Artículos de
Opinión | Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella | 29-03-2014 |
Introducción
En esta
larga nota se intentará demostrar:
1.º Que la
cifra de las pérdidas por los rescates públicos a la banca española superará
los 130.000 millones de euros. Ninguno de los organismos que poseen los datos
al respecto (Banco de España, FROB-Ministerio de Economía, Comisión Europea) ha
tenido la intención de publicar las cifras reales; al contrario, las ha
diluido, mixtificado y ocultado.
2.º Que esa
cifra se puede demostrar detalladamente en cada uno de los componentes de
los que ha resultado su suma (banco a banco, caja a caja, organismo público a
organismo público, crédito fiscal punto por punto).
3.º Que esa
cifra resulta una enormidad comparada con cualquiera de las magnitudes de la
economía española, especialmente con los recortes producidos sobre los
derechos económicos adquiridos de los ciudadanos, sobre el capital social
acumulado.
4.º Que,
como consecuencia de esas ayudas públicas no se ha producido ningún efecto
positivo sobre el crecimiento económico de España, ni sobre el aumento del
crédito; más aún: ese crédito sigue disminuyendo.
5.º Que rescatar
ha sido mucho más caro para los ciudadanos que haber dejado desaparecer,
ordenada y socialmente, a las cajas y bancos quebrados.
6.º Que el
castigo administrativo y/o judicial a quienes, por su acción u omisión
irracional o venal, produjeron este aspecto de la crisis, está por ejecutar.
La economía
española ha tenido pésimos gestores en lo que respecta a los intereses de la
gran mayoría de los ciudadanos. Los gobiernos de F. González la encarrilaron
por la senda del neoliberalismo; la negociación con la UE supuso gravísimos
daños para el sector agrario y para grandes industrias (siderúrgica, naval,
etc.). Los gobiernos de Aznar privatizaron a precio de saldo algunos de los
mayores bienes públicos de los españoles (Iberia, Telefónica) y pusieron las
bases de la gigantesca burbuja inmobiliaria. Con Zapatero se consolidó el
monocultivo del ladrillo, se perdió un tiempo precioso al estallar el crack de
2008 y además se perpetró la infamia de reformar la Constitución para
subordinar los derechos sociales de los ciudadanos al pago de la deuda externa.
Con Rajoy la vida de la mayoría de los españoles se ha deprimido gravemente, se
ha generado una deuda pública muy importante (a la que el despilfarro del
saneamiento bancario ha contribuido decisivamente), y se han puesto las bases
para que los derechos de las personas que trabajan no se puedan recuperar en
muchos años, dificultando cualquier política alternativa.
La
información acerca de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho es esencial
para comprender la magnitud del desastre de las políticas económicas y fiscales
de los ahora gobernantes. Nada de lo que hacen sirve para fomentar actividades
productivas innovadoras que posibiliten salir de esta gran depresión, al tiempo
que esquilman el capital social acumulado por el trabajo de los ciudadanos.
La magnitud
de lo que se ha despilfarrado en la recapitalización del sistema bancario
español, así como su ocultamiento sistemático, constituyen un ejemplo, quizás
el mayor en términos cuantitativos, de ese tipo de políticas económicas.
1. Lo que no
se produjo
En junio de
2012 mientrastanto.e publicó la nota “No recapitalizarás la banca
condenada”, en la que se propugnaban cuatro tipos de actuaciones sobre las
perspectivas de saneamiento público del sistema financiero:
1º.
Minimizar el sistema financiero español, todavía enormemente sobredimensionado.
2º. No
enterrar dinero público en ese saneamiento puesto que no podría recuperarse.
3º. Asignar
los fondos dedicados a esa recapitalización imposible a inyectar crédito
directo a la economía (por ejemplo, a través de créditos avalados por el Estado
a particulares y empresas solventes, o créditos otorgados directamente por las
entidades intervenidas).
4º. Liquidar
ordenadamente las entidades en crisis, básicamente cajas de ahorros: asegurar
la elección de los ahorradores para colocar sus fondos en un banco sano (los
bancos estaban y están deseosos de obtener esos fondos, incluso ofreciendo
mayor rentabilidad para el ahorrador); asegurar las coberturas y los planes de
pensiones de los empleados con la venta de determinados activos inmobiliarios
(no los solares y promociones invendibles, sino los edificios y oficinas de las
propias cajas, generalmente situados en las mejores zonas comerciales y de
negocios), incluso a precios reventados.
Nada de ello
estuvo en los propósitos de nadie; nada de esto se produjo.
Y se
comprende que no se produjera. Desde luego, no había sido la tónica de los
rescates bancarios europeos, ni lo que se podía esperar de los gobiernos
españoles que los han protagonizado aquí. En lo que respecta a la izquierda
política —concediendo que el Psoe lo fuera—, le era difícil teorizar lo
contrario de lo que hizo, por no decir lo que hizo mal, en la parte de la
gestión de las cajas que le correspondía. Sin embargo la izquierda social
trató de defender a los afectados por los abusos de las leyes hipotecarias o a
los afectados por prácticas abusivas, como las preferentes o los desahucios,
aunque hay muchas malas prácticas más.
