Las organizaciones participantes reciben "ayudas" del Partido
Popular y de Berlusconi
Miércoles, 19 de marzo de 2014
El autor analiza
los motivos reales que están detrás de las movilizaciones convocadas en
Venezuela durante estos últimos días; unas movilizaciones enmarcadas en la
estrategia de desestabilización diseñada por una oposición que se niega a
aceptar los resultados de las urnas.
Las movilizaciones convocadas por un sector de la oposición venezolana obligan
a plantearse hasta qué punto las protestas de estudiantes, empresarios,
comerciantes y aliados -promovidas por Leopoldo López, María Corina Machado
y Antonio Ledezma- responden a un ejercicio democrático o, por el
contrario, son parte de un proceso desestabilizador perfectamente urdido. Uno
de los argumentos recurrentes para atacar al gobierno legítimo de Nicolás
Maduro sostiene que Venezuela es un país secuestrado por fuerzas
extranjerizantes, al servicio de Cuba. Las mismas que habrían suprimido la
democracia, promovido la violencia policial e instaurado un régimen
totalitario.
Una de las
organizaciones más relevantes en las protestas, denominada Juventud Activa
Venezuela Unida (JAVU), que impulsa la iniciativa "Operación
Libertad", denunció el 22 de febrero que "fuerzas extranjeras
han sitiado militarmente a Venezuela. Sus mercenarios nos atacan de manera vil
y salvaje. Su objetivo es esclavizarnos". Así, concluyen que es su
deber patriótico "defender la soberanía de la nación, expulsando a los
comunistas cubanos que se encuentran usurpando el gobierno y la Fuerza
armada".
Luis Hernández Navarro -en su artículo de La Jornada titulado "Venezuela:
los cachorros de la reacción"- reveló que JAVU mantiene
estrechas relaciones y recibe financiación del Partido Popular y de la
organización juvenil de Silvio Berlusconi, así como del Instituto
Albert Einstein, fundado por Gene Sharp, promotor de las
revoluciones de colores en países que no son afines a la OTAN y USA. Tal
y como Mirialvic Olivares -uno de los cabecillas- confesara al señalar
que "las organizaciones internacionales que nos están apoyando en este
momento siempre han estado de la mano con nosotros, no solamente en cuestiones
de protesta, sino en cuestiones de formación y nosotros con ellos siempre hemos
estado de la mano. No nos da vergüenza, no nos da miedo decirlo".
Igualmente en cables de Wikileaks publicados no hace mucho se revela la
importancia de promover las manifestaciones de estudiantes, jóvenes y actores
no formales en la lucha contra el gobierno bolivariano, apelando a su "pureza
y legitimidad". Sin duda, son factores que pueden encender la chispa
de una eventual guerra civil.
La burguesía latinoamericana y sus partidos políticos han acusado siempre a la
izquierda de copar espacios e instituciones democráticas para horadar y
destruir el poder constituido. Durante la guerra fría, la categoría “enemigo
interno” fue el pretexto para etiquetar a marxistas, socialistas y
comunistas de infiltrados, agentes de la Unión Soviética, anti patriotas
o espías cubanos. Hoy, dichos argumentos sirven a la oposición venezolana para
generar un rechazo a los cooperantes o residentes cubanos y asaltar su
embajada, apostillando que Venezuela es prisionera de los hermanos
Castro, quienes la gobiernan desde La Habana.
Si hacemos historia, durante el siglo XX muchos países de América Latina
ilegalizaron a los partidos de la izquierda marxista acusándolos de elaborar
planes para infiltrarse en las instituciones democráticas e imponer la
dictadura del proletario. Así cobraron vida las leyes de defensa de la
democracia, conocidas como "leyes malditas". En América
Latina se aplicaron sin rubor. Su objetivo era impedir el desarrollo de una
opción popular y anticapitalista frente a los gobiernos de las burguesías
dependientes política, militar, cultural y económicamente de Estados Unidos. La
derecha optó por la guerra global, la estrategia del miedo y la represión.
Los comunistas horadaban los valores cristianos de la familia, la nación y
la patria. En ese instante se recurrió a la técnica del golpe de Estado basado
en la doctrina de la seguridad nacional. Los cielos se oscurecieron en muchos
países latinoamericanos.
