El rectorado de Valladolid oye la
petición de colectivos de memoria que pedían un reconocimiento oficial a los
trabajadores de la enseñanza duramente castigados tras el golpe de estado de
1936
PATRICIA
CAMPELO Madrid 18/03/2014 08:07 Actualizado: 18/03/2014 08:14
Imagen de archivo de un maestro con sus alumnos.
La maestra
de Quintanilla de Abajo (Valladolid) Ángela Alonso fue castigada en diciembre
de 1939 por "revelar secretos de la maternidad" a su alumnado. La
profesora de pedagogía Aurelia Gutiérrez Blanchard, muy implicada en la
renovación educativa de la Segunda República y defensora de las corrientes de
la nueva escuela europea, fue asesinada extrajudicialmente el 24 de agosto de
1936. El profesor de Aritmética y primer alcalde republicano de Valladolid, Federico
Landrove, murió en un penal de Segovia. En 1938, cuando ya estaba muerto,
embargaron todos sus bienes. Su hijo, catedrático de Derecho Procesal, diputado
y abogado de estado, fue fusilado tras un consejo de guerra el 15 de agosto de
1936.
Tras el golpe
de estado de julio de 1936, las élites de la Iglesia y del Ejército dispuestas
a dominar el país consideraron al magisterio como una amenaza. Las cifras de
historiadores e investigadores para todo el territorio español sitúan
en cerca de 20.000 los docentes represaliados. Las
detenciones a maestros, maestras, profesores de instituto y de universidad se
fueron sucediendo de manera sistemática y planificada desde la sublevación
militar y hasta años después del final de la Guerra Civil. La Segunda República
había universalizado la educación, laica y gratuita, otorgándole un lugar
preminente dentro de sus políticas sociales, y el nuevo estado franquista no
iba a tolerar una sociedad formada y conectada con Europea, tal y como
fomentaba el proyecto educativo republicano.
Sólo en la
provincia de Valladolid, más de dos centenares de profesoras y profesores
fueron asesinados, encarcelados, inhabilitados y desterrados por el franquismo.
La
investigadora vallisoletana Chusa Izquierdo estudia desde hace años la represión
franquista en la provincia y, en concreto, las prácticas represoras hacia el
magisterio. Su trabajo arroja luz en el apartado de la represión física.
"Había estudios parciales sobre la depuración administrativa, pero faltaba
la parte de asesinatos extrajudiciales y judiciales y los casos de
encarcelamientos", señala Izquierdo. Su investigación saldrá
pronto publicada y, mientras, la asociación con la que colabora, Colectivo
contra el olvido, ha logrado que la Universidad de Valladolid acoja un acto de
reconocimiento a estos profesores y profesoras represaliados, el martes 18 de
marzo a partir de las 17.30.
"Aquí
no se había producido ninguna rehabilitación moral de los docentes, y
llevábamos tiempo pidiendo que la universidad acoja en su seno a aquellos a los
que un día expulsó", explica Asunción Esteban, profesora de
Historia de la Universidad de Valladolid y miembro de Colectivo contra el
olvido, la asociación que trabaja asuntos relacionados con la memoria histórica
dentro de la universidad. "El distrito universitario de
Valladolid era muy grande, acogía nueve provincias, incluidas las del País
Vasco, y fue el rectorado el encargado de estudiar los casos de profesores
depurados y firmar los expedientes", recuerda Esteban.
Sobre una
plantilla de mil docentes con la que contaba Valladolid al final de la Segunda
República, 216 fueron sometidos a procesos de depuración que incluían sanciones
administrativas, inhabilitaciones, destierro a otras provincias, cárcel,
consejos de guerra y fusilamientos extrajudiciales. "El 5 de septiembre
del 36 ya empiezan a salir listas de profesores sancionados", detalla
Izquierdo. "En ciudades de retaguardia como Valladolid, que cae desde el
principio en el lado de los militares sublevados, la represión física se produce
a lo largo de la guerra y unos años después", añade la investigadora. Las
sanciones administrativas se prolongaron hasta principios de los años 50.