2. Cinco
orígenes y pico de las pérdidas públicas
Empecemos
por la ocultación de las cifras para ir después a éstas partida por partida,
dato por dato.
Antes, y
hasta bastante después de perpetrar sus planes de recapitalización de la banca
quebrada, el Gobierno aseguró que ni euro de dinero público se perdería en el
reflotamiento bancario. Hoy ya no lo dice, pero tampoco dice cuánto dinero
público (es decir, capital social acumulado por los ciudadanos) se ha perdido
ya, y a buen seguro se va a perder en el futuro. No da explicaciones. No dar
explicaciones es su norma, coherente con su modo despótico de gobernar. Eso
forma parte de su cultura de desprecio hacia los ciudadanos.
Se induce al
público a pensar que las cifras del rescate son confusas y pueden ser objeto de
varias interpretaciones. Pero no es así: son muy claras. Cosa distinta es que
produzcan vértigo, o que no se las quiera calcular, o que se pretenda
ocultarlas.
En el
presente texto esas cantidades se recogen entidad a entidad (cada una lleva una
nota en el cuadro final que explica el cálculo) y epígrafe a epígrafe (cada uno
lleva también el método empleado para el cálculo de su cifra estimada). Pues
bien, ese cálculo, nada difícil para quienes tienen todos los datos (pero que
los autores de esta nota han tenido que escarbar pacientemente), no lo han
querido, ni quieren, hacer:
- No lo quiere hacer el Banco de
España (BE), el organismo regulador que fue incapaz de darse cuenta del
desastre del balance de las cajas y bancos que debía controlar
crediticiamente, y que se supone que posee la mejor información sobre el
sistema financiero. Un ejemplo, al que se volverá después: haciendo alarde
de falta de transparencia, el Banco de España dio a luz una nota
extemporánea sobre ayudas públicas a la banca (2.9.2013) que vale la pena
ver en internet: es un papelillo que parece sacado de los apuntes de un
estudiante de empresariales. Una nota, no unos informes periódicos
extensos y cuantitativos, que es lo que cabía esperar tratándose de la
mayor aplicación de dinero público en la crisis. Pues bien, ahí
fueron excluidos manifiestamente algunos elementos esenciales, y los que
más pérdidas de dinero público han supuesto: los EPA (Esquema de
Protección de Activos), que veremos después.
- No lo quiere hacer el Fondo de
Reestructuración Bancaria, que depende del Ministerio de Economía, el
organismo que mayor cantidad de dinero público ha aportado. Su Director
General admitía en Deusto (30.1.2014) que, de una inyección de 50.000
millones, se deberían dar por perdidos 37.000. Visítese la información
pública “No podemos asegurar cuánto dinero recuperaremos de los bancos”
(eldiarionorte.es, 30.1.2014). La cifra de pérdidas reales,
incluidos los EPA que seguro habrá que pagar, ya supera esa cifra, como se
verá en el cuadro numérico final. Por cierto, esos más de 38 millones (que
no 37) corresponden a las pérdidas contables de los ejercicios en 2011 y
2012. Ni siquiera contemplan una estimación de lo perdido en 2013, que ya
había terminado cuando se realizaron esas declaraciones. Pueden verse los
resultados oficiales en www.frob.es; también se puede comprobar en
esa página la omisión de cualquier desagregación por entidades y, desde
luego, de un cuadro de cifras mínimo.
- No lo quiere hacer la Comisión
Europea en sus cinco informes, hasta la fecha de hoy, febrero 2014, sobre
cómo se ha empleado su dinero del Assistance Programme for the
Recapitalisation of Financial Institutions in Spain (búsquese así en
internet). Viajan mucho a España, parece que inspeccionan, pero no
publican una sola cifra pormenorizada sobre el rescate bancario. Ahora les
ha dado por alabar al Gobierno y dar por cerrado ese rescate; sin cifras,
claro.
En fin,
alevosía en el rescate con el dinero público y oscura nocturnidad en su
transparencia.
Vayamos, ya
a los costes concretos de dinero público del rescate bancario. Hay cinco y
pico fuentes concretas de pérdidas. Vamos a verlas, una por una.
Primero. La realizada por la inyección
neta de dinero (en capital u otras partidas compensatorias de diferentes tipos)
contra pérdidas ciertas, básicamente por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB). Fueron en torno a los 21.000 millones, pero en
nuestro cuadro final se incluyen los EPA (que inmediatamente veremos) de los
que han resultado pérdidas también ciertas, como el capital (o similares)
perdido.
Segundo. Las garantías sobre la
evolución futura de la cartera de créditos que se pactaron a los bancos
adjudicatarios de las entidades quebradas.
A esas
garantías por parte del FROB por las que si las entidades adquiridas tienen una
mala evolución de sus créditos se las compensa con dinero público (que es lo
que nutre el FROB) se las denomina EPA (Esquema de Protección de Activos).
Vemos muchos términos como el anterior: entelequias que amparan dinero público
malgastado: Reestructuración Ordenada –por quién, para quién—; Protección
de Activos —por quién, para quién—; Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración —por quién, para quién—.
