Por el
comunista el marzo 28, 2014 •
Tras analizar proyectos encargados a constructoras
como ACS, Acciona o Ploder entre 2006 y 2009, con Caldera y Corbacho como
ministros de Trabajo, el organismo concluye que “el 92% de los contratos”
sufrieron modificaciones que elevaron al alza los precios. “En algún caso, los
costes económicos acumulados totales al finalizar la obra superaron el importe
del presupuesto de licitación inicial”.
Un edificio de oficinas en Roquetas de Mar (Almería)
cuya construcción, adjudicada ya en plena crisis (año 2009) por 3,5 millones de
euros, con una baja del 49,5% con respecto al presupuesto inicial, acabó
costando más de 6,3 millones (un 79,1% más) al contribuyente; obras para
pavimentar un sótano y reparar una escalera por 731.000 euros (un tercio menos
de lo previsto en principio) que salieron por el doble de ese importe; la
rehabilitación de un edificio y un garaje cuyo coste final se disparó un 96,4%…
Son algunas obras adjudicadas a diferentes
constructoras por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
entre los ejercicios 2006 y 2009, con el socialista José Luis
Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y siendo ministros de
Trabajo Jesús Caldera y Celestino Corbacho, que el Tribunal
de Cuentas ha analizado en un informe que certifica cómo en esos
años los sobrecostes con respecto al importe adjudicado
inicialmente por ese organismo eran una constante, a veces con
incrementos del 100% sobre el precio convenido inicialmente, gracias a los
sucesivos modificados del proyecto originario.
Durante ese periodo, el INSS (con Octavio
Granado como secretario de Estado de Seguridad Social) adjudicó obras por
un importe de más de 138 millones de euros (94 contratos), de los que el
organismo ha analizado más de una veintena, encomendados a constructoras
de todo tipo, incluyendo dos de las más grandes de España.
Desde ACS (con sus filiales Dragados, IMES e Imesapi)
o Acciona hasta otras de menor tamaño como la
valenciana Cleop (salpicada por la trama del ‘caso Gürtel’) y,
especialmente, la catalana Contratas y Obras, que entró en concurso de
acreedores hace un año, y la coruñesa Alcuba, también en concurso desde
2011.
Se trata de trabajos cuyo presupuesto inicial iba
desde los citados 731.000 euros que acabaron duplicándose (una obra en la sede
central del INSS que se llevó IMES, de ACS) a los 22,7 millones de un complejo
de oficinas en A Coruña que acabó costando 36,6 millones y que también fue
encomendado a la constructora que preside Florentino Pérez, en UTE
con la gallega Construcciones Alea.
El Tribunal de Cuentas concluye que “el 92% de los
contratos” sufrieron modificaciones (en ocasiones, hasta tres) que inflaron su
coste final; “en todos los expedientes” analizados “fueron incumplidos los
plazos de ejecución final” por esas modificaciones, lo que “incrementó considerablemente
el coste económico”.
Los sucesivos modificados, además, “en ocasiones
compensaron la cuantía de la baja económica que había sido ofertada por la
empresa que resultó adjudicataria” y “en algún caso, los costes económicos
acumulados totales al finalizar la obra”, esto es, incluyendo los certificados
de la misma, “superaron el importe del presupuesto de licitación inicial”.
“Todo ello supuso que el coste acumulado final
de las obras analizadas superase el precio primitivo (importe
de adjudicación) de todos los contratos analizados y que, en algún
caso, el incremento del coste final de la obra incluso superase en más de
un 100% el presupuesto de licitación inicial estimado por el órgano de
contratación”, concluye el informe.
El organismo que preside Ramón Álvarez de
Miranda subraya que esta práctica “no resulta acorde con el necesario
cumplimiento de los principios de eficiencia y economía en la ejecución del
gasto, aplicables a la contratación del sector público”, y que “con excesiva frecuencia
no quedaron suficientemente acreditadas y motivadas” en los respectivos
expedientes de contratación las “necesidades nuevas o causas imprevistas” que
justificasen la procedencia de las modificaciones, en unos casos, y “de la
contratación de obras complementarias, en otros”, tal y como exige la
normativa.
Por el contrario, en muchos casos, los modificados se
justificaron por circunstancias como la falta o insuficiencia del estudio
geotécnico del terreno u otras deficiencias del proyecto, “puestas de
manifiesto en la fase de ejecución del contrato” y que “pudieron y debieron, al
menos en parte, haber sido previstas razonablemente de forma
anticipada por el órgano de contratación”. Estas actuaciones “reflejaron
la existencia de deficiencias en la planificación y preparación de los
contratos”.
Además, “la práctica habitual (que debiera ser
excepcional) de modificar los contratos durante la fase de ejecución de las
obras podría llegar a desvirtuar, en algunos casos, el procedimiento de
concurrencia que dio lugar a la adjudicación del contrato, al variar
sustancialmente las condiciones económicas iniciales, en perjuicio de los
principios de igualdad y de transparencia”. “Estas actuaciones”, insiste
el tribunal, “no resultan acordes con los principios de eficiencia y economía
en la ejecución del gasto público”.
En el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas, el
INSS resolvió un total de 1.143 contratos por un total de más de 318,5
millones, importe cuya adjudicación correspondió en un 78,23% a la subdirección
general de gestión económica y presupuestaria del organismo o al propio director
general del INSS, que en esos años era Fidel Ferreras.
Así, el informe recomienda al INSS “extremar la
diligencia en la planificación y preparación” de este tipo de proyectos,
“así como el rigor mostrado en la supervisión y el control de su ejecución, lo
que redundará en la mejora de la economía y la eficiencia en la utilización de
los recursos públicos”.
vozpópuli
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