El Gobierno central permite que estos
departamentos sean privatizados
Sonia Vizoso Santiago de
Compostela 9 NOV 2013 - 19:41 CET6
Pilar Farjas, Ana Mato, Alberto
Núñez Feijóo y Rocío Mosquera celebran el aniversario del Sergas en 2012.
A finales
del pasado julio, con el país conmocionado por el descarrilamiento mortal del
Alvia, en La Moncloa y en el Boletín Oficial del Estado se daban dos
pasos cruciales para el futuro de la sanidad pública. El presidente Mariano
Rajoy firmó esos días un pacto con organizaciones de profesionales sanitarios
para impulsar las llamadas unidades de gestión clínica, unos departamentos que
estarán integrados por médicos, enfermeros y administrativos voluntarios que se
encargarán de reorganizar la asistencia sanitaria y recortar el gasto en
hospitales y ambulatorios a cambio de incentivos salariales. Al mismo tiempo,
el BOE recogía una sigilosa modificación normativa que permite que esos mismos
trabajadores puedan dejar de ser funcionarios cuando esas unidades que
decidirán cómo y en qué se gasta el dinero no sean 100% públicas y tomen la
forma de fundaciones, consorcios o empresas sometidas a derecho privado. La
Consellería de Sanidade se ha puesto manos a la obra para extender el modelo en
Galicia prometiendo que estos departamentos nunca se privatizarán, mientras en
sindicatos y colegios médicos cunde la alarma.
¿Debe un
médico que decide si prescribe o no un caro tratamiento recibir pluses por
reducir costes en su servicio? La Agrupación Médica de CIG-Saúde considera
“deontológicamente inaceptable” que se liguen los incentivos de los
profesionales del Sergas al ahorro en vez de a resultados relacionados con la
salud de los pacientes. Al director de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego
de Saúde (Sergas), Félix Rubial, sin embargo, ni se le pasa por la cabeza que
un facultativo pueda verse condicionado por estos pluses. “Estoy convencido de
que los médicos no tendrán esa tentación. Pongo la mano en el fuego por ellos”,
afirma Rubial, quien subraya que para que se repartan los pluses salariales “se
deberá alcanzar un mínimo muy exigente de calidad asistencial” que se medirá
con encuestas a los pacientes y a los propios trabajadores.
El Sergas
resta importancia a los incentivos que percibirá el personal de estas unidades
por ahorrar y considera un “error” pensar que este es su principal objetivo.
Rubial subraya que lo que pretende la Xunta es implantar una nueva manera de
organizar los servicios asistenciales que aumente su calidad, mejorando la
coordinación entre las especialidades médicas para “centrarse en el paciente” e
implicando a los profesionales “en las decisiones de gasto” para que “se
autorresponsabilicen”. “Nosotros defendemos la gestión clínica como implicación
de los profesionales en la gestión de los recursos, preocupación por la
eficacia, buena coordinación en la asistencia, etcétera”, replica el portavoz
de la Agrupación Médica de CIG-Saúde, Francisco Vizoso. “¿Pero por qué el PP le
llama así si solo quiere ahorrar costes? La gestión clínica está bien pero la
tienen que aplicar los que creen en la sanidad pública”.
Vizoso ve
detrás de este modelo de gestión clínica una artimaña de los responsables
políticos del PP para endosar a los empleados del Sergas la responsabilidad de
los recortes en la sanidad pública. A este temor se adhiere el presidente del
Colegio de Médicos de Pontevedra, Luis Campos, quien reclama que el cambio
organizativo conlleve la supresión de cargos directivos en el Sergas, una
medida, subraya, que sí proporcionaría un gran ahorro, pues el margen de
reducción de gastos en hospitales y ambulatorios ya es hoy en día “corto”.