Por ejemplo:
en el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se pactó con su
adjudicatario, Banco Sabadell, una EPA de más de 16.000 millones y, en enero de
este año (ver nota 5, al final), el Ministro Guindos reconocía en el Congreso
que al menos 15.000 millones acabarían siendo pagados por el FROB. Algo
parecido ocurrió con UNNIM, adquirido por BBVA, y en otros casos que se
explican en las notas al cuadro final. Por eso, parte de los EPA han ido
traduciéndose en pérdidas ciertas, ya materializadas. Y queda mucho pendiente:
está por ver lo que pasa con los bancos, procedentes de las cajas con gestores
ladrones, o incompetentes, o ambas cosas a la vez, que quedan por privatizar.
Resulta
significativo de lo burdo de las trampas para evitar el cálculo de los costes
reales que en el documento más relevante de lo publicado por el Banco de España
sobre las ayudas financieras no se incluyan, expresamente, los EPA (Nota
informativa sobre las ayudas financieras en el proceso de reestructuración del
sistema bancario español. Banco de España 2.9.2013).
Tercero. Las pérdidas que acarrearán las
privatizaciones de los bancos que quedan por privatizar:
A. Las
pérdidas que acarrearán las dos mayores entidades que aún no han sido
privatizadas: Catalunya Bank y Bankia. Nuestra estimación en el cuadro final,
justificada en las notas 9 y 10 y más que moderada, es que si se privatizan
reportarán una pérdida de 47.000 millones.
B. Las
pérdidas, sobre lo aportado por el Estado, correspondientes a las cajas menores
(las de las líneas 11 a la 14 del cuadro), que también se estiman con criterios
de mínimos.
Cuarto. El coste público del banco malo.
La Sareb (Sociedad
de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) es el
llamado banco malo: ahí se han metido 50.781 millones de euros en
préstamos incobrables o de muy dudoso cobro del sector financiero español, avalados
por el Estado y que se van a vender de mala manera.
El FROB ha
aportado 2.192 millones por el 50% del capital de Sareb, que se han invertido
en comprar esos activos. Pero eso es lo de menos, porque la propia Bruselas
considera que el precio pagado por la SAREB a los bancos por esos activos
tóxicos es superior al de mercado. Así que, puesto que los bancos no hubieran
conseguido ese precio, se trata de una ayuda pública.
La Dirección
General de Competencia de la UE cifra esas ayudas, a través de la Sareb en unos
20.200 millones de euros: el detalle está en la nota 15 del cuadro final
de cifras. Como la Sareb ha pagado muy alto y tendrá que vender más bajo o
esperar mucho tiempo para vender —con el consiguiente lucro cesante—, sufrirá
unas pérdidas que tendrá que asumir el FROB por el 50% de su participación en
el banco malo. El coste público mínimo del banco malo superará ampliamente los
10.000 millones, según los propios (y más que prudentes) criterios de la
Dirección General de Competencia de la UE. Aunque, claro, la de esa Dirección
no es la estimación más realista, más vale que no se nos pueda acusar (en éste
y en ningún otro caso) de tremendismo.
Además, la
gestión de la Sareb es motivo de mofa en los medios financieros. No sólo en
éstos: la Comisión Europea elaboró hace muy poco (Ocasional Papers, 170.
Enero, 2014) un documento que bate récords de loa al revisar, y dar por
rematado, el proceso de recapitalización de la banca española, y, en cambio, se
regodea en describir el fracaso de la Sareb. Concluye, dando las esperanzas
propias de un dictamen justificatorio de la acción del Gobierno español:“The
work on the revisión of SAREB´s business plan is ongoing”. Poco después,
cuando se cierra esta nota, la Presidenta de ese organismo cesaba al Director
General.
Asimismo,
acaba de aparecer el primer gran escándalo de esa pésima gestión: vendió 2.500
pisos a un fondo buitre (el norteamericano Fortress y su socio español, Lar),
que no pusieron un euro de entrada y pagarán en varios años con un descuento
que ronda el 40%. El nuevo propietario se negó a escriturar los 140 pisos que
ya estaban vendidos por la Sareb, al tiempo que subía enormemente los precios
de las viviendas.
Quinto. El ahorro de impuestos.
En el
reflotamiento de anteriores crisis bancarias, especialmente Banca Catalana,
Rumasa y Banesto (que estuvieron entre las mayores en Europa hasta entonces),
uno de los componentes que animaban a los bancos compradores era que las
pérdidas del banco adquirido fueran deducibles en los impuestos a pagar en el
futuro. En aquella ocasión no hubo más dinero público que ése, porque las
ayudas del Banco de España debían ser devueltas (aunque a un coste menor que
los tipos de interés del mercado).
Hoy por hoy,
en el proceso de saneamiento bancario en curso, esa ventaja fiscal ni siquiera
aparece como una ayuda pública: ni el Banco de España ni el Ministerio de
Hacienda la mencionan jamás. Existe, pero se niega o se pasa de puntillas sobre
ese ahorro de impuestos futuros del que se benefician los compradores. Todo sea
por enriquecer a los ricos desde la Hacienda Pública.
