Es el primer magistrado de la Audiencia
Nacional que pregunta si archiva las causas que instruye o plantea una cuestión
de constitucionalidad contra la reforma que entró en vigor el pasado viernes
EUROPA PRESS Madrid 19/03/2014 14:04 Actualizado: 19/03/2014
16:56
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| El juez Fernando Andreu. EFE |
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha preguntado a la
Fiscalía y el resto de partes personadas en las dos causas que instruye en
virtud del principio de justicia universal si debe plantear una cuestión de
inconstitucionalidad sobre la reforma legal que limita su aplicación o, por el contrario, archiva
los procedimientos.
En dos providencias notificadas este miércoles el magistrado da un
plazo "improrrogable" de diez días a las partes personadas
en las causas en las que se investigan el genocidio en Ruanda y el ataque
contra un campo de refugiados en Irak para que le informen sobre "la
pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de
ésta".
Se trata del primer juez de la Audiencia Nacional que plantea la
posibilidad de llevar al Tribunal Constitucional la limitación de la
justicia universal, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición
de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia.
Esta reforma obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad
tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero
que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las
autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una
querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.
Ruanda e Irak
En la primera causa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga
a una cuarentena de altos mandos de Ruanda a los que acusa de la
muerte de cuatro millones de personas en los años noventa y del asesinato de
nueve españoles.
También abrió una investigación sobre la intervención de altos mandos del
Ejército de Irak por un ataque que las fuerzas especiales de este país llevaron
a cabo el 8 de abril de 2011 contra el campo de refugiados de Ashraf y en el
que murieron 35 personas y otras 337 resultaron heridas.
El juez Ismael Moreno preguntó el martes a la Fiscalía si debía
archivar las cinco causas que instruye en virtud del principio de justicia
universal, entre las que se encuentran dos que se siguen contra China por las
torturas en el Tíbet y la persecución de los miembros del movimiento Falun
Gong. En el marco de la primera se solicitó la busca y captura de los expresidentes
chinos Jiang Zemin y Hu Jintao.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también preguntó si
debe archivar las investigaciones que sigue sobre el Holocausto nazi, en la que
imputó a cuatro antiguos miembros del denominado Batallón de la Calavera de las
SS; los vuelos de la CIA con parada en el aeropuerto de Palma; y la muerte en
2010 del ciudadano español Babi Hamdai Buyema en el campamento saharaui de El
Aaiún.
Otros jueces se plantean
el archivo
El juez Pablo Ruz, además, preguntó este lunes si debe archivar
las causas que instruye para investigar la creación de la prisión
estadounidense de Guantánamo, la muerte del diplomático Carmelo Soria durante
la dictadura chilena, el asalto a la Flotilla de la Libertad por parte de Israel
y los genocidios en el Sáhara que se atribuyen Marruecos y el Frente Polisario.
Al igual que Ruz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago
Pedraz, preguntó a las partes si debe dictar el archivo de la causa en
la que investiga el genocidio contra el pueblo maya en Guatemala y el asalto de
la Embajada de España en este país que se produjo en el año 1980.
Sin embargo, se negó a archivar la causa en la que se investiga la muerte
del cámara de Telecino José Couso durante la guerra de Irak, al considerar que
la limitación de la Justicia universal contravendría la cuarta Convención de
Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado".
Por su parte, el magistrado Eloy Velasco planteó el pasado
viernes la posibilidad de seguir investigando la muerte del jesuita Ignacio
Ellacuría y otras siete personas, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en
El Salvador. Argumenta que están procesados 13 militares salvadoreños por un
delito de lesa humanidad, que quedaría afectado por la modificación de la
norma, y por los de asesinato terrorista, que permitiría mantener la
investigación.
Fuente: www.publico.es
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