíticos más adecuados. Del
primero puede afirmarse, sin dudarlo, que en el futuro será posible realizar
nuevos avances: entre los archivos públicos españoles quedan muchos por
explorar, bien porque todavía no se hayan investigado del todo, bien porque
permanezcan inaccesibles. En los extranjeros, no se conoce aún muchísima
documentación soviética e incluso británica. En ambos casos quedan por abordar
los archivos privados o, mejor dicho, los que se mantienen en manos privadas.
Baste con señalar los casos señeros de Franco y de Serrano Suñer.
La combinación de la historia con las ciencias sociales
ha progresado en el campo de la guerra civil, incluido el ámbito militar, pero
no lo suficiente. Las aplicaciones hasta ahora efectuadas desde la sociología,
la sicología, la economía, la antropología, la ciencia política, la
arqueología, entre otras, y los estudios culturales y forenses, han revelado
facetas nuevas y hasta hace un par de decenios casi impensables.
Mi experiencia profesional me ha llevado a privilegiar
el enfoque basado en procesos decisionales y combinarlo con un método
particular. Ni uno ni otro son los más importantes ni los únicos, pero en un
ámbito tan trillado como es la guerra civil siempre he creído que podrían abrir
nuevas perspectivas. El método es el inductivo. Su justificación es simple: las
decisiones quedan reflejadas, de una u otra manera, en documentos. Para
descubrir nuevos aspectos hay que abordar la EPRE. Cuando son pocos, o ninguno,
quienes la hayan manejado antes, es verosímil que, por inducción, pueda
llegarse a nuevos conocimientos sobre un pasado que, por definición, es
incognoscible e inabarcable en su totalidad.
Los documentos, naturalmente, no reflejan todo ese
pasado. En el mejor de los casos iluminan una parte, con frecuencia, minúscula.
Pero permiten abrir puertas a otras perspectivas.
Trataré de explicar lo que antecede con un ejemplo, uno
de esos núcleos en torno al cual la discrepancia entre los historiadores
españoles y extranjeros, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda,
es la más pronunciada: por qué estalló la guerra civil y, en consecuencia,
sobre quiénes recae la responsabilidad de la misma. Son cuestiones esenciales
de la historia contemporánea de España. Han dado origen a ríos de tinta. Las
discusiones son incesantes. Continúan en la más rabiosa actualidad.
Desde mi primer trabajo histórico (La Alemania nazi y
el 18 de julio, Madrid, Alianza, 1974) he tratado de encontrar alguna respuesta
documentable siguiendo una metodología inductiva a partir de la EPRE relevante.
Fue esta EPRE la que me hizo descartar que en los
preparativos de la sublevación pudiese figurar la Alemania nazi (algo que para
la historiografía de corte comunista era entonces de creencia casi obligada).
Fue nueva EPRE, obtenida en el cruce de documentos españoles (franquistas y
republicanos), británicos, franceses, alemanes y rusos, muchos de ellos no
publicados ni conocidos, la que me llevó a postular la gran importancia de los
factores internacionales desde aquel momento fundacional del 17/18 de julio.
Fue novísima EPRE la que me permitió ligar la
participación, con un perfil singular, del general Franco en la conspiración
dirigida por Mola pero conectado en los momentos determinantes con las
actuaciones de la trama civil. Entre ellas destaca la actuación intoxicadora de
la embajada británica en Madrid con el fin de inducir, llegado el caso, la
abstención del Reino Unido con respecto a una eventual intervención en los
asuntos de España.
Como es sabido, la discusión entre historiadores ha
revivido tras la reaparición de una corriente que imputa a los ‹‹desmanes››
(huelgas, movimientos sociales, proliferación de retóricas encendidas,
atentados e incluso asesinatos) acaecidos en la primavera de 1936 la extensión
a las derechas de un sentimiento de inseguridad y de renovada exclusión tan
pronto como tuvieron lugar las elecciones de febrero, que dieron el triunfo a
la coalición electoral del Frente Popular.
Aceptando a efectos meramente dialécticos que la
experiencia republicana hasta entonces no tenía porqué desembocar en una guerra
civil, la utilización de fuentes conocidas desde hacía muchos años me llevó a
indagar acerca de si no existiría otra forma de abordar el tema, con EPRE
relevante, aparte de la utilizada por Francisco Sánchez Pérez, Eduardo González
Calleja, José Luis Ledesma, Julio Aróstegui y Francisco Espinosa entre muchos
otros.