Antes de
intentar resumir las circunstancias, cuatro ejemplos, cercanos en el tiempo a
la redacción de esta nota. Uno, “Banco de Valencia asegura que cuenta con
activos fiscales diferidos de 559,8 millones de euros. La entidad quebrada
disfrutará de partida con 123,9 millones […] derivados de bases imponibles
negativas […]. Otros 421,6 millones se corresponden con impuestos diferidos
derivados de dotaciones […]. Los activos fiscales que tendrá Banco de Sabadell
por la compra de CAM son superiores a los de Banco Valencia…la entidad
alicantina cuenta con una partida de 2.662 millones de euros […]” (Invertia,
23.12.2012). Dos: “Caixabank gana 503 millones, un 118,9 % más, gracias
a los créditos fiscales […] La adquisición de Banco de Valencia […] le ha
permitido apuntarse un importe bruto positivo de 2.289 millones de euros…” (EL
País, 31.1.2014). Tres: “Los interesados en pujar por Nova Caixa Galicia
obtendrán hasta 2.300 millones en créditos fiscales” (Expansión,
13.12.2013). Cuatro: “El Gobierno avala a la banca con 30.000 millones de
créditos fiscales” (El Mundo, 29.11.2013).
Este tema se
pretende explicar oficialmente de un modo enigmático o, casi siempre, ni se
explica. No figura, claro, en ninguna descripción del saneamiento bancario por
parte de la UE, del Banco de España o del Gobierno.
Para que el
lego pueda entender este ahorro de impuestos es preciso explicarlo con algún
detalle, aunque la complejidad de la contabilidad bancaria lo dificulta. Las
cajas y bancos quebrados pasan a sus bancos compradores con sus pérdidas
acumuladas, que estos últimos pueden deducir de los impuestos: un poco más
abajo veremos el ejemplo de Caixa Galicia. Hay además otras fuentes de rebaja
de impuestos, entre ellas:
* Las
generadas por provisiones efectuadas por deterioro de los créditos (p. ej., las
muchas que se hicieron en créditos inmobiliarios); o sea, el menor valor de los
créditos por sus escasas perspectivas de cobro queda apartado en una partida
que acaba suponiendo pérdidas pasado cierto plazo.
* Las
generadas por provisiones para los planes de pensiones y las prejubilaciones
para empleados, que se pagarán en el futuro.
A todo ello
(pérdidas acumuladas, provisiones y planes de pensiones o de prejubilación) se
le da técnicamente el nombre de activos fiscales diferidos (en inglés
DTA, Deferred Tax Assets), y, más popularmente, créditos
fiscales.
Más allá de
cualquier tecnicismo, a los efectos de la materia que aquí se trata, lo
fundamental estriba en el coste público, añadido a las ayudas bancarias que
hemos descrito ya, de lo que Hacienda no percibirá en impuestos y las
facilidades que se dan a los compradores (y acaban de verse en los cuatro
ejemplos que se han citado más arriba). Resulta muy gráfica la noticia que se
recogía sobre Caixa Galicia: su comprador, el grupo financiero venezolano
Banesco, sólo pagará por ella 1.000 millones de euros, en cómodos plazos y
siempre que se cumplan otras condiciones, mientras que el Estado puso 9.000
millones de euros en ayudas a esa caja. Además, el comprador se ahorrará 2.300
millones en impuestos a pagar en el futuro.
Con
moderación, evaluamos la suma de estas ventajas para los compradores en un
mínimo de 11.781 millones de euros, calculados según lo que se detalla
en la nota (16) del cuadro final.
Especialmente
relevante pero poco comentada ha sido la decisión del Consejo de Ministros de
29.11.2013 de avalar a la banca 30.000 millones de activos fiscales (el 60% de
lo que todo el sistema bancario tiene contabilizado como tal). Ello supone el
compromiso del Estado de que acabará pagando ese importe en circunstancias de
venta o de quiebra de la entidad que tenga contabilizados tales activos
fiscales.
Ese
compromiso estatal convierte lo avalado en capital. Los requisitos
internacionales de capital (lo que se llama, en términos bancarios, Basilea),
regulan el que debe tener como mínimo cada banco según las dimensiones de su
balance. Con el aval estatal mencionado, los bancos sanos no sólo pagarán menos
impuestos sino que podrán evitar tener que captar en el mercado hasta 30.000
millones de euros de capital adicional para cumplir las normas internacionales,
lo que resultaría caro y difícil en tiempos de crisis. Una ayudita más para un
beneficio jugoso a costa de la Hacienda Pública.
Sexto. Tres “picos” de ayudas no
contabilizadas aquí
Uno. No se incluyen los avales del
Estado a emisiones de entidades de crédito concedidos para facilitar su acceso
a los mercados de capitales. Tampoco se incluyen las pérdidas sobre los 21.000
millones que el Estado aportó en liquidez a las entidades financieras en el
Fondo de Adquisición de Activos Financieros, liquidado en 2012.
Dos. Las acciones preferentes han sido
un timo evidente como tal. Las preferentes son una mezcla entre un producto de
renta fija y de las acciones. Lo esencial: no tienen fecha de vencimiento, no
hay obligación por quien las vende de asegurar su recompra y el precio de ésta
no tiene suelo (por lo que puede ser nada, cero). Nada de eso se
les advertía a quienes creían comprarlas como un plazo fijo con alto interés,
aunque sí lo sabían, y por ello lo promocionaban, los bancos y cajas que las
emitían.
