Las Áreas de
Gestión Clínica (AGC) promovidas por el gobierno central representan, en el
caso de que lleguen a implantarse, un ataque
contra el Sistema Sanitario Público y un serio riesgo para su sostenibilidad. Además contribuyen
a marginar aun más a la Atención Primaria (AP), en detrimento de la equidad
y la racionalidad del sistema.
El concepto
de gestión clínica se asocia tradicionalmente a dotar de más capacidad de
decisión a los profesionales, a mejorar la integración de los servicios
asistenciales, al trabajo por procesos y a la toma de decisiones basada en la
evidencia científica. El modelo que pretende imponer el gobierno no responde a
estas formulaciones; muy al contrario, esta
propuesta va dirigida a avanzar en la privatización, utilizando la vía de la
microgestión de servicios asistenciales.
Pretenden
cambiar el actual modelo sanitario, vaciando de contenido y responsabilidad a
la Atención Primaria. La Ley
General de Sanidad asignó a la AP la función de gestionar y coordinar los
procesos asistenciales y la atención de los pacientes en el sistema. La AP está
orientada en nuestro país a prestar una atención integral al paciente,
facilitar la accesibilidad a los servicios, coordinar los procesos
asistenciales y trabajar por programas priorizados. Con la nuevas Unidades se
pretende trasladar estas funciones a unas estructuras, las AGC, que serán
controladas por las especialidades hospitalarias, dada la desproporción de
poder existente en la actualidad entre la AP y la hospitalaria. Hay que
recordar que el presupuesto de AP no alcanza el 15% del gasto sanitario, y que
desde la aplicación de los recortes sanitarios se redujo en un 16%, mientras
que el hospitalario creció un 2%. No es razonable ni eficiente traspasar
funciones propias del nivel primario (como la promoción, prevención,
asistencia, cuidados de enfermería, rehabilitación, reinserción social,
investigación y docencia) a unas estructuras hegemonizadas por las
especialidades hospitalarias, vaciando así de contenido a la AP.
Aunque se
publicitan como una forma de mejorar la coordinación de los servicios y de los
niveles del sistema, la realidad es que lo fragmentan en múltiples entidades
empresariales que dejan sin competencias a la AP. As AGC sustituyen a las Áreas de
Salud que, según la Ley General de Sanidad, tienen la responsabilidad de
garantizar la gestión integrada de todos los centros sanitarios a nivel
territorial. En el actual modelo la atención integral y el desarrollo de
programas deberían estar coordinados por AP. Con la implantación de la Gestión
Integrada ya dieron el primer paso para el desmantelamiento de este modelo al
eliminar las Gerencias de AP, que fueron absorbidas por las Gerencias
Hospitalarias, faena que ahora pretenden terminar. Estas AGC podrán
desarrollarse aplicando múltiples fórmulas organizativas (AGC -Centros de Salud
o servicios hospitalarios-, Áreas o Institutos de Gestión Clínica que agrupan a
diferentes servicios o unidades, EBAS, combinaciones de estructuras de
primarios y especializada etc), con lo que fragmentan el sistema y dejan la AP
sin la posibilidad de controlar los procesos asistenciales.
Incrementan
la burocracia, la irracionalidad y los gastos administrativos. La propuesta de AGC incluye el
desarrollo de nuevas estructuras administrativas, pero manteniendo las
gerencias, jefaturas de servicios y equipos de AP. Todo esto multiplica las
estructuras burocráticas, limita la gestión racional de los centros y genera
conflictos y enfrentamientos de poder, con lo que se hace imposible el gobierno
del sistema, además de aumentar el gasto sanitario a expensas de unos mayores
costes administrativos.
Favorecen la
creación de modelos diferenciados dentro del sistema, y el incremento de las
desigualdades asistenciales, especialmente en AP. El carácter voluntario de la
adscripción a las nuevas unidades, el rechazo de gran parte de los
profesionales a integrarse, los contratos programa que diversifican la oferta
de servicios y los incentivos vinculados al ahorro, favorecen el surgimiento de
dos modelos diferentes dentro del sistema (los de Gestión Clínica y los de Gestión
Tradicional). Está claro que se potenciará los que se vinculen a las áreas de
gestión, marginando a los profesionales que no acepten la integración. Que los
centros de AP, que acepten transformarse en AGC, puedan tener carteras de
servicios propias y la ausencia de planificación por necesidades y problemas,
favorecerá el desarrollo de ofertas diferenciadas que respondan a los intereses
de las empresas o de los profesionales que las integren, en detrimento de las
necesidades de la población, con el que se rompe con la equidad y se contribuye
a incrementar las desigualdades y la irracionalidad del sistema.
En Galicia
el actual gobierno ha demostrado su nulo compromiso con la Sanidad Pública y
con la AP. El severo recorte presupuestario castigó a los profesionales (un 14% menos presupuesto de 2010 a
2014) y a la AP: la reducción del gasto, la anulacion del Plan de Mejora y la puesta
en marcha de las Gerencias Integradas anularon la capacidad de gestión de este
nivel asistencial. Las decisiones de este gobierno están orientadas a la
privatización creciente y a reforzar el hospitalocentrismo. No se contempla la
AP como eje para el necesario cambio de modelo asistencial. Un gobierno con
tantos conflictos de interés con la sanidad privada no tiene credibilidad para
promover una estrategia de gestión clínica en la sanidad pública. El proyecto
de AGC que pretende implantar es una decisión politica, y no sólo una cuestión
técnica o gerencial como suelen afirmar.
Además, la
modificación del Estatuto Marco[5] del personal estatutario, hecha por el
gobierno central en julio de 2013, puede representar una amenaza seria en el
ámbito laboral.
Por todo el
expuesto consideramos que el PP, desde el gobierno central y las autonomías
de donde gobierna, pretende utilizar este instrumento de gestión para
fragmentar y ahondar en la privatización del sistema, favoreciendo la
creación de entidades empresariales acogidas a las nuevas formas de gestión
privada (Ley 15/97[6]) con presupuesto propio y capacidad para competir.
Pretenden desmantelar el sistema sanitario, crear un mercado sanitario interno
que los neoliberales llevan años intentando desarrollar, hacer cómplices a los
trabajadores sanitarios de las políticas de recorte del gasto, y facilitar la
entrada al sector privado en el sistema público. Además anulan el modelo de
salud comunitaria, coordinado por AP, ahondando en la marginación de este nivel
asistencial al que dejan sin ninguna capacidad de influencia, incrementando la
burocracia, la irracionalidad y el gasto del Sistema Sanitario Público.
Por eso
reclamamos: la paralización de la implantación de las AGC tal como se está
haciendo, la recuperación de las Gerencias de AP, la restauración de los
presupuestos de la sanidad pública, y el impulso de un amplio debate social
para frenar el desmantelamiento de los servicios públicos que están realizando
los actuales gobernantes desde el propio poder.
Manuel
Martín García |
Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP).
Pablo
Vaamonde García | Médico de
familia. Exdirector general de Asistencia Sanitaria del Sergas.
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