El exilio fue largo, eterno, repleto de memorias e historias
enfrentadas sobre la República y la guerra civil
4 de noviembre de 2013
Los tres últimos meses de vida de la Segunda República
fueron agónicos. Toda Cataluña cayó rendida a los pies de las tropas de Franco
en apenas un mes, en medio de la exaltación patriótica y religiosa. A mediados
de enero de 1939 entraban en Tarragona y el 26 en Barcelona. Las tropas
republicanas se retiraron hacia la frontera francesa de forma desorganizada.
Según la descripción de Manuel Azaña, “la desbandada
cobró una magnitud inmensurable. Una muchedumbre enloquecida atascó la
carretera y los caminos, se desparramó por los atajos, en busca de la frontera
(…) El tapón humano se alargaba quince kilómetros por la carretera (…) Algunas
mujeres malparieron en las cunetas. Algunos niños perecieron de frío o
pisoteados…”. Las bombas y los ametrallamientos de la aviación franquista
causaron numerosos muertos y heridos.
Esa tragedia y éxodo iniciados a finales de enero de
1939, con la caída de Barcelona, dejaron huella. Nunca, en su larga historia de
emigraciones, España había conocido una de esas características, por su
amplitud y duración, y tampoco Francia había acogido nunca sobre su suelo un
éxodo tan masivo y repentino como el de los republicanos españoles de 1939. Y
eso que España había pasado en su historia, desde los “afrancesados” y
liberales de 1814, una larga serie de exilios políticos y Francia experimentó
en los años veinte y treinta del siglo XX una llegada masiva de extranjeros que
la convirtieron en el primer país del mundo de inmigrantes: trabajadores
(polacos e italianos) y refugiados (rusos, armenios, judíos de la Europa
oriental y antifascistas italianos, alemanes y austriacos).
“La retirada”, como se conoció a ese gran exilio de
1939, llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese
año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000
volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles
de la dictadura franquista. Otras 15.000 personas lograron salir desde los
puertos del Levante, sobre todo del de Alicante, hasta el norte de Africa,
donde las autoridades francesas les recibieron también con la misma hostilidad
que en Francia. Pero los barcos italianos llegaron a Alicante antes de que
varios miles de ciudadanos pudieran embarcar en buques franceses y británicos.
Muchos de los capturados fueron ejecutados allí mismo. Otros, prefirieron el
suicidio antes que ser hechos prisioneros por los franquistas. Como el maestro
oscense Evaristo Viñuales, afiliado a la CNT de Huesca desde la llegada de la
República y consejero de Información y Propaganda del Consejo de Aragón. Se
suicidó junto con el cenetista Máximo Franco, jefe de la 127 Brigada Mixta de
la 28 División.
Francia no esperaba esa llegada tan masiva de
refugiados y el Gobierno de “concentración” de centro-derecha de Édouard
Daladier, que ya había mostrado escasas simpatías por la causa republicana
durante la guerra civil, estaba muy presionado por los grupos de la derecha más
reaccionaria, fascistas y xenófobos, y por sus medios de comunicación, para que
evitara la “invasión” de ese “ejército marxista en retirada”. En poco más de
tres semanas, 450.000 personas llegaron al departamento de Pirineos Orientales,
que apenas tenía un cuarto de millón de habitantes. Una vez allí, la mayoría,
especialmente los hombres civiles y los antiguos combatientes del ejército
republicano, pasaron a campos de internamiento o concentración, a los de la
playa de Argelés y Saint-Ciprien, en Vallespir y en la Cerdeña. Los 275.000
internados en campos que había en marzo de 1939 fueron disminuyendo
gradualmente, hasta quedar sólo unos cuantos miles un año después, en el
momento de la invasión de Francia por las tropas nazis.
A partir de esa fecha, unos 40.000 republicanos
españoles fueron trasladados forzosamente a Alemania a trabajar en las
industrias de guerra y muchos de ellos acabaron en campos de concentración,
sobre todo en Mathausen, donde murieron 5000 de los 7000 que fueron internados.