La cultura neoliberal
de toma el dinero y corre facilitó que multitud de operarios bancarios
contribuyeran a la venta de preferentes sin problemas de conciencia. Los
incentivos, los llamados bonus, de las entidades disolvían los
escrúpulos con gran facilidad.
Bancos y
cajas ofrecieron preferentes para reforzar su capital ante la crisis del
ladrillo y porque, en ese momento, les computaba como capital en su esquema de
requisitos internacionales (otra vez, Basilea). Cuando las cajas y
banquitos quebraron, los suscriptores se quedaron con una merma sustancial, con
poco o sin nada, según cada caso, de lo invertido.
No se trata
de un caso de pérdidas de dinero público, pero sí de pérdidas, incluso de ruina
en muchos casos, de pérdidas por fraude. El Banco de España, que tan meticuloso
fuera con cualquier tipo de minucia, se tragó, como tantas enormidades (nada
menos que la quiebra de las cajas de ahorro que no supo ni anticipar ni
paliar), por las tragaderas de su gobernador, Fernández Ordóñez, ese monumental
timo: dinero del público, generalmente el más indefenso, a quienes se
les llevó, en muchos casos, el ahorro de toda una vida. Ahí están los mails que
escribía Blesa al respecto; ahí están las instrucciones de las cajas a sus
oficinas; ahí debería estar la condena para los que debían regular el sistema
financiero; ahí está el silencio de la Europa presunta defensora de los
consumidores; ahí están, en definitiva, los estafados, que capitalizaron,
inútilmente además porque el agujero era demasiado grande, a banqueros estafadores.
La cifra que figura en el pro memoria (aunque debiera estar entre las
pérdidas públicas, porque los afectados han sido el público trabajador) es la
menor que se ofrece como estimación, la más optimista (la de la consultora
Oliver Wyman para la Comisión Europea); y, aún así, es de una magnitud
increíble.
Y tres. Ahora, vamos a algo que no se
contabiliza en el cuadro que cierra esta nota porque no es dinero público
español, sino europeo: los créditos prácticamente sin interés del Banco Central
Europeo, que los bancos beneficiarios recolocaron en compras de deuda pública
en tipos de alrededor del 4%. El saldo por liquidar a fecha de cierre de esta
nota, es incluso superior a 230.000 millones de euros, una cifra mayor que los
fondos propios (el capital contable básico, para entendernos) del sistema
financiero español; y eso que la banca española se deshizo de más de 50.000
millones de deuda pública en los últimos meses de 2013.
Los bancos
españoles fueron líderes en la demanda de las emisiones del Banco Central
Europeo en sus inyecciones de dinero a la banca (a un precio entre el 0 y el
1%) lo que se ha dado en llamar barra libre de liquidez. Fue básicamente
una política que duró hasta mediados de 2012. El conjunto de bancos europeos
llegó a demandar casi 2 billones (sí, billones: millones de millones) de euros.
Los bancos
españoles lograron casi el tercio de esos préstamos (generalmente, a tres años
de plazo). No se empleó para hacer crecer el crédito: el 30% de lo prestado por
el BCE permaneció en las cuentas de éste con los bancos, que guardaron ahí esos
dineros por si acaso. El resto sirvió para comprar deuda pública, básicamente
española, con rentabilidades entre el 3,5% y el 4,5%. Nada, prácticamente ni un
duro, para prestárselo a familias o pymes. Negocio redondo: dinero europeo
tirado en lo que se refiere a la economía real, pero que está forrando a
los bancos hasta que lo devuelvan, mientras éstos nos cobran los intereses de
la deuda que compraron con esa inyección.
Sugieren los
mentideros financieros que, en adelante, van a pasar dos cosas: una, que el BCE
sólo va a inyectar liquidez a los bancos que den crédito; dos, que la deuda
pública va a dejar de contar como capital en los requerimientos del BCE a la
banca europea. Actualmente, la deuda pública cuenta, a efectos de lo que cada
banco pueda crecer, como si fuera capital, es decir dinero puesto por los
accionistas, contante y sonante. Si eso acabara pasando, constituiría una
pareja de medidas racional que podría inducir a que los bancos españoles volvieran
a prestar dinero a la economía real. Ya se verá: alguna norma se sacarán del
bolsillo, del que sólo suelen sacar normativas a medida, para impedir esa
piadosa intención.
Con todas
estas ayudas, y pese a ellas, especialmente la última mencionada para reforzar
la liquidez bancaria, la Comisión Europea calcula que, desde 2007 a 2012, en
España los créditos a particulares han caído un 30% y los de las pymes más de
un 50% (Ocasional Papers, 17. January 2014). Esa caída del crédito
constituye una bestialidad que paraliza cualquier economía; y más la española,
que depende del crédito en medida mucho mayor que cualquiera de los quince
países de la UE por PIB. Y, si no acaba en crédito, el dinero del reflotamiento
del sistema bancario, esa enormidad que compararemos ahora con otras magnitudes
económicas básicas, se ha tirado para que lo recojan los que ya se forraron con
los orígenes de esta crisis.
