Óscar
Egido
11 de noviembre de 2013
Mientras el gobierno del PP
insiste en que estamos saliendo de la crisis y que los recortes se acercan a su
fin, sale a la luz el Plan Presupuestario para 2014 que ha enviado a Bruselas
(para que de el visto bueno) y que incluye ajustes adicionales para
ayuntamientos y comunidades autónomas de 17.500 millones de euros para los dos
próximos años. El ministro Guindos tuvo la desfachatez de decir públicamente
que no había “nada nuevo bajo el sol” en estos recortes que, sin embargo,
habían sido mantenidos bajo el sigilo más absoluto durante el reciente debate
sobre los presupuestos.
Aunque parte de esta cifra
incluye medidas ya tomadas, como el repago farmacéutico o la no reposición de
jubilaciones, esto en absoluto será suficiente. La única manera de obtener este
“ahorro” es la que ya conocemos: una nueva oleada de recortes en sanidad,
educación y servicios sociales, el cierre de empresas públicas despidiendo a
miles de trabajadores y subidas en toda una serie de tasas e impuestos
municipales y autonómicos, desde el de transmisiones hasta la entrada en las
piscinas públicas.
Reforma de la
Administración Local
Una parte esencial de todo
este plan es la llamada reforma de la Administración Local, que bajo la excusa
de eliminar duplicidades y racionalizar encubre un tremendo ataque contra los
servicios sociales. Hay que tener en cuenta que ayuntamientos y comunidades
autónomas son los encargados de gestionar no sólo educación y sanidad, sino la
mayoría de políticas sociales (dependencia, renta básica, albergues...) muchas
de las cuales son la última protección frente a la miseria.
La reforma de la
Administración Local obliga a los ayuntamientos a abandonar las competencias
que no le son propias. Por ejemplo, como Educación depende de las comunidades
se podría obligar al cierre de escuelas municipales o a prohibir que, como está
sucediendo en algunos casos, concedan becas o ayudas sociales para atenuar los
recortes de otras administraciones.
Otro punto importante es el
establecimiento de la obligación de publicar el “coste efectivo” de los
servicios públicos, lo que teóricamente cuesta ofrecerlos. Se justificarían así
brutales subidas de tasas y precios públicos para cubrir ese “coste”, y además
se obliga a traspasar el servicio público a otra administración que lo ofrezca
más barato, por ejemplo la diputación provincial. Dado que la contabilidad de
costes puede ser tan “creativa” como las demás ramas de la contabilidad, esto
evidentemente abre la puerta a la privatización generalizada de los servicios
públicos con la excusa de un menor coste que luego no será tal. Lo que sí se
garantiza es el trasvase de millones de euros a los bolsillos de unos pocos y
el empeoramiento generalizado de las condiciones de los trabajadores.
Una hecatombe social
Recientemente salía
publicado el informe de Cáritas, entidad nada sospechosa de bolchevismo, que
ponía de manifiesto la magnitud de la catástrofe social que viene sufriendo la
inmensa mayoría de la población del Estado español, donde la diferencia de
renta entre el 20% más rico y el 20% más pobre alcanza ya 7,5 veces, la cifra
más alta de la UE. Según los datos de 2012, la pobreza severa se ha duplicado
desde el inicio de la crisis, afectando a tres millones de personas, y el poder
adquisitivo por habitante ha disminuido más de un 10%. Una cuarta parte de los niños
españoles son pobres. La tasa de pobreza general ha pasado del 19,6% en 2008 al
21,1% en 2012, lo cual puede no parecer mucho pero se debe a que, debido al
empobrecimiento general de la población (la renta disponible está por debajo
del nivel de 2001), hace falta ganar menos de 613 euros al mes para ser
considerado pobre mientras que en 2008 eran 646. Entre 2012 y 2013, según
Eurostat, los salarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo real de 10
puntos porcentuales. Otros informes señalan cómo el desempleo sigue aumentando
(el juvenil ya se acerca al 60%), hay más de 600.000 hogares sin ningún tipo de
ingreso, miles de jóvenes tienen que abandonar los estudios y los indicadores
sanitarios se desploman (sólo en 2012 la espera media para ser operado pasó de
73 a 100 días, rebrotan con fuerza las enfermedades epidémicas...). El
capitalismo es, como decía Lenin, “horror sin fin”.
Los ricos cada vez más
ricos
Sin embargo, esta situación
tiene unos claros beneficiarios. Los recortes al gasto social ni siquiera están
evitando que la deuda pública siga creciendo. En 2014 superará por primera vez
el 100% del PIB, aumentando así el lucrativo negocio de los bancos, que ya
obtienen el 26% de sus ingresos del cobro de intereses al Estado (Abc,
30/10/13). Hay una clara relación entre la eliminación de las conquistas de la
clase trabajadora y el trasvase de dinero al bolsillo de una minoría
privilegiada. Según un estudio de Credit Suisse, los millonarios en el Estado
español aumentaron un 13% entre mediados de 2012 y 2013, lo que significa
47.000 personas más, sumando un total de 402.000, con un patrimonio igual o
superior al millón de euros.
Gente como Florentino Pérez
(ACS), las hermanas Koplowitz (FCC), María del Pino (Ferrovial) o Villar-Mir
(OHL) están expectantes ante el negocio de la privatización de servicios
públicos de agua, limpieza, transporte o servicios sociales. Ante la caída de
la construcción crece de nuevo uno de los negocios más tradicionales de la
burguesía española, el saqueo de las arcas públicas, algo de lo que también
saben Emilio Botín, los dueños de las eléctricas y la práctica totalidad de los
que aparecen en la lista de las 30 familias que según la revista Forbes dominan
la economía española acumulando fortunas obscenas: 32.000 millones de euros, de
los cuales 11.200 millones están en posesión de tres familias.
Expropiar a este puñado de parásitos y poner al
servicio de toda la sociedad, bajo control de los trabajadores, estos inmensos
recursos es la única alternativa para terminar con el paro, la miseria y la
desigualdad social que provoca el capitalismo.
Fuente: www.elmilitante.net
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