La tributación española tiene tipos
nominales elevados, pero muchos mecanismos de elusión fiscal. La estructura
impositiva desincentiva el empleo y el ahorro y desaprovecha los impuestos
sobre el consumo
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| EDUARDO ESTRADA |
España
recauda poco porque pese a tener tipos impositivos nominales altos la
recaudación efectiva es baja. Un ejemplo: si se aplicara la estructura actual
del IVA español a la base tributaria alemana, la recaudación en términos del
PIB sería básicamente como la española. Así que menos ruido con el fraude,
aunque siempre será bueno combatirlo, y más atención a los mecanismos legales
de elusión fiscal, a las excepciones, deducciones y bonificaciones que explican
los bajos tipos efectivos y la penuria de la recaudación.
España
recauda mal porque obtiene una parte excesiva de sus impuestos de la
tributación directa, manifiestamente excesiva si incluimos en el cómputo las
cotizaciones sociales, que son un impuesto desestructurado sobre las nóminas y
el empleo. Y obtiene una parte proporcionalmente escasa de la imposición sobre
el consumo, incluidos los llamados impuestos especiales, que son aquellos que
recaen sobre bienes con externalidades negativas; es decir, cuyo consumo
produce efectos perversos sobre el bienestar social. Por si fuera poco, España
grava en exceso la transmisión de la propiedad y poco la propiedad misma.
Una
estructura impositiva, en síntesis, que desincentiva el empleo, el ahorro y el
crecimiento. Por si faltara algo, los españoles tenemos una actitud
absolutamente contradictoria ante la fiscalidad: queremos servicios públicos
excelsos y gratuitos e impuestos de Tercer Mundo; no soportamos más recortes,
pero olvidamos deliberadamente que España tiene aún hoy el déficit público más
alto de la Unión Europea después de los tres países rescatados. A corregir esa
situación fiscal, injusta e ineficiente, y a contribuir a un debate fiscal
informado y racional se dedican las propuestas contenidas en el Informe de
recomendaciones para la reforma fiscal.
Dos son los
hechos objetivos de los que parte. Primero, la consolidación fiscal no es una
moda pasajera, ni siquiera una obsesión alemana, sino la consecuencia necesaria
de la globalización y los excesos anteriores. Excesos anteriores que se
traducen en un déficit estructural —el que no depende del ciclo económico— que
aún supera el 4% del PIB, y en una senda creciente de la deuda pública hasta
superar el ratio del 100% del PIB. No hay nada progresista en el déficit
público, lo que de verdad hay es una transferencia intergeneracional de renta
por la que condenamos a las generaciones futuras a una restricción de renta
(porque espero que no quede ningún lector tan ingenuo que piense que repudiar
la deuda no tiene coste).
Para reducir el paro
habrá de disminuir el gravamen sobre un recurso escaso como el trabajo
Y aunque se
mantiene el objetivo de una presión fiscal pasiva en el entorno del 38% del
PIB, se desprende de forma natural —de las medidas propuestas y de su eficacia
dinámica, incluidas las mejoras contra el fraude— que cuando la economía se
recupere, esta tenderá a crecer inercialmente. Y con ello se facilitará la
reducción temprana del déficit, siempre que se evite el error de volver a
generar gasto recurrente adicional. La política social y sectorial se debe
hacer por el lado del gasto público; la política tributaria ha de ser, por el
contrario, estable y predecible. Si el Gobierno quiere legítimamente
privilegiar determinados sectores productivos o colectivos sociales, que
utilice los Presupuestos del Estado y anualmente explicite los subsidios o
transferencias correspondientes, pero que no se esconda en la opacidad de la
legislación tributaria porque, además, convierte esos subsidios en permanentes
Con esas
premisas, en la actual coyuntura económica la Comisión de Expertos solo puede
plantear una reordenación sistemática de la carga tributaria, aumentando el
peso de los impuestos indirectos y los ambientales y disminuyendo el de los
directos. La magnitud y el momento de este desplazamiento de la carga
tributaria son discutibles, y no corresponden a una comisión técnica, sino al
Gobierno de turno; pero la dirección solo puede ser esa, si quiere ser responsable.