3. Una
comparación de lo aportado a la banca con el pan de cada día
A números
duros, enfrentemos números duros. Nos dará idea de la inmensidad de lo que ha
significado —hasta ahora y evaluado moderadamente— el rescate bancario español:
A.
Representa el 12,7% del PIB español de 2013. Se discute en estos momentos si el
PIB de 2014, año de la recuperación según el Gobierno, puede llegar a un
aumento del 1% sobre 2013. A partir del 2% de crecimiento, se dice que se
creará empleo.
B. Viene a
ser lo mismo que lo presupuestado para 2014 en gasto para todas las pensiones
(contributivas y no contributivas: 127.484 millones de euros).
C. Es un 78%
mayor que la recaudación total por el IRPF de 2014 (73.196 millones).
D. Suma más
que tres veces el déficit estatal presupuestado para 2014 (38.414 millones).
E. Resulta
60 veces mayor que el Presupuesto de Educación para 2014 (2.150 millones).
F. Supone
más de cuatro años de prestaciones de paro (29.720 millones en 2014).
G. Equivale
a más de 14 veces lo presupuestado para 2014 en infraestructuras (8.706,1
millones).
H. Alcanza
dos veces y media lo presupuestado en la recaudación del IVA de 2014 (54.841
millones).
I. Supera 24
veces lo presupuestado para 2014 en I+D+I civil (5.633 millones)
J.
Multiplica por 90 lo presupuestado para becas y ayudas a estudiantes en 2014
(1.448,1 millones)
K. Se acerca
mucho al valor de la suma de todas las acciones de Santander y de BBVA (la
llamada capitalización bursátil) a inicios de febrero de 2014, tras un
largo recorrido alcista de éstas: unos 140.000 millones de euros. Pero más
indicativo resulta que cuando prácticamente se habían cerrado la mayor parte de
los rescates, los dos grandes e internacionales bancos llegaron a valer en
Bolsa bastante menos de 90.000 millones. Es decir, que las ayudas a la banca
han alcanzado un importe que hubiera sido suficiente para comprar a precios
bursátiles la totalidad de los bancos españoles (no sólo Santander y BBVA).
Es una
enormidad, naturalmente. Y, si se compara con lo que produce (que no es
consumo, ni prestaciones sociales, ni crecimiento económico, ni crédito) esa
enormidad se traduce en el mayor robo al capital social acumulado a lo largo de
más de setenta años. Un verdadero saqueo de lo que todos y cada uno con sus
años de trabajo, añadido a la cotización social de las empresas, hemos
aportado.
4. ¿Ha sido
más caro que dejarlos quebrar?
Está más que
ampliamente aceptado y documentado que el sistema financiero tiene, en todos
los países principales, un peso excesivo respecto a la economía real. En
España, en pleno auge de la banca por internet y con una red de cajeros
automáticos entre las mayores del mundo, esta macrocefalia es más severa
todavía: de cualquier modo en que se realice la comparación con otros países
desarrollados (sobre el PIB, sobre la población, sobre el negocio bancario…),
resulta evidente que sobran alrededor de dos tercios de las oficinas bancarias.
La
sobreabundancia de oficinas bancarias en España llamaba la atención de los
viajeros extranjeros ilustrados, como llamaba la atención de viajeros españoles
a Argentina la cantidad de personas que en una librería intervenía en la venta
de un solo libro.
La causa
histórica de la multiplicación de oficinas es que los beneficios de los bancos
españoles, hasta bien entrado el siglo XXI, fueron tan desorbitados que daban
para esa prodigalidad de medios y para más. Pero eso se acabó. La banca española
tendrá los mismos márgenes (y ya es optimismo, porque su morosidad es mucho
mayor) que los bancos europeos.
Si todas las
oficinas de las entidades quebradas hubieran desaparecido, a los ciudadanos no
les faltarían servicios bancarios. Y, de hecho, van a desaparecer más pronto
que tarde, si no todas, la gran mayoría de las sucursales de esas entidades.
Acabó 2008
con 46.167 sucursales bancarias. A final de 2013 hay menos de 36.000, lo que da
unas ratios aún muy por encima de cualquier comparación internacional seria.
Las previsiones de los compradores de los quebrados y las exigencias de la UE
sitúan las oficinas en 2016 en torno a las 22.000/26.000.
Las
plantillas bancarias a final de 2008 sumaban 270.855 personas. Cuando terminó
2013, eran unas 212.000. Hacia finales 2016, seguramente rondarán las 140.000.
Resumiendo:
en realidad se habrán cerrado (¿en 2019?) las oficinas de los quebrados y habrá
salido del empleo bancario un número incluso superior a los empleados de éstas.
Todo ello
viene a cuento porque las pocas cifras, maquilladas y ocultas por siete velos,
que son facilitadas por el Banco de España, el FROB/Ministerio de Hacienda y
los hombres de negro de la Comisión Europea/FMI, coinciden en dos cosas:
minimizan el coste del reflotamiento y magnifican el coste de haberlas
dejado quebrar. Siempre cantan cantan la misma milonga: hay que poner
dinero público, pero más hubiera costado dejarlas quebrar. El coste público
mínimo del banco malo superará ampliamente los 10.000 millones, según los
propios (y más que prudentes) criterios de la Dirección General de Competencia
de la UE, según se explica en la nota 13 del cuadro. Aunque, claro, la de esa
Dirección no es la estimación más realista, más vale que no se nos pueda acusar
(en este y en ningún otro caso) de tremendismo. Bastante es, muchísimo, ese
mínimo.
