Hay otras voces y otras alternativas a lo
que, bajo el eufemismo llamado “derecho a decidir”, es simplemente la ruptura
con España. Estamos ante un grave retroceso histórico que perjudica a las
clases populares
Como
recordara El Roto, “el sueño de la nación produce —cuando menos— exilios”. Ante
las últimas resoluciones del Parlamento de Cataluña, de 27 de septiembre, se
hacen indispensables ciertas reflexiones que pretenden hacer visible que, hoy
en Cataluña, hay otras voces y otras alternativas a lo que, bajo la cobertura
del eufemismo llamado “derecho a decidir”, es pura y simplemente la ruptura con
los españoles que conviven y, posiblemente, sufren más que la mayoría de los
ciudadanos de Cataluña.
Pero,
resulta necesario llamar la atención sobre la Declaración de Soberanía del 23
de enero de este año, que constituye su precedente.
Primero,
basta ya de manipulaciones históricas. Ya sabemos lo que significó para
Barcelona y Cataluña el 11 de septiembre de 1714, ¡hace más de tres siglos!,
pero que no nos oculten la verdad. Manuel Vázquez Montalbán se refirió a ese
acontecimiento así: “La feroz resistencia de sus clases populares encabezada
por Rafael Casanova y el general Villarroel, mártires víctimas de una causa
nacional perdida”. ¿Quién se acuerda de Villarroel? Y, en esa terrible fecha,
los Comuneros de Barcelona, representantes del pueblo, lo animaban a soportar
las consecuencias de la derrota, advirtiéndoles él que quedarían “esclavos con
todos los demás españoles engañados”. ¿Dónde estaba la ruptura con España?
En dicha
Declaración se atribuía exclusivamente al Estado español “la involución del
autogobierno” de Cataluña. Una mentira más de los gobernantes de CiU, asumida
por ERC e ICV. Por ejemplo, el proceso de destrucción del sistema sanitario
público catalán, ¿es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Rajoy?
Evidentemente, no. Cuando el presidente Mas denuncia los “agravios” del Estado
español, se olvida de que son peores los agravios que él y sus gobernantes han
infligido a su pueblo, al que ahora trata de embaucar con delirios remotos. Su
grupo parlamentario en el Congreso de Diputados apoyó las medidas más duras del
PP, como el RDL 20/2011, que incluía enormes restricciones en el sector público
—incluidas la educación y la sanidad— y congelación de salarios, así como
cuantas medidas se adoptaron para la reestructuración bancaria y saneamiento
del sector financiero en beneficio de los más poderosos. Pero, eso sí, como
denunció el diputado Joan Coscubiela, el presidente Mas mantenía “un doble
lenguaje” mientras “defendía los intereses de sectores económicos y lobbys
catalanes y españoles”.
Mas denuncia “agravios” del Estado español, pero son peores los que él ha
infligido a su pueblo
Pero aún es
más reprochable en esa Declaración que no cite en ningún momento a los
ciudadanos y pueblos de España, como si las mujeres, hombres y niños/as de
España pudieran ser confundidos con las instituciones y normas jurídicas que
los regulan. Para los firmantes de esa Declaración, España solo son el Estado
español, la Constitución de 1978 y la II República. Es muy grave. Como es,
igualmente irritante e injusto, que si bien el apartado 5 de la Declaración se
refiere a “Europa” —luego a la Unión Europea—, se omita toda referencia a
España, a la que Cataluña ha estado vinculada hace centenares de años, y, en su
lugar, se haga referencia al “Estado español” como sujeto de negociaciones, al
mismo nivel que las instituciones europeas o la comunidad internacional, cuando
la continuidad o no de los lazos de Cataluña con España es, en definitiva, el
núcleo del debate y el objetivo fundamental de la supuesta consulta. Al menos,
así lo entendemos los denominados en el Estatuto “ciutadans espanyols” y, sobre
todo, los ciudadanos de esa España que, indignamente, se oculta. Y, por último,
en el apartado Legitimidad democrática, se dice que en el proceso que plantea
se garantizará “la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas”,
afirmación completamente falsa, que descalifica al propio proceso.