De la misma forma, la devaluación fiscal, la sustitución de cotizaciones
sociales por impuestos indirectos, puede modularse en el tiempo en función de
la voluntad y capacidad para resolver los problemas políticos e institucionales
que el Informe identifica con precisión; pero quedan pocas dudas técnicas de
que si España quiere algún día reducir sustancialmente su nivel de desempleo,
habrá de disminuir significativamente el nivel de imposición de un recurso
escaso por excelencia como es el trabajo.
Las
principales recomendaciones del Informe son ya conocidas por lo que me limitaré
a argumentar algunas de las más polémicas y a subrayar las que creo que han
pasado injustamente inadvertidas. Entre las primeras, dos han copado los
titulares: la subida del tipo reducido del IVA del 10% al 21% con solo tres
excepciones, vivienda, transporte público y turismo y el tratamiento propuesto
para la fiscalidad de la vivienda. De la reasignación del IVA solo decir que
(1) nuestros estudios nos permiten afirmar que en combinación con la
significativa reducción propuesta del IRPF no supone efecto regresivo alguno;
(2) está comprobado que los individuos prefieren más renta disponible que
subsidios fiscales —llamemos a las cosas por su nombre— al consumo de determinados
artículos); (3) los subsidios revierten sobre todo en rentas para los
productores y distribuidores de esos bienes, y (4) los países europeos con IVA
alto y cuotas sociales bajas tienen menos paro y prestaciones sociales más
generosas. Cualquiera que lea con atención y sin prejuicios el informe podrá
observar que nos gusta el modelo danés y que subrayamos que no hay que
confundir Estado de bienestar con una forma concreta, injusta, ineficiente e
insuficiente para financiar las pensiones.
En la
vivienda, como en el tratamiento de la financiación empresarial y la deducción
de gastos financieros, partimos de una constatación macroeconómica
indiscutible: la crisis actual en su vertiente de burbuja inmobiliaria y
financiera tiene su origen, al menos parcialmente, en un incentivo fiscal a la
compra de vivienda y al endeudamiento empresarial. Eliminar ambos solo puede
contribuir a hacer la economía más estable y más capitalizada. En el caso de la
vivienda, sin entrar en detalles técnicos, se persigue además la triple
neutralidad fiscal entre vivir en casa propia o alquilada, entre invertir en un
activo inmobiliario o financiero y entre consumir vivienda u otros bienes.
Ningún modelo federal
funciona de forma tan dispersa y caótica como el español
Todo ello
nos lleva a proponer el aumento de la fiscalidad sobre la tenencia de vivienda
y a disminuir la imposición sobre su transmisión. Conscientes de que la
realidad actual responde a muchos años de incentivos en una sola dirección (la
compra de vivienda) proponemos una adaptación gradual al nuevo escenario. Y con
un régimen generoso de excepciones para los sectores más desfavorecidos y las
viviendas de menor valor. Pero es cierto: queremos desincentivar que la gente
ahorre en ladrillo y que ahorre para su vejez, no para sus hijos.
No quiero
terminar sin mencionar que el Informe implica también importantes efectos
redistributivos entre los distintos territorios. De sus propuestas no puede
concluirse que suponga una recentralización, sino una reordenación sistemática
para recuperar la eficiencia económica; porque no es racional que las
Comunidades dependan de ingresos excesivamente cíclicos cuando su gasto es
estructural, ni que castiguen la unidad de mercado buscando desesperadamente
nuevos hechos imponibles, ni que llamen ecológico a cualquier cosa que se les
ocurra como si el medio ambiente fuera acotable en un espacio regional.
Proponemos, sí, racionalizar los impuestos y la administración tributaria, pero
no opinamos sobre cómo ha de distribuirse esa recaudación conjunta. Hay varios
modelos federales consolidados que funcionan de forma eficiente, pero ninguno
tan disperso y caótico como el español.
No hay
muchos precedentes de una revisión global y sistemática de la estructura
impositiva de un país. El Informe Mirrlees de Reino Unido es quizá el más
conocido y apreciado. Nosotros, con todas las salvedades, hemos intentado hacer
algo parecido. Quiero pensar que no hemos trabajado en balde; que cuando pase
el ruido electoral, cuando podamos discutir racional y sosegadamente de imposición
óptima, se rescate y utilice, junto con el sentido común, como un texto de
referencia.
Fernando Fernández Méndez de Andés es profesor en la IE Business
School y miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal
Fuente: www.elpais.com
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