El
grupo de apoyo a las personas encausadas de Gamonal ha presentado un informe en
el que se esclarecen las circunstancias en que se detuvo a 49 personas durante
los disturbios de Gamonal y las numerosas irregularidades y abusos cometidos en
la intervención policial y, posteriormente, durante la instrucción judicial.
España |
Tercera Información | 06-03-2014 |
En el
informe también se responde a las últimas declaraciones hechas por la
Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Burgos.
Según se
extrae del informe, elaborado a partir de información pública y testimonios
directos, 47 personas, 11 de ellas menores de edad, fueron detenidas durante
los días 10, 11 y 13 de enero. Y dos personas más, una de ellas menor de edad,
fueron detenidas una semana más tarde. En total, 49 personas que enfrentan
acusaciones de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, daños y
destrozos, aunque, como se denuncia en el informe, ‘en la mayoría de los casos’
fueron detenidas ‘de forma totalmente arbitraria y aleatoria’.
Según se ha
explicado en rueda de prensa, ‘son varios los testimonios de personas que
señalan que mientras se dirigían a su casa tras haber pasado un rato de ocio en
compañía de sus amistades o simplemente aparcaban el coche tras una jornada de
trabajo, fueron interceptados por la policía, que procedió a su detención.’
Otro tipo de detenciones tiene lugar en portales o comercios, en los que la
gente se metía para protegerse de las cargas indiscriminadas y donde la policía
entraba ‘a la fuerza, golpeando e intimidando’.
Además,
según se denuncia en el informe, ‘a lo largo de los días en los que tuvieron
lugar los altercados, (…) se han producido una gran cantidad de casos de
hostigamiento por parte de la policía. Cacheos, seguimientos, entrada en
locales privados de chavales sin orden judicial, identificaciones de personas
que acababan de salir de asambleas o volvían de manifestaciones… fueron hechos
habituales y frecuentes durante un periodo en el que cualquiera que paseara por
el barrio podía ver apostados a decenas de policías en cualquier esquina de las
calles más concurridas’
Así mismo,
el informe también denuncia que ‘toda la acción policial estuvo acompañada de
numerosos actos de violencia y amenaza‘. Según se recoge en el mismo ‘alguno de
estos chavales manifiesta haber sido golpeado durante su detención, incluso
estando esposado dentro del vehículo policial’. Un menor ‘denuncia que, además
de golpes, sufrió insultos y vejaciones que, al parecer, bajaron de intensidad
en el momento en el que los agentes comprobaron de que se trataba de un menor
de edad.’
Este menor
ya ha declarado ante el juzgado de menores, dejando constancia de las lesiones
sufridas a manos de la policía. Sin embargo, unos días después, según se recoge
en el informe, ‘dos de los policías que efectuaron la detención prestan
declaración en el mismo juzgado, presentando sendos partes de lesiones,
provocadas (supuestamente) por el menor, según el testimonio de los agentes, y
que conllevaron unas bajas laborales de varias semanas.’ Desde el grupo de
apoyo a las personas encausadas, se pone en duda la validez de estos partes,
realizados por una clínica privada, y en los que ‘no se precisa ni el día ni la
hora en los que ambos agentes son atendidos’.
Ya en
comisaría, según se recoge en el informe, ‘muchos de los familiares han
señalado un trato denigratorio por parte la policía‘ y tres personas fueron
privadas de su derecho a llamar a un familiar para informarle de sus situación.