Hoy, Venezuela es víctima de esta doctrina, revitalizada bajo el
principio de reversión de procesos democráticos, pero con un factor que hace
difícil su éxito. La República Bolivariana es una de las democracias más
consolidadas de la región. Su Carta Magna se encuentra entre las más
avanzadas del mundo. Tiene la extraña virtud de no ser papel mojado. Sus
elecciones son un ejemplo de transparencia, gozando de un reconocimiento
internacional. Sirva como dato que la oposición, en su proceso de primarias
donde salió elegido Henrique Capriles, pidió la supervisión del Consejo
Nacional Electoral (CNE) como garantía para evitar el pucherazo.
Igualmente, el ejercicio de las libertades civiles públicas tiene un solo coto:
el respeto al orden constitucional. No hay trabas para manifestarse solicitando
la destitución del presidente o cargos públicos. El referéndum revocatorio se
contempla en la Constitución de 1999 y ha sido ejercitado por la
oposición sin problema cuando lo ha pedido.
Aquí comienzan los claroscuros de las manifestaciones convocadas por un sector
de la oposición. Su objetivo no solicita la renuncia del presidente en un
referéndum revocatorio, ni exige cambios en las políticas de becas, vivienda o
salud, ni rechaza las actividades de las misiones populares o pide la expulsión
de los médicos cubanos que trabajan en los centros hospitalarios e
instituciones como parte de los acuerdos de cooperación firmados entre los dos
países. Todas ellas opciones legítimas, que se pueden o no compartir. Su fin es
otro: promover el sabotaje, cortar el acceso a calles, bloquear carreteras o
tirar cócteles molotov en centros oficiales, buscando provocar una respuesta
que les convierta en víctimas de la violencia y represión “chavista”. En
este contexto, Leopoldo López, Carina Machado y otros prefieren patear
el tablero, llevar el país a la quiebra constitucional, cruzar la barrera de lo
democrático y sacrificar vidas humanas para así derrocar al gobierno
constitucional. ¿No resulta extraño, acaso, que de las 28 víctimas
mortales algunas lo sean por disparos en la cabeza, propios de francotiradores?
Las protestas y movilizaciones que hoy sacuden Venezuela no son
homologables a las convocadas en el resto de países del entorno, ni tienen un
contenido democrático. Por el contrario, llaman a la sedición y a la guerra
civil. En nada se parecen a las realizadas por los colectivos políticos,
estudiantiles, sindicales, mujeres, juventud, jubilados, mineros o campesinos
que en el mundo convocan contra las políticas de austeridad, las
privatizaciones, el uso de transgénicos, el desempleo o los recortes en salud,
educación, cultura o vivienda. Tampoco se pueden asimilar a las movilizaciones
que, jugándose la vida sus convocantes, reivindican libertad y democracia en
medio de férreas dictaduras. Menos equipararlas a las protestas que aúpan a la
presidencia a sujetos nacidos del fraude electoral, como México, Honduras o
Paraguay. Todos los ejemplos citados constituyen casos donde se violan los
derechos humanos, se reprime a la ciudadanía, se coartan los derechos de
reunión y asociación, y se ejerce brutalidad policial contra la población,
concitando un rechazo generalizado de la opinión pública y solidarizándose con
las víctimas. Chile, España, Egipto, Pakistán, Colombia, Paraguay, Honduras,
etc. Resulta significativo que la oposición venezolana y los medios de
comunicación internacionales publiquen imágenes de máxima represión
pertenecientes a alguno de los países citados, buscando complicidad y apoyos en
sus reivindicaciones golpistas.
Sin duda asistimos a una estrategia dual para hacer caer el gobierno del
presidente Maduro y revertir una década de avances democráticos. Por un
lado, en el corto plazo, la sediciosa y golpista, encabezada por la derecha más
reaccionaria; y, por otro, la abanderada por Henrique Capriles, donde se
mezcla el llamado a la desestabilización, el mercado negro, el miedo y la
guerra económica. Capriles piensa en el largo plazo. Acepta las reglas
del juego constitucionales - al menos formalmente - y reconoce logros en áreas
como la salud, la educación, la vivienda y la legislación laboral. Mientras
tanto, busca quebrantar la unidad de las fuerzas armadas, restar apoyos al
gobierno y aislarlo internacionalmente. Capriles entiende que un
golpe de Estado fracasaría, como sucedió en 2002. Mejor colapsar la economía y
provocar la debacle interna del “chavismo”. Es más prudente y se decanta
por la derrota electoral en las siguientes elecciones presidenciales. Pero no
nos engañemos. Si la primera tiene éxito, la apoyará dado que el objetivo final
es compartido: retornar el poder político a la plutocracia.
Fuente: www.canarias-semanal.org
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