Veamos;
dejarlas quebrar hubiera podido suponer dos costes básicos: perjuicios para los
empleados y para quienes les confiaron sus ahorros.
- Examinemos la primera
justificación del despilfarro de dinero público. Acabamos de ver que el
coste de las disminuciones de plantilla está asumido: se va a echar a
tantas personas como sumaban las empleadas en las entidades quebradas. Eso
sí, con una nueva regulación laboral que las perjudicará. Cuando en mientras
tanto se propugnó cerrar las entidades quebradas y dotar los planes de
pensiones de sus empleados, sin coste público, a partir de la venta de sus
inmuebles, aún a precios reventados, pudo parecer una propuesta
sangrientamente liberal. Todo lo contrario: se les va a echar igual, pero
con una legislación laboral y de acceso a las pensiones de jubilación
lesivas.
- La segunda de las
justificaciones del despilfarro de la recapitalización de la banca
quebrada es la presunta protección de los depósitos de los ahorradores. Se
nos dice: el principal pasivo, la deuda más relevante de los bancos, son
los ahorros y la tesorería que los particulares y empresas tienen
depositados en el banco, así que, si se les deja quebrar, esos depósitos
corren el riesgo de perderse. Pues no es así. Lo que quieren los bancos no
quebrados es liquidez y, para obtenerla, han peleado y pelearán por captar
depósitos. Por lo tanto, no hubieran faltado bancos dispuestos a que les
traspasaran esos depósitos, incluso ofreciendo una mayor remuneración.
Sobran novios solventes para garantizar a los depositantes sus ahorros o
su tesorería, incluso con mayor rentabilidad.
En resumidas
cuentas, que no nos cuenten que hubiera sido peor dejar quebrar a los bancos
(sobre todo, cajas) quebrados, porque las cuentas que nos cuentan se basan en
suposiciones absurdas. Aquí se ha querido que la quiebra la asumiera el dinero
público y que los compradores de lo quebrado se lucraran con éste.
De lo que se
trataba es de socializar las pérdidas privadas mediante dinero público y de
ocultar y sobre todo dejar impunes las responsabilidades. Que eso se haya
podido materializar dice mucho del pésimo funcionamiento del sistema político
español: parece estar ahí al objeto de quitar dinero a los pobres para dárselo
a los ricos.
5. Pérdidas
públicas en el reflotamiento bancario: las cifras
En millones
de euros. Fuentes: Ministerio de Economía/FROB; Banco de España; balances de
las entidades adquirentes [0]
[0] No incluyen los avales del estado a
emisiones de entidades de crédito concedidos para facilitar su acceso a los
mercados de capitales. Tampoco se suman las pérdidas sobre los 21.000 millones
que el Estado aportó en liquidez a las entidades financieras en el Fondo de
Adquisición de Activos Financieros, liquidado en 2012.
Como se ha
explicado arriba, no se estiman las diferencias de rentabilidad entre
inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo al 0% y las obtenidas por la
inversión de estos recursos.
[1] A Cajastur. Fondo Garantía de
Depósitos (no estaba creado el FROB)
[2] A BBK. El FROB asumió las pérdidas
del EPA.
[3] UNNIM: Cajas de Sabadell, Tarrasa y
Manlleu. A BBVA. El EPA se consumirá totalmente y BBVA tendrá que cubrir
pérdidas por activos de esas cajas. La EPA inicial era de 4.824 millones, de
los que se dan como pérdidas ciertas a final de 2013, 2.956 millones: lo
anotado en el cuadro como EPA es la diferencia
[4] A Caixabank, que realizó la
operación básicamente por los activos fiscales de Banco de Valencia (ver punto
2, quinto, del redactado). El EPA está prácticamente descontado como pérdidas
ciertas.
[5] Caja de Ahorros del Mediterráneo. A
Banco Sabadell. El Ministro Guindos reconoció en el Congreso de los Diputados
(14.1.14) que la EPA acabaría costando al FROB más de 15.000 millones. Así que
anotamos esa cifra como pérdidas ciertas, que se unen a los 5.429 aportados por
inyecciones de capital por el FROB. El Consejero Delegado del Sabadell dio como
pérdidas 17.000 millones, 2.000 más que el Ministro, por lo que se espera que
se consuma todo el EPA como pérdidas.
[6] Caja Navarra, Caja Canarias, Caja
Burgos, Caja Sol, Caja Guadalajara. A Caixabank. Se opina que esta adjudicación
se realiazó por Caixabank con menores ayudas de las derivadas del agujero de
Banca Cívica, como compensación de otras adjudicaciones.
[7] A Banco Sabadell. Las ayudas se
suelen cifrar, según todas las noticias de la adjudicación, en 325 millones,
pero no hemos podido sumar como ciertas más que las que se incluyen en el
cuadro.
[8] A Banesco (grupo venezolano), por
venta del FROB en 1.002 millones (las ayudas fueron de 9.000). Ya se ha
comentado en el punto dos, quinto.
