Rafael Simancas | Sistema Digital
nuevatribuna.es
| 04 Noviembre 2013 - 18:52 h.
Sistema Digital | El Partido Popular, de la mano de
los obispos, ha dado una nueva vuelta de tuerca a la estrategia de incrementar
el peso del adoctrinamiento católico en la educación pública española. Como se
sabe, la llamada ley Wert en trámite recupera la enseñanza confesional como
asignatura curricular, evaluable, de oferta obligatoria y con alternativa
forzosa en los tramos de educación primaria y secundaria. No es una buena idea..
El artículo
27.3 de la Constitución Española legitima las reivindicaciones de quienes
esperan del Estado la garantía del “derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”. Pero tal precepto constitucional no obliga al Estado a
hacer de la doctrina religiosa una asignatura curricular en el sistema público
de enseñanza. Las administraciones pueden garantizar el acceso a la formación
confesional, por ejemplo, colaborando con el sostenimiento de los templos
religiosos en los que se lleva a cabo la catequesis, o facilitando
instalaciones públicas para que las iglesias impartan por sí mismas sus
postulados, cuando no incidan negativamente en otras utilidades.
Por otra
parte hay quienes reclaman justamente que el hecho religioso no puede quedar
fuera de los contenidos curriculares en una enseñanza de calidad. Desde luego
que es así. Ahora bien, el estudio científico del hecho religioso no tiene nada
que ver con el proselitismo y el adoctrinamiento llevado a cabo en las aulas
por una determinada confesión religiosa. La realidad de las religiones, en sus
perspectivas filosófica, histórica y sociológica, puede tratarse mediante una
asignatura específica o de manera transversal, pero siempre asegurando la
autonomía respecto a cualquier doctrina concreta. Defender lo contrario
equivaldría a reclamar, por ejemplo, una asignatura de adoctrinamiento
socialista bajo el argumento de que no puede obviarse el estudio de la
evolución política de nuestro país. Tampoco sería una buena idea.
Quienes
defendemos una enseñanza autónoma respecto a cualquier confesionalismo
religioso reivindicamos la mejor tradición ilustrada. Enseñemos a nuestros
jóvenes a hacer uso de la razón y el juicio crítico, en lugar de obedecer e
inclinarse acríticamente ante un dogma de fe. ¿Debe renunciar la escuela a la
formación moral? No, pero la única formación moral que un Estado aconfesional
puede impartir a los alumnos de la enseñanza pública es la que emana de los
derechos y deberes establecidos en su Constitución. Por eso el Gobierno socialista
impulsó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la coalición del
Partido Popular y la jerarquía católica se ha apresurado a desmontar. Y es que
la Constitución no se limita al artículo 27. Existe un artículo anterior, el
16.3, que mandata lo siguiente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Cierto es
que junto a la Constitución pueden esgrimirse los acuerdos establecidos por el
Estado español con el Vaticano en los años setenta. Puede esgrimirse su
cumplimiento, y puede defenderse su denuncia, que es lo que vamos a hacer los
socialistas españoles en la Conferencia Política del próximo fin de semana.
Es este un
debate importante, que debe realizarse sin renuncias pero con moderación,
porque afecta a la esfera de las creencias más íntimas y respetables. Quienes
defendemos una sociedad española laica y un Estado coherentemente aconfesional
no tenemos nada contra las creencias religiosas de nadie, ni contra la práctica
religiosa, ni contra el adoctrinamiento religioso de quien libremente lo solicite.
Entendemos tan solo que la libertad religiosa ha de amparar también a quienes
no participan de creencia o práctica religiosa alguna, y que el Estado de todos
y de todas debe mantenerse convenientemente neutral.
Hay una
salida razonable y respetuosa con todo el mundo. Dejemos la enseñanza
confesional fuera del currículum y del horario escolar en la educación pública.
Aseguremos el estudio científico y aconfesional del hecho religioso.
Garanticemos el libre acceso de las familias a la enseñanza privada impartida
desde la doctrina religiosa, con cargo a la financiación privada de quienes
opten de tal manera. Y, en tanto haya alguna confesión que no cuente con
instalaciones propias adecuadas, facilitemos el uso de los centros escolares
públicos, fuera del horario escolar, desde luego, para que las iglesias
diversas ofrezcan su doctrina a aquellos que libremente se lo soliciten. Con
sus propios recursos, claro está.
La coalición
de ministros del PP y obispos católicos no lo hará así. Pero les quedan solo dos
años de mayoría. ¿Nos atreveremos los demás? Espero que sí.

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