Mariano Rajoy quiere
regular por ley los servicios mínimos. Para ello ha encargado a la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, que se ponga manos a la obra. El anuncio llega tras la
huelga de limpieza en Madrid y el pronunciamiento de algunos dirigentes del PP
como la alcaldesa Ana Botella para reformar la actual normativa.
nuevatribuna.es |
21 Noviembre 2013 - 19:17 h.
Rajoy, junto a Ana Botella, Fátima Báñez y el presidente de
la CEOE, Joan Rosell.
En una semana con el foco puesto en la ley de seguridad ciudadana que este viernes aprobará el Consejo
de Ministros y que penalizará los escraches, el presidente del Gobierno se
descolgó este jueves con un nuevo recorte de derechos al anunciar una ley de
servicios mínimos para, según dijo, conciliar el derecho a la huelga y el
derecho a la libertad de los ciudadanos.
El debate ha surgido tras la huelga de limpieza en Madrid,
en donde, según el ayuntamiento, no se cumplieron los citados servicios
mínimos. Mariano Rajoy responde así a las peticiones de algunos dirigentes de
su partido, principalmente del PP de Madrid, que vienen meses pidiendo a la
claras que se reforma la Ley de Huelga, vigente desde 1977. Entre ellos, el
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (antes los hizo Esperanza
Aguirre); la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes; o la
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha salido muy tocada por la huelga
de basuras en la capital.
Sin embargo la Ley de Huelga ya regula el procedimiento a
seguir para fijar los servicios mínimos obligando a que haya un acuerdo, una
negociación entre los poderes públicos y los agentes sociales. Si el acuerdo no
es posible, es la Administración la encargada de dictar un decreto de servicios
mínimos que en la mayoría de las ocasiones son abusivos en opinión de los
sindicatos.
En la huelga general del 14 de diciembre de 2012 lograron
pactarse los servicios mínimos del transporte (Iberia, Renfe) vía negociación
con el Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor. Pero no siempre se
llega a un acuerdo. En la Comunidad de Madrid, el conflicto y descontento
social creciente por los recortes han imposibilitado en varias ocasiones pactar
dichos servicios que, incluso en algunos casos, han sido a posteriori
declarados ilegales por los tribunales.
Las reacciones no se han hecho esperar tras el anuncio de
Rajoy. Desde el PSOE, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, acusó
al presidente de querer hacer una "nueva ley de huelga encubierta",
pero "no tiene valentía para decirlo" y por eso ha anunciado una ley
de servicios mínimos.
La dirigente socialista ha recalcado que los servicios
mínimos "vienen regulados en la ley de huelga" y ha subrayado que
"no es el momento" para abordar cambios en esta regulación. En su
opinión, el anuncio de Rajoy tiene que ver con las declaraciones de "su
alcaldesa" en Madrid, Ana Botella
Desde la Izquierda Plural también se han mostrado muy
críticos. El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los
Diputados, José Luis Centella, ha reclamado al Gobierno que "si
quiere acabar con la Ley de Huelga, lo diga claramente". En opinión de
Centella, el Ejecutivo "está intentando acabar con las huelgas y
criminalizar la protesta" y se está "saliendo claramente del derecho
constitucional a la huelga".
LOS SINDICATOS TAMPOCO LA VEN NECESARIA
Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores
más ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo
Por su parte, los sindicatos tampoco ven oportuno el anuncio
de Rajoy. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
lo ha calificado de "un claro ejercicio antidemocrático" y ha
recalcado que no es partidario de tal regulación ya que se trata de un
"calentón" tras la huelga protagonizada por los trabajadores de la
limpieza y jardinería de Madrid.
"Legislar a golpe de calentones y jaleado por los
sectores más ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo
sobre la regulación de los servicios mínimos", ha advertido Toxo al
presidente del Gobierno. Así pues, CCOO cree "muy inoportuna" la
iniciativa del presidente del Gobierno y no parece que obedezca a la voluntad
del Ejecutivo de encontrar bases de acuerdo con los sindicatos. "Más bien,
hay que inscribir la iniciativa de Rajoy en su obsesión por controlar y limitar
derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en un claro ejercicio
antidemocrático de la acción de Gobierno", recalcan.
El secretario general de CCOO, recuerda que el movimiento
sindical se ha mostrado dispuesto en numerosas ocasiones a discutir "en
frío" todo lo relacionado con los servicios mínimos, o lo que es lo mismo,
la necesidad de atender los servicios básicos de la ciudadanía ante la
convocatoria de una huelga general. "Lo que no vamos a aceptar son golpes
de pecho y proyectos autoritarios más preocupados por eliminar o entorpecer un
derecho constitucional como el derecho de huelga, que por pactar la
conciliación de intereses ante un conflicto laboral", concluye Toxo.
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha calificado
de "sorprendentes" las declaraciones del presidente del Gobierno y
afirma que no es "prioritaria". Asimismo, UGT ha advertido de que
cualquier regulación de un derecho fundamental exigiría la participación de los
interesados, en este caso de los sindicatos, pues imponer este tipo de normas
sería "claramente antidemocrático e ineficaz socialmente".
El sindicato confía en que no se reproduzca el
comportamiento del Gobierno con la reforma laboral y ha tildado de
"desacierto" plantear reformas legislativas "en caliente",
en respuesta a sucesos recientes, tratando de que una nueva ley solucione los
problemas sociales provocados por "la mala gestión de los poderes
públicos". Por último, ha remarcado que para conciliar los distintos
intereses entre los diferentes afectados, en caso de huelga que afecte a los
servicios públicos esenciales, lo mejor es la autorregulación, para lo que ha
puesto como ejemplo la experiencia con el sector "tan importante"
como el de los transportes.
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