Educación
laica y gratuita: una amenaza
La Segunda
República basó su modelo educativo en un sistema laico, gratuito, obligatorio y
con libertad de cátedra. Incorporó además el funcionariado de la clase docente
y se legisló para facilitar la enseñanza a la ciudadanía más empobrecida.
También se reguló el bilingüismo desde la escuela primaria, se suprimió la obligatoriedad
de la enseñanza religiosa y se tenían en cuenta las nuevas tendencias
pedagógicas que llegaban de Europa. "Se dignificó sobre todo la figura del
maestro", puntualiza Asunción Esteban. "Querían cambiar la sociedad
desde la enseñanza, y por eso se cebaron con ellos tras el golpe de
estado", añade. "Es importante que la gente conozca que toda esa
educación se sustituyó por la doctrina nacional católica que hemos tenido
durante décadas, desconectada de Europa.Y más ahora que volvemos a hablar de la
educación religiosa en las aulas. Sin memoria no hay conciencia y no se puede
contrastar con el pasado; por eso quieren que nos olvidemos de que en un
momento tratamos de hacer una sociedad más justa", concluye Esteban.
Una parte
importante de los docentes represaliados comparte su compromiso social y
político con el proyecto republicano. Además del desempeño del magisterio,
muchos fueron alcaldes o concejales en sus pueblos y ciudades. "Las
acusaciones contra ellos eran de todo tipo porque abarcaban también su
pertenencia a sindicatos y partidos de izquierda", aclara Chusa
Izquierdo. También, se les señalaba por propagar ideas marxistas en
el aula o por no cumplir deberes religiosos.
La
trayectoria del vallisoletano Juan Moreno Mateo es un ejemplo de vida dedicada
a la docencia y a la política. Fue uno de los impulsores del partido
republicano Radical Socialista, concejal y gestor en la diputación. Antes de la
proclamación de la Segunda República ya defendía la importancia de la enseñanza
laica, y luchó por lograr derechos y privilegios para maestros. Tras
el golpe de estado permaneció escondido unos días y después partió hacia A
Coruña, donde lo hallaron muerto, según informes policiales a los que ha tenido
acceso Izquierdo. "Alguien lo debió reconocer y lo mataron, pero no se
sabe nada más", matiza.
Maestras
acusadas de ‘moral relajada'
Las
detenciones a maestras se basaban, además, en su conducta social.
"Aparte de su compromiso social y educativo, se les acusaba de estar
solteras o separadas, de ir a bailes o a teatros, de tener moral
relajada", explica Izquierdo. Más de la mitad de la plantilla docente de
los pueblos, en el caso de la provincia de Valladolid, eran mujeres. El 30 por
ciento sufrió procesos de depuración. "Sus historias revelan mujeres valientes
en ese momento que se atrevieron a defender la educación republicana y a usar
las aulas para enseñar", precisa la investigadora.
Fue el caso
de María Álvarez Carro, la maestra de Carpio, afiliada a Acción Republicana y
muy involucrada en la vida social y política del momento. Le acusaron de
actitud laicista, de pertenecer al Frente Popular y de mantener una
"conducta pésima". En diciembre de 1939 se confirmó su separación
definitiva del servicio, pero María había sido asesinada en el verano de 1936,
según testimonios orales recogidos por Izquierdo.
Mañana, el
acto de reconocimiento a los trabajadores de la enseñanza represaliados
comienza con la proyección del documental ‘Las maestras de la República', y
contará con la presencia del historiador Josep Fontana y la maestra e hija de
maestros asesinados Hilda Farfante, una de las protagonistas del documental.
Los impulsores de la iniciativa buscan ahora descendientes de los maestros y
maestras represaliados.
En el siguiente enlace, se puede acceder a los nombres de
los docentes vallisoletanos asesinados y encarcelados.
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