Por Manuel
Martín García | El
Gobierno tiene problemas para continuar con la estrategia que ha seguido hasta
ahora de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública.
nuevatribuna.es
| Manuel Martín García | 19 Noviembre 2013 - 18:47 h.
El Gobierno
tiene problemas para continuar con la estrategia que ha seguido hasta ahora de
desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, debido a la presión en
contra de:
- Las
movilizaciones ciudadanas y profesionales que se oponen al deterioro del
sistema sanitario público
- Los
problemas económicos asociados a la financiación mediante la colaboración
privada
- Las
resoluciones judiciales, que han paralizado la adjudicación de hospitales a
empresas multinacionales y a fondos de inversión.
En esta
situación, el Gobierno pretende resolver el momento de parálisis mediante una
estrategia fundamentada en la Creación de Unidades de Gestión Clínica, pero
desvirtuando la naturaleza integradora y racionalizadora de las mismas[1]. Su
intención es fragmentar los centros sanitarios públicos en microempresas
dotadas de entidad jurídica propia (lo que les confiere autonomía para
administrar su personal y su presupuesto), gestionadas mediante las diferentes
fórmulas empresariales de la Ley 15/1997 y con capacidad para apropiarse de los
beneficios generados por la venta de sus servicios a otras Unidades o Centros
Sanitarios. Así se fomenta el desorden asistencial y la creación de un mercado
interno dentro del sistema sanitario. Se daría entrada al sector privado
(farmaindustria, multinacionales sanitarias, fondos de capital-riesgo, etc...)
a cambio de aportar recursos y capitalización. El sector privado podría
controlar la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas dirigidas a
los procesos asistenciales más prevalentes y/o de mejor relación
coste-beneficio, lo que le proporcionaría incalculables beneficios económicos
financiados con fondos públicos.
Por otro
lado esta estrategia pretende también pasar la responsabilidad de la prestación
sanitaria a una maraña de empresas interpuestas que en época de recortes
gestionaran la escasez y servirán de dique para las protestas.
En suma bajo
la apariencia de un termino que parece inofensivo, se pretende introducir Este
concepto es de manera encubierta, una empresarización de los servicios
hospitalarios y de los centros de Salud, que pretende convertirlos en empresas
"autónomas",- lo que nuevamente suena muy bien- abiertas al capital
empresarial personal, rompiendo la unidad de los centros, introduciendo el
mercado, los beneficios, los incentivos económicos puros y duros, y la
precariedad laboral de los profesionales derivada de la laboralización y
renuncia al estatuto vigente, entre otras muy perversas consecuencias. Estamos
realmente ante lo que se podría llamar un proyecto de “Gestión Clínica SA”.
Para
alcanzar estos objetivos el Ministerio de Sanidad ha adoptado dos medidas:
1. De manera
oculta y solapada, aprovechando la elaboración de la Ley 10/2013 destinada a
regular temas relacionados con la farmacovigilancia, ha introducido en su disposición
final quinta la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC), con su
personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas. Esta medida
elimina el régimen estatutario de los trabajadores de la sanidad pública, que
perderán estabilidad y derechos laborales y quedarán sometidos al control
empresarial de gerentes y responsables de las unidades clínicas.
2. El
Gobierno ha firmado un acuerdo con el denominado Foro de la Profesión[2],
formado por algunas organizaciones conservadoras muy alejadas de la gran
mayoría de los colectivos sanitarios y sindicales que, a cambio de algunas prebendas,
han dado su apoyo a la laboralización del personal de las Unidades de Gestión
Clínica, lo que supone un respaldo a la política privatizadora del gobierno y
divide al colectivo sanitario.
Consecuencias
previsibles:
1.
Desregulación y privatización del sistema sanitario, que se fragmentará en
múltiples empresas, en las que entraría el capital privado y de grupos
empresariales, que podrán influir de manera directa en las decisiones sobre:
qué hacer, cómo, quién y con qué, en la política sanitaria y en los procesos y
procedimientos asistenciales más interesantes económicamente.
2. Las
decisiones clínicas de los profesionales sanitarios se someterán a las
políticas empresariales. La laboralización del personal otorgará un gran poder
de control a las gerencias para influir en la libertad de decisión que hasta
ahora garantiza el carácter estatutario del personal.
3. Pérdida y
deterioro de los derechos de los trabajadores sanitarios, que para integrarse
en las Unidades de Gestión Clínica deberán renunciar a las garantías del
Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión). Los que
no lo hagan quedarán marginados dentro de los centros, sin acceso a las
innovaciones y nuevos recursos.
4.
Desaparición del modelo actual de Atención Primaria, cuya actividad quedará
sometida a los intereses empresariales de la nuevas unidades, con la función de
realizar el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de
rentabilidad (selección adversa).
5. Aumento
del gasto sanitario innecesario, ya que las unidades deberán dotarse de un
aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas
autónomas (gestión del personal, facturación de servicios, etc.). Además, el
sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las
tecnologías.
6. Pérdida
de calidad, seguridad y de acceso a los servicios de la ciudadanía,
especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables
económicamente para las nuevas Unidades Clínicas (selección de riesgos), las cuales
podrán apropiarse de los beneficios económicos que generen.
Quienes ganan:
Empresarios,
laboratorios, fondos de inversión, aseguradoras, consultoras, profesionales con
capacidad de influencia, personajes vinculados a la actual administración que
participen en la llamada puerta giratoria, el clan de gestores interesados en
ampliar el modelo empresarial y la burocracia .
Quienes
pierden:
Los
ciudadanos, dado que
la atención sanitaria quedará sometida a los intereses empresariales de las
Unidades de Gestión; profesionales y trabajadores sanitarios, que
perderán estabilidad, seguridad y libertad de decisión; el sistema sanitario
público, que además de fraccionado, será ingobernable, más costoso y
provocará más desigualdad; la Atención Primaria, que en un contexto de
debilidad, quedará relegada a portera de las Unidades de Gestión para
seleccionar pacientes y procesos.
¿Que hacer
para frenar este proyecto?
1. Crear un
clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión
Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la
atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales. Una buena
manera es colaborar firmando esta petición
2. Articular
una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores qué han
suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el
Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no
tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del
sistema.
3. Ampliar y
reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de
rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización.
4. Convocar
medidas de movilización social y profesional que exijan la retirada de las
Unidades de Gestión Clínica
En ello
estamos, y aunque somos conscientes de los problemas y dificultades que tiene
enfrentarse a esta estrategia, como en su día lo tuvo el denunciar las primeras
medidas de desregulación, empresarización y privatización del sistema
sanitario, es muy importante hacerlo antes de que logre sus propósitos, que no
son otros que convertir la atención sanitaria en un negocio a costa de la salud
de la mayoría de la población
[1] La
Gestión Clínica se entendida hasta ahora cómo “ la coordinación e integración
de los recursos que intervienen en los procesos asistenciales y la
incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de la práctica
clínica, que permitiría una mejor y racional utilización de recursos
[2] “se promoverá
un marco jurídico específico del profesional médico en el Sistema Nacional de
Salud y un modelo retributivo voluntario vinculado a la gestión clínica que
favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema
sanitario público”. El acuerdo vincula estos cambios a la Creación de Unidades
de Gestión Clínica. Como consecuencia el personal integrado de estas unidades
no podrá mantener las garantías del Estatuto Marco y deberá laboralizarse para
trabajar en las mismas, paso necesario para que las Unidades de Gestión Clínica
se constituyan en empresas autónomas con personalidad jurídica propia, acogidas
al modelo empresarial
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