El
ofrecimiento del Sergas a sus trabajadores para que se integren en estas
unidades ha provocado un revuelo en los centros sanitarios gallegos. Los
sindicatos están celebrando reuniones para alertar a los profesionales de que
se trata de un caramelo envenenado que puede poner en peligro su estatus
laboral. Sanidade está a punto de aprobar un decreto que regulará el funcionamiento
de estas unidades de gestión clínica, un texto que establece que no tendrán
“entidad jurídica propia” (es decir, no tomarán la forma de fundaciones,
consorcios o empresas públicas) y que los médicos o enfermos que entren en
ellos lo harán voluntariamente y no tendrán que dejar de ser funcionarios.
Estas disposiciones despejan en principio los fantasmas de la privatización de
las unidades, pero la consellería ya ha admitido que quizás tenga que modificar
pronto la norma para adaptarse al futuro decreto del Ministerio de Sanidad
sobre el mismo asunto. Y de ahí vienen los temores de los sindicatos. “Hay un
riesgo, casi una certeza, de que estas áreas pasarán a tener entidad jurídica
propia, creándose fundaciones o consorcios con una mínima participación del
Sergas y el resto, capital privado. Y ahí solo tiene cabida el personal
laboral”, explica el sindicato médico CESM-Galicia.
El Sergas
asegura que, aunque los cambios normativos del Gobierno central permitan
privatizar estas unidades, la Xunta no lo hará. “La normativa básica del Estado
abre esa posibilidad, pero en Galicia no la contemplamos”, afirma el director
de Asistencia Sanitaria, que esgrime como “elemento de tranquilidad” una
resolución aprobada por el Parlamento gallego con los votos del PP para que
estas unidades tengan una gestión 100% pública. Desde el Colegio de Médicos de
Pontevedra desconfían: “La promesa no sirve. Este popurrí normativo no nos da
garantías suficientes para estar tranquilos. Siempre tendremos la espada de
Damocles encima”, advierte el presidente de la entidad.
La única
experiencia que puede dar pistas sobre cómo funcionarán estas unidades se ha
ensayado en el Servicio de Psiquiatría del hospital de Ferrol donde Sanidade ha
desarrollado un proyecto piloto. En este caso se otorgó un enorme poder a los
directores, unos cargos de libre designación que, como recoge el borrador de
decreto de Sanidade, “podrán ser cesados discrecionalmente”. Serán ellos
quienes propondrán la “contratación de bienes y servicios”, supervisarán todas
las peticiones de material y controlarán la política de personal (a quién se
contrata, quién disfruta de un permiso o quién es sustituido). “El director es
el que ejerce la labor de liderazgo”, justifica Félix Rubial. El Colegio de
Médicos de Pontevedra reclama que este mando no sea elegido a dedo sino por un
concurso de méritos y alerta de los conflictos que se crearán cuando esta
figura no coincida con la del jefe de servicio.
En
Psiquiatría de Ferrol el 30% del ahorro se destina a dos tipos de incentivos:
un 80% a pluses salariales y el resto a inversiones y equipamiento de la propia
unidad. Fuentes conocedoras de la experiencia afirman que la principal fuente
de reducción de gasto son los recortes en la sustitución de personal. El
Sergas, por su parte, destaca que se redujeron las hospitalizaciones y se
aumentó la “calidad de las prescripciones” con más genéricos y menos
variaciones entre los tratamientos recetados por los facultativos.
El próximo servicio que comenzará a
funcionar como una unidad de gestión clínica es el Área de Cáncer del hospital
de Ourense, en la que está a punto de firmarse el acuerdo de funcionamiento.
Debido a la polémica que ha provocado el proyecto, el Sergas ha decidido
implantar estas áreas solo en ambulatorios o servicios hospitalarios en los que
la propuesta sea recibida por los trabajadores con “convencimiento”. “Tenemos
que ser selectivos porque este proyecto necesita liderazgo, vocación y
voluntariedad”, esgrime el responsable de Asistencia Sanitaria. “La gente que
se adhiera tiene debe estar plenamente convencida de dar el paso”.
Fuente: www.elpais.com
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