Podría no haberla encontrado. Pero la encontré. Su
tenor incluso me sorprendió, pues superó con creces mis mayores expectativas.
El 1º de julio de 1936 Pedro Sainz Rodríguez, monárquico convencido, alfonsino,
diputado por el Bloque Nacional, calvosotelista de pro, firmó en Roma varios
contratos con una empresa italiana ligada al Ministerio de Aeronaútica para
obtener el compromiso de suministro de un gran número de aviones de tipo
avanzado (cazas, bombarderos, hidroaviones) con su complemento de bombas,
municiones, pertrechos y tripulaciones. Todos ellos se destinaban a España.
Esta nueva evidencia, de origen impecable e
incontrovertible, permite sustentar una argumentación que se opone a las tesis
que ponen el énfasis en la responsabilidad de las izquierdas por la guerra
civil. Dado que los contratos son de un detalle extremado, y que Sainz
Rodríguez, catedrático de bibliología de la Universidad Central, no era precisamente
un experto ni en armamento ni en aviación, cabe establecer dos hipótesis: o
bien aceptó lo que los italianos le pusieron por delante y se fió de su savoir
faire o los contratos fueron el resultado de negociaciones entre la parte
italiana y militares españoles por cuenta de los conspiradores. Personalmente
tiendo más bien a favor de esta segunda hipótesis. ¿Cómo dejar a extranjeros
una decisión clave para el futuro de la conspiración?
Ahora bien, desde el punto de vista de un mero golpe
militar, estrictu senso, orientado hacia la sublevación de las guarniciones en
ciertas ciudades y en la convergencia de las tropas victoriosas hacia Madrid,
en el marco de una estrategia diseñada por Mola, es obvio que no se necesitaban
cazas Fiat modernos o potentes bombarderos Savoia Marchetti. Por no hablar de
hidroaviones. Sí se necesitaban, en cambio, para asegurar el éxito en una
guerra que se presumía corta.
Es decir, los ‹‹contratos romanos›› nos obligan a
desplazar la atención de las inculpaciones efectuadas tradicionalmente por los
sostenedores de una derecha encrespada contra los supuestos proyectos
revolucionarios del Frente Popular, más o menos inspirados por Moscú, hacia el
sector sobre el cual recae la mayor responsabilidad por lo que iba a suceder:
aparte de los militares levantiscos, sus apoyos políticos y sociales en
Renovación Española o el Bloque Nacional, con José Calvo Sotelo (el
‹‹proto-mártir››) al frente. Fue bajo la responsabilidad de estos últimos, en
efecto, que se negociaron los contratos. Que fuesen conocidos por el exrey
Alfonso XIII no es descartable. Sí podemos pensar que él no intervendría
directamente en la negociación.
La noción, además, de que en marzo de 1936 el banquero
mallorquín Juan March otorgara a los conspiradores un crédito de medio millón
de libras esterlinas a través de un banco londinense para adquirir a los
italianos el material, permite pensar que ‹‹alguien›› debió poner en marcha los
contactos para iniciar las negociaciones en Roma, bien en aquella fecha o incluso
un poco antes. Podemos descartar que March lo hiciera a impulso propio.
Ese ‹‹alguien›› no está identificado, pero los
candidatos no son demasiados: debería de figurar entre los generales Franco,
Goded o Fanjul. De estos, los dos últimos ya estaban a favor de una sublevación
en diciembre de 1935, cuando Gil Robles no alcanzó la presidencia del Gobierno
ante la oposición del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Habría
que incluir también el asesoramiento del general Kindelán, exjefe de la aviación
española, monárquico de pro y frecuente visitante de Roma. ¿Cómo no iban a
consultarle en cuanto a la ideoneidad de los aparatos? En el círculo conocedor
de esta veta de la conspiración figuraría posiblemente el general Orgaz (amigo
de Sainz Rodríguez). Un papel todavía no conocido correspondería al
‹‹técnico››, teniente coronel Galarza, que enlazaba en Madrid todos los hilos
de la conjura que impulsaba Mola.
Nada de lo que antecede está documentado todavía, pero
por inducción, es verosímil que todos los nombrados, o su mayor parte, tuvieran
algo que ver. La compenetración en la cúpula de la conspiración militar y de la
trama civil hubo de ser intensa.