Frente a las
pretensiones expuestas en dicha Declaración, hay que hacer constar que el
Gobierno de CiU está incumpliendo de forma flagrante el Estatuto vigente, que
“quiere proseguir… la construcción de una sociedad democrática y avanzada…
solidaria con el conjunto de España…” y que quiere “desarrollar su personalidad
política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de
identidades de los pueblos de España”. Se niega a admitir que igual que había
varias “Barcelonas”, también hay varias “Cataluñas” que desean convivir en paz
y armonía con todos los pueblos de España.
Naturalmente
que Cataluña es una indudable “realidad nacional”, pero también es cierto que
esa realidad se ha fraguado, fundamentalmente en el siglo XX, por el apoyo que
ha recibido constantemente de todos los pueblos de España. Cataluña es lo que
es porque, tras las oleadas migratorias de dentro y fuera de España, se ha
construido una “sociedad integradora” donde pueden convivir “identidades diversas”.
Esta es la gran riqueza de Cataluña, como pueblo y como cultura.
Es la suma
de los sufrimientos y aspiraciones de catalanes de origen y de inmigrantes,
nacionales y extranjeros, que abandonaron sus tierras a causa de las políticas
capitalistas que gobernaron coordinadamente las burguesías de España y
Cataluña.
Esta tierra es la suma de los sufrimientos y aspiraciones
de catalanes de origen y de inmigrantes
de catalanes de origen y de inmigrantes
En las
resoluciones parlamentarias citadas se plantea un marco institucional
inmediato, que es claramente contradictorio con nuestra Constitución
democrática. Más allá de las dificultades legales que ciertamente concurren
para la celebración de consultas, competencia exclusiva del Estado y que solo
pueden ser consultivas, es justo reconocer que esta competencia del Estado es
delegable en una comunidad autónoma pero deberá hacerlo a través de una ley
aprobada por el Congreso de Diputados. En todo caso, la pretensión de los
partidos soberanistas se enfrenta a un precepto constitucional esencial, porque
afecta a la igualdad de todos los ciudadanos: “Todos los españoles tienen los
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
Ciertamente,
se hace referencia a “un proceso democrático” y a un “diálogo con las
instituciones del Estado para acordar las condiciones legales para el ejercicio
del derecho a decidir”. Luego, se reitera “el diálogo y la negociación con el
Gobierno del Estado” con el objetivo de realizar una “consulta democrática”
para determinar el resultado del ejercicio de aquel derecho. Para, a
continuación, argumentar, con evidente error, anticipación histórica y
manipulación política, que “la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña” ha
quedado expresada en la manifestación del pasado 11 de septiembre. El Parlamento
de Cataluña llega, pues, a asociar derecho a decidir con independencia a partir
de unos datos sociológicos, los que fueran, que en absoluto se corresponden a
la libre y democrática expresión de la voluntad popular en las urnas. Por
tanto, ya no estamos hablando de derecho a decidir sino, pura y simplemente, de
una consecuencia, la secesión de España, que es radicalmente incompatible con
la Constitución vigente.
De aquí se
desprende que en la Resolución se plantee una situación de “transitoriedad jurídica”
y de “estructuras de Estado” cuando, hoy por hoy y no sabemos hasta cuándo, el
actual estatus institucional de Cataluña es el establecido en el Título VIII de
la Constitución. Y en un Estado democrático choca que un Parlamento plantee
unas propuestas con un cierto tono de provocación como cuando afirma que el
deseado diálogo “no se puede eternizar”. ¿Es una velada amenaza? Y es
igualmente rechazable, por la falta de respeto a otras opciones legítimas sobre
las relaciones de Cataluña y España, que la pretendida “consulta” solo verse
sobre “la pregunta”, dando a entender que es única y excluyente fuera de la
independencia. Si fuere así, debemos rechazar y denunciar un programa tan
sesgado como engañoso para los ciudadanos.
Y, para
concluir, el objetivo constitucional de que la libertad y la igualdad de los
ciudadanos sean “reales y efectivas” en el marco de una democracia avanzada
—centro de la Constitución y del Estatuto vigente— ha quedado limitado a una
genérica referencia a la “profundización del Estado del Bienestar”.
Proclamación que, como ha sostenido SOS Racisme, está “en flagrante
contradicción con las políticas económicas del actual gobierno”. Realmente,
estamos ante un gravísimo retroceso histórico que, como siempre, perjudicará a
las clases populares.
Carlos Jiménez Villarejo es jurista y miembro de
Federalistes d’Esquerres.
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