nuevatribuna.es | 20 Noviembre 2013 -
14:30 h.
Se
sabía; pero hemos tenido que conocer casos concretos, para confirmarlo una vez
más y darnos cuenta de que la justicia no es igual para todos. Decir que es
igual para todos es una falacia y mienten quienes lo afirman. Si eres rico y
poderoso, cárcel de oro; si eres pobre y mísero ciudadano, caerá sobre ti el
brazo de la justicia no tan ciega, empuñando espada, con todo su rigor.
Tenemos
derecho a que los jueces y tribunales impartan justicia, si consideramos que
nuestros derechos e intereses legítimos se ven perjudicados. La justicia no se
aplica a todos por igual. Además, hay que tener razón, demostrar que la tienes
y que la mayoría de los miembros de un tribunal te la den. Arduo empeño de
años. Tener razón se puede tener; la cosa se complica en su demostración —si
con buen abogado bien y con dinero mejor—. Más difícil es obtener la opinión
mayoritaria de los jueces y magistrados. Lo vemos cada día en las sentencias,
cada cual interpreta la cosa juzgada a su entender, y son justas si nos dan la
razón e injustas si nos la quitan.
Corren
malos tiempos para la justicia, incluso para el que la imparte. Que se lo digan
al juez Elpidio José Silva, perseguido por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), en la soledad de su conciencia, por haber metido a la cárcel a
Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid (CM); imputado por su posible
implicación en créditos irregulares al Grupo Marsans —el de Díaz Ferrán,
presidente de los empresarios españoles y ahora en la cárcel— y la compraventa
del City National Bank of Florida. El juez decretó su ingreso en prisión sin
fianza, por delitos societarios, administración desleal, falsedad en documento
y posible apropiación indebida. Hoy está en la calle por la anulación de
la causa judicial, por ser desproporcionada la prisión, según la Audiencia
Provincial.
El
acoso continúa. El pasado viernes fue multado con 1.000 euros, por el CGPJ por
«revelación de secretos» en una entrevista publicada por eldiario.es en junio
pasado. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene una causa
abierta contra el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, por
prevaricación, después de que la Fiscalía presentara una querella contra el magistrado,
por su instrucción contra el expresidente de CM. En España, meterse con los
banqueros, cuando se puede, sale caro, incluso para los jueces que investigan
delitos cometidos por el poder económico.
En
el recurso que ha presentado el juez en su defensa, solicita presentar como
prueba determinados correos electrónicos de Blesa, que pueden demostrar la
intención del banquero de defraudar y enriquecerse a costa de la Caja. En el
mismo recurso, el juez apunta a una posible relación de Miguel Blesa con el
caso Gürtel, y contactos con José María Aznar y su yerno Alejandro Agag, por
negocios de armas. Y hasta ahí podíamos llegar. Otro juez tocado por la Gürtel,
que es mano de santo para eliminar a jueces independientes, buenos
profesionales y dignos defensores de la Justicia.
Y
que me dicen del caso «infanta Cristina», como así tenía que denominarse a esta
derivación real del «caso Nóos» —su marido Iñaki Urdangarín es el principal
implicado junto con su socio—, derivado a su vez de la «Operación Babel», una ramificación
del caso «Palma Arena». Por todos es conocido, pero hagamos un resumen de este
lío.
En
abril de 2013, el juez José Castro —puesto ya en la picota—, decidió al fin
imputar a la hija de rey. En síntesis, el auto venía a decir: que no existen
evidentes indicios racionales de que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia
interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos;
pero que sí existen suficientes, de que prestaba su consentimiento, a que su
parentesco con el Rey, fuera utilizado por su marido y socio, a sabiendas de
que propiciaría un trato generoso por empresas privadas y privilegiado por las
Administraciones Públicas». Esto es, cuanto menos, un claro caso de tráfico de
influencias para enriquecerse.
La
Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de
Baleares, pasó, de ser acusador público a defensor de la realeza, recurriendo
la imputación —con la «absoluta conformidad» de la Casa Real—, al no existir
indicios suficientes para imputar a la infanta, considerando que el juez había
actuado de forma precipitada. La Audiencia de Palma levantó la imputación,
dejando la puerta abierta a la posibilidad de imputarla en el futuro por un
delito fiscal o de blanqueo de capitales. De momento el matrimonio fijó su
residencia en Suiza. Parece que dicen que «no hay riesgo de fuga».
Y
en esas estábamos cuando el pasado día 14, nos desayunábamos con que el famoso
defensor de la realeza —el fiscal Pedro Horrach, enamorado de la infanta, como
dice mi amigo Pareja—, adelantándose a la decisión del juez instructor y en
clara afrenta, pide que no se impute a Cristina, exculpándola de blanqueo de
capitales y delito fiscal. El fiscal no ha esperado un informe clave de
Hacienda, que determinará la cuota defraudada por la empresa familiar —al 50%
entre Cristina e Iñaki—. Si cualquiera de ustedes o yo mismo, estuviera
imputado por los delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y
blanqueo de capitales, como lo está el presunto delincuente Iñaki, estaríamos
acompañando a Bárcenas en su actual residencia; por cierto, que todo parece que
será el chivo expiatorio de la corrupción en el PP.
La
justicia no se aplica a todos por igual, no se utiliza la misma vara de medir
para unos que para otros. Tampoco las leyes son iguales para todos. El poder
tiene sus privilegios y además hace la ley, sin pensar en el interés general.
Unos salen de la cárcel tras pagar millonarias fianzas, y otros entran por
manifestarse defendiendo sus derechos y libertades; hasta por tocar el piano,
que se dice pronto.
El
ex director general de la CAM, Roberto López Abad, salió de la prisión, tras
haber depositado la fianza de 1,5 millones de euros —ha tardado seis días en
reunirlos—, que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez
—otro juez que está en el punto de mira—. Poder presentar una fianza de esa
cuantía, por si solo, ya tendría que ser motivo de investigación. Nadie tiene y
digo nadie, tal cantidad de dinero por trabajar honradamente, por muchas vidas
que tuviera.
La
judicatura poco solidaria, paralizada y al parecer asustada; los jueces
acosados, en la soledad de sus «puñetas» y la fiscalía militarizada. El 70% de
los presos en España son pobres, enfermos o drogadictos, mostrando que la
desigualdad existe. El rey por encima de la ley y su persona irresponsable
política y penalmente —por extensión, los miembros de su familia también lo
pretenden—. Se pasó de la justicia divina a la de los «hombres» y de la
justicia para unos a la justicia para todos; pero lo cierto es que la justicia
se aplica según la capacidad económica y de poder que se ostente. La Justicia
que está desolada, anuncia a través de El Roto que se rinde; habrá que
protegerla.

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