También, en
dicho informe, se denuncia ‘la falta de concreción’ en los autos de
instrucción. Así, ‘de las 17 personas detenidas’ el 10 de enero, ‘hay al menos
15 sobre las que pesan unas graves acusaciones sin que la policía sea capaz de
determinar concretamente cuál es la responsabilidad individual de cada uno de
los procesados.’ Esta información es confirmada por el testimonio de la
directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
sobre el auto del día 11 de enero, que se recoge en el informe:
“Así en
primer lugar y respecto de la existencia de indicios de la comisión por parte
de los detenidos A.L.C.,A.C.G.,H.H.P.,D.M.M., M.T.C., R.B.P., E.C.H., I.A.M.,
M.S.B., S.A.C., J.B.D., D.R.G., J.B.T., H.L.A.A., y J.E. M.F. de los delitos
indicados por el Ministerio Fiscal de desórdenes públicos, daños contra bienes
públicos, atentados y lesiones, se indica que los mismos son detenidos por
agredir a los agentes de la autoridad lanzando piedras y botellas a la par que
causaban daños en el mobiliario urbano, sin que se haga ninguna precisión más
respecto a los actos concretos cometidos por cada uno de dichos detenidos…”
Según se
sigue denunciando, a pesar de que ‘la jueza instructora del caso refleja esas
deficiencias en los atestados policiales’, esto ‘no se traduce en una puesta en
libertad de las personas detenidas, sino en una prórroga de la detención en
dependencias policiales. (…) Esto supone privarles un día más de su libertad
cuando no existen pruebas concluyentes de su implicación.’
Por otro
lado, el informe también critica la imposición de fianzas de 3000 € a dos
personas detenidas el 11 de enero y a cuatro el lunes 13, ya que, ante la falta
de concreción de la responsabilidad individual de cada una de las personas, no
se comprende ‘cuál es el criterio diferencial que determina la adopción de esta
medida respecto a los anteriores detenidos’.
Como ya se
ha señalado, los procesos abiertos con personas menores de edad ya se están
resolviendo. Según publica hoy el Diario de Burgos, la Fiscalía de Burgos ha rechazado solicitar medidas
cautelares para los 13 menores de edad que fueron detenidos. En
cambio, los procesos judiciales de las personas mayores de edad pueden durar
‘entre 3 o 4 años, según se detalla en el informe, en el que también se da
cuenta del ‘desasosiego y el fuerte impacto psicológico que los acontecimientos
están teniendo tanto en las personas procesadas como en sus familias.’
Aunque desde
el grupo de apoyo a las personas encausadas, se anima a las familias a volver a
la normalidad, los constantes intentos de criminalización por parte de los
medios de comunicación y las administraciones públicas no ayudan. Tampoco ayuda
el acoso policial que se vive aún en el barrio. Según se relata en el informe
presentado, todavía el 18 de febrero la policía entraba en el local de dos
personas encausadas con el objetivo de recordarles ‘su condición de procesados
por los incidentes acaecidos en torno a la lucha contra el bulevar de la calle
Vitoria.’
Por eso, desde el grupo de apoyo a
las personas encausadas, se exige ‘a la policía, a sus mandos y a sus
responsables políticos que acaben con estas campañas de acoso y hostigamiento.’
En rueda de prensa, se ha denunciado también el hecho de que se requisaran dos
disfraces de aberchándals en estos días de carnaval, en los que la sátira
siempre estuvo permitida.
Dos días
después después de la irrupción en el citado local, el pasado jueves 20 de
febrero, el Subdelegado del Gobierno y el Vicealcalde del Ayuntamiento de
Burgos declaran a varios medios de comunicación que se ha identificado a 40
“asistentes e impulsores de manifestaciones no comunicadas”. Y que el objetivo
de estas identificaciones es iniciar un número igual de “expedientes
administrativos que conllevaran o no sanción administrativa”.
Por su
parte, el representante del Ayuntamiento, comunicó, según se recoge en el
informe, que el consistorio no se personará como acusación particular pero sí
como perjudicado, aduciendo que “el Ayuntamiento, como no puede ser de otro
modo, tiene que defender los intereses generales de la ciudad y de todos los
burgaleses, de modo que está obligado a reclamar la restauración de los daños
públicos”.
Desde el
grupo de apoyo a encausados se considera que ‘ambas instituciones emplean una
burda estrategia de criminalización e intimidación, con el objetivo de
desactivar la movilización de la gente ante atropellos como la fallida
construcción del Bulevar y otros cometidos por y desde el poder’, declarando
que ‘las luchas contra la corrupción, los abusos de poder, en contra de la
miseria e injusticias diarias, deben ser una constante entre los habitantes de Burgos
(…) para lograr transformar esta sociedad, en evidente decadencia, en otra con
mayor justicia social, igualdad y liberada de aquellos poderosos que, de forma
continua, atentan contra derechos fundamentales del resto de la ciudadanía.’
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