Los detalles todavía no conocidos importan obviamente,
pero la nueva imagen que aparece a partir de esta EPRE es bastante clara:
Si, tras la sustancial ayuda de March, las
negociaciones no tardaron mucho en dar comienzo, es lógico que en los meses
siguientes, de marzo a junio, los conspiradores concluyeran que era preciso
crear la sensación de que España atravesaba un estado de necesidad. De aquí las
proclamas sobre la inminencia de la revolución con el fin de ‹‹calentar›› a las
fuerzas armadas y los catastróficos discursos en Cortes a los que se dedicaron
Calvo Sotelo y Gil Robles.
También explica la estimulación del pistolerismo, hasta
el punto de que los monárquicos pronto se quedaron sin fondos para pagar a los
‹‹hombres de acción››, por lo que a mitad de junio Goiecoechea, número dos de
Calvo Sotelo, se dirigió a Ciano en demanda de fondos. Esta evidencia la
descubrió hace ya años Ismael Saz, pero pocos son quienes la han tenido en
cuenta.
Convenía exagerar en la prensa los indudables
desórdenes urbanos y el número de víctimas mortales, como si ello fuese el
resultado de un estado de anarquía. Eduardo González Calleja ha determinado que
las víctimas fueron mayores en las filas de la izquierda. No se trató de una
casualidad. Ni el gobierno ni las fuerzas de orden público se quedaron de
brazos cruzados.
En paralelo, y en la sombra, continuó la intoxicación
de los diplomáticos británicos, en Madrid y Londres, mientras Sanjurjo y
Beigbeder intentaban vanamente conseguir armas en el Tercer Reich y los
carlistas multiplicaban sus misiones en el extranjero, sin llegar a resultados
tan contundentes como los monárquicos. En resumen, esta novísima EPRE y la
aplicación del método inductivo permiten dar una respuesta coherente con la
documentación hoy existente.
La anterior exposición, muy sumaria, no sería completa
si, para el caso en cuestión, no se delimitara con precisión el juego de las
condiciones necesarias y de las condiciones suficientes, algo que conviene
delimitar con la mayor precisión posible.
Como cualquier estudioso de lógica sabe, las primeras
son aquéllas que deben darse para que pueda tener lugar un fenómeno
determinado. En el caso de los fenómenos sociales, tales condiciones son
complejas y muy diversas. Así, por ejemplo, la sed de reformas económicas,
sociales, políticas y culturales que España venía arrastrando desde la
Restauración y que se agudizó durante la dictadura de Primo de Rivera, fue una
condición necesaria para que desde las posiciones de poder económico, político
y social tradicionales emanara una fuerte oposición a las mismas. Esta
oposición, desarticulada en un principio con el imprevisto advenimiento de la
República y que atravesó fases muy conocidas, terminó alimentando la
sublevación de 1932, durante el período en el cual la conjunción
republicano-socialista asumió con fuerza la responsabilidad de atender a
reformas ineludibles. Tal oposición, mucho más estructurada y organizada,
volvió a la carga después de las elecciones del Frente Popular.
La importancia de tales condiciones, que también suelen
denominarse factores estructurales, ha sido muy enfatizada desde los primeros
estudiosos que, sin seguir el canon que ya empezó a acuñarse en los albores de
la dictadura franquista, trataron de explicar lo que no dejaban de ver como una
anomalía. ¿Por qué hubo una guerra civil en España? Pionero entre ellos fue,
naturalmente, Gerald Brenan.
Curiosamente, también los balbuceos oficiales de la
explicación de la génesis de la guerra civil, los que hicieron los oficiales y
jefes del Servicio Histórico Militar en los años cuarenta, se remontaron hasta
el siglo XIX (a veces hasta el XVIII) para explicar la irrupción de la
malhadada república como el último jalón de una evolución secular de decadencia
promovida por la ‹‹anti-España››.
En mi opinión, tales factores no tenían por qué
conducir necesariamente al estallido de 1936. Hoy se admite por lo general que
si no se hubieran producido ciertos hechos en el período que va hasta las
elecciones del Frente Popular, la evolución ulterior hubiese podido ser
diferente.