[9] Caixa Catalunya, Caixa Tarragona,
Caja Manresa. Por adjudicar. Ha recibido 19.574 millones en ayudas públicas, a
pesar de ser unas cinco veces menor que Bankia: 12.052 en capital y el resto en
avales. Se indica una proporción de pérdidas similar a la de Nova Caixa Galicia
(88,8 de lo aportado por el FROB, que en este caso han sido más de 13.000
millones). Se añade una estimación de los EPA solicitadas por los posibles
compradores españoles (Caixabank y Santander): 4.500 millones. Se trata de un
cálculo más que conservador, en virtud de lo ocurrido con CAM, cuya EPA costará
más de 15.000 millones —nota 5—.
[10] Bankia ha recibido 46.691 en ayudas
públicas, de las que 22.424 es inyección de capital y el resto avales. La
opinión de los firmantes es que las pérdidas finales en un presunto proceso de
privatización serán, al menos, un 35-40% mayores, fundamentándose en la
monumental proporción de morosidad de Bankia, la escasa calidad de sus activos
no bancarios (avalados en parte sustancial por el ICO) y, sobre todo, porque
tiene en su interior a la antigua Bancaja. Ya se ha visto lo ocurrido con la
CAM —nota 5—. Ambas cajas valencianas tuvieron una política crediticia similarmente
disparatada y venal: por compartir, sus gestores compartieron como destino de
sus latrocinios paraísos fiscales caribeños cercanos. La cifra de las ayudas
probablemente no llegue a cubrir el lastre de Bancaja.
Después de
unas pérdidas de 19.000 millones de euros en 2012, Bankia ha presentado en 2014
unos beneficios de unos 500, saludados entusiásticamente por la prensa
gubernamental, los periodistas de su fondo de reptiles y los especuladores
nacionales e internacionales. Los resultados de 2013 no admiten una evaluación
seria: su negocio bancario empeora casi un 20% respecto al catastrófico 2012;
su morosidad aumenta casi al 15%. La claves del beneficio de 2013, más contable
que otra cosa, está en la reducción de gastos (casi un 17% en el año) y las llamadas
operaciones financieras (más de 425 millones), que son el resultado del buen
manejo especulativo de su cartera no comercial. Aunque su equipo directivo es
de una gran profesionalidad, los milagros todavía no existen.
[11] Caja Duero y Caja España, en
trámite de adquisición por Unicaja: 1.370 millones de ayudas directas, más 160
millones de costes de arbitraje. Al cierre de esta nota, siguen las
reclamaciones de Unicaja de ayudas adicionales (especialmente EPA), por lo que
la cifra es de mínimos.
[12] Caja Inmaculada, Caja Círculo de
Burgos, Caja Badajoz en proceso de integración en Ibercaja. Se trata también de
una cifra de mínimos, puesto que contempla sólo la suscripción por el FROB de
bonos convertibles. Ibercaja sigue reclamando más ayudas y, dadas las prisas
del FROB, es probable que las obtenga.
[13] Cajastur, Caja de Extremadura, Caja
Cantábrico. Posee Caja Castilla la Mancha. Esta cifra también es de mínimos,
por las mismas consideraciones que en las tres notas anteriores.
[14] Sa Nostra, Caja Murcia, Caja
Granada (Caixa Penedès fue integrada en Sabadell). En concreto, 730 de ayuda
europea y 915 del FROB. Cuando el FROB venda el 62% de su capital, si es que
encuentra comprador, necesitará nuevas ayudas y, probablemente, un EPA.
Estimamos que, al menos, ese EPA será de 1.500 millones, que no se incluyen en
el cuadro.
[15] Evaluación del importe de la ayuda
de la Sareb (como diferencial entre el valor real y lo pagado por éste), por
parte de la Dirección General de Competencia de la CE: 2.100 millones BMN;
1.600, Catalunya Bank; 1.300, Nova Caixa Galicia; 1.000 Liberbank; 717 Ceiss;
690, Caja3; 500, Banco Valencia; 282, Banco Gallego; 12.000, Bankia. Total:
20.189 millones. Aquí se coloca en pérdidas potenciales el 50% (la
participación de FROB en la Sareb y otras participaciones indirectas) de esa
cifra.
[16] Diferencia (19.636) entre los
63.280 millones anotados como activos fiscales en el total del sistema, menos
los 43.824 de las entidades que no han recibido ayudas (las sanas): son
los activos fiscales que ya han comprado con las entidades adquiridas y los que
comprarán cuando el resto de las entidades quebradas se privaticen. Al menos un
60% de de esa diferencia (11.781) se ahorrará en impuestos por los bancos que
han adquirido las entidades quebradas o lo harán en el futuro.
[17] Cálculo de Oliver Wyman para la
Comisión Europea de la aportación de los preferentistas al saneamiento
bancario, que suponía unas pérdidas para los inversores en preferentes del 40%
del total. El 6.2.2014 el subgobernador del Banco de España y Presidente del
FROB informaba en el Congreso que, sólo en Bankia, Caixa Catalunya y Caixa
Galicia, 150.000 afectados por las preferentes no podrían recuperar su
inversión.
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