Sin ánimo exhaustivo alguno cabe mencionar la
arbitraria destitución de Manuel Azaña como Presidente del Gobierno en 1933,
que abrió la puerta a nuevas elecciones que no ganaron los republicanos
burgueses y socialistas al concurrir desunidos a los comicios; o el no
nombramiento de Gil Robles como Presidente del Gobierno en diciembre de 1935; o
si el presidente que convocó las elecciones de febrero de 1936, Portela
Valladares, hubiese aceptado la declaración del estado de guerra que le
pidieron los militares (entre ellos Franco) y anulado el resultado. Es difícil
pensar que la izquierda hubiese tenido en aquellos momentos la capacidad de
montar una oposición efectiva. The road not taken, como gustan de caracterizar
tales alternativas los autores anglosajones, indujo por el contrario la
evolución que realmente tuvo lugar.
Ahora bien, lo que determinó la sublevación de julio de
1936 fueron ciertas condiciones suficientes, es decir, aquel tipo de
condiciones que cuando se producen conducen a un cierto resultado y no a otro.
En la primavera de 1936 sobresalen dos: la ineficacia del gobierno en cortar la
conspiración, algo sobradamente conocido pero no siempre bien explicado, y la
consecución por parte de los conspiradores de abundante material bélico
moderno, inexistente en España, y apto para una guerra corta.
El juego de condiciones necesarias y suficientes llevó
a la sublevación casi irremisiblemente. ¿Cómo hubiese podido el gobierno cortar
la comprometida ayuda italiana de la que no tenía la menor noticia?
El 17/18 de julio no dio paso de por sí a la guerra
civil propiamente dicha. Abrió la puerta a una serie de campañas rápidas y
exitosas de los sublevados (apoyados por la intervención fascista,
predeterminada, y por la nazi, decidida por Hitler autónomamente el 25 de
julio). Se vieron respaldadas, además, por la escisión/hundimiento de las
fuerzas armadas y de seguridad, y por la imposición de la no-intervención
contra el gobierno.
Como agudamente vio Azaña en septiembre, para entonces
la República tenía perdida la partida. Y probablemente así hubiese ocurrido si
en octubre de 1936 no hubiera empezado a llegar abundante ayuda material y
personal soviética. Los aviadores rusos aportaron, en particular, una
contribución inestimable, porque la aviación republicana, puramente española,
había dejado prácticamente de existir. El apoyo político, diplomático, personal
y material de la URSS creó una nueva situación. La guéguerre de los primeros
meses se convirtió en cruenta guerra civil.
Esto no es lo que tradicionalmente se ha dicho y repetido,
sobre todo por quienes mantuvieron casi cuarenta años los archivos cerrados y
una censura de guerra durante más de la mitad y acuñaron un canon lógico y
cerrado en sí mismo, pero incontrastable.
Naturalmente puedo estar equivocado, pero esto es lo
que he desprendido de una EPRE que no se basa en epifenómenos, en discursos
políticos o en factores culturales. Todos ellos desempeñarían, ¡qué duda cabe!,
un papel más o menos importante a lo largo de la contienda. No sirven para
dilucidar del todo la cuestión de las responsabilidades por la mayor catástrofe
acaecida en la historia contemporánea de España.
Por lo demás, y aun aceptando de nuevo a efectos
dialécticos que la primavera de 1936 hubiese sido tan desastrosa como se ha
descrito y se describe en la literatura pro o parafranquista, ¿justifica el
comienzo de la conspiración en febrero/marzo de 1936 y la voluntad de ir a una
guerra que, por pequeña que hubiese sido, habría producido más víctimas que
varias primaveras de aquel presunto porte juntas? Por no hablar de las que
efectivamente se produjeron. Un bache demográfico como no había ocurrido hasta
entonces en España.
Esta es la cuestión que convenía, y conviene,
oscurecer, porque arroja negros nubarrones sobre la ‹‹legitimidad›› de origen
del orgulloso ‹‹régimen del 18 de julio››, que no dudó en presentar argumentos
espurios para justificar la sublevación y que ignora todavía un amplio sector
de la literatura. Quizá porque es algo que un sector de la derecha española es
incapaz, todavía hoy, de aceptar.
Angel Viñas
Catedrático emérito de la UCM. Exdirector
de relaciones exteriores y exembajador ante Naciones Unidas de la Comisión
Europea. Exasesor ejecutivo del ministro de Asuntos Exteriores. Técnico
Comercial y Economista del Estado con el número uno de la promoción. Licenciado
y doctor en Ciencias Económicas con sendos premios extraordinarios. Gran Cruz
de la Orden del Mérito Civil, entre otras condecoraciones españolas y
extranjeras. Amplia producción historiográfica. Vive en Bruselas.
Fuente: www.temporamagazine.com
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