En la Francia de Vichy, Alemania, Argelia, los republicanos españoles fueron
tratados durante la Segunda Guerra Mundial como “rojos” que no tenían derecho a
la vida. Era la prolongación de los asesinatos, las persecuciones y de las
humillaciones para los vencidos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos.
“Aquí la libertad sólo la concede la muerte”, les dijo el comandante Caboche
cuando recibió a los españoles supervivientes de la División de Durruti en el
campo argelino de Djelfa (donde estuvo Max Aub desde noviembre de 1941 a
octubre de 1942).
Mucha más suerte tuvieron los veinte mil españoles que,
casi todos desde Francia, llegaron a México entre 1939 y 1950, una cantidad
escasa, si se compara con los 125.000 que se quedaron finalmente en Francia,
pero muy importante por su composición social y profesional: políticos,
intelectuales, escritores y profesionales liberales. Po allí pasaron, y la
mayoría allí murieron, Indalecio Prieto, Max Aub, Benjamín Jarnés, Luis
Cernuda, León Felipe, Emili Prados, Manuel Altolaguirre, Luis Buñuel, José
Bergamín y José Ignacio Mantecón. La nómina de personajes ilustres se extiende
por Puerto Rico (Juan Ramón Jiménez, Pau Casals), Gran Bretaña (Salvador de
Madariaga, Arturo Barea, Manuel Chaves Nogales), Bolivia (el general Vicente
Roj), USA (Severo Ocho, Ramón J. Sender) o por la Unión Soviética, donde
acabaron la mayoría de dirigentes políticos y cuadros militares con militancia
comunista, como Dolores Ibarruri, Enrique Líster o Juan Modesto.
Los tres presidentes de Gobierno que tuvo la República
en guerra murieron en el exilio: José Giral en México, en 1962; Francisco Largo
Caballero en París, en 1946, tras haber pasado por el campo de concentración
nazi de Orianenburg; y en la misma ciudad murió Juan Negrín en 1956. Manuel
Azaña, el presidente de la República y el político más importante de la España
de los años 30, murió en Montauban, Francia, el 3 de noviembre de 1940. Su
predecesor en el cargo, Niceto Alcalá Zamora, el primer presidente de la
Segunda República, murió en Buenos Aires, en 1949. De todos los presidentes de
Gobierno que tuvo la República en sus cinco primeros años en paz, sólo
Alejandro Lerroux murió en España.
La labor de difusión cultural y científica que
realizaron muchos de esos exiliados, sobre todo en Francia, México y Argentina,
ha sido estudiada con todo rigor y detenimiento. Hubo cerca de seiscientos
títulos de publicaciones periódicas en Francia y África del norte entre 1939 y
1975, mientras que el impulso editorial de Fondo de Cultura Económica y
Grijalbo en México, o de Epasa Calpe, Losada y Sudamericana en Argentina
permitió el conocimiento de la obra literaria de muchos de esos ilustres
exiliados y de obras significativas de la literatura española y universal
prohibidas por la censura en España.
Pero el exilio fue largo, eterno, repleto de memorias e
historias enfrentadas sobre la Segunda República y la guerra civil. Se culparon
unos a otros de la derrota y nunca pudieron establecer vínculos con la
resistencia interior, con la oposición política al franquismo, que, a su vez,
atravesó un vasto desierto durante esas dos primeras décadas de dictadura. Por
eso tuvo tanta repercusión la reunión que del 5 al 8 de junio de 1962
celebraron en Munich representantes de algunos grupos de oposición a la
dictadura. Monárquicos, católicos y falangistas alejados en ese momento de las
posiciones autoritarias, encabezados por Gil Robles y Dionisio Ridruejo, se
reunieron con socialistas y nacionalistas vascos y catalanes. Aunque el
comunicado final del encuentro sólo pedía cambios moderados y graduales, la
dictadura lo consideró un grave atentado contra España, “el contubernio de
Munich”, y detuvo y envió al exilio a algunos de los asistentes, a esos
“desdichados” que, según declaró el propio Franco, “se conjuran con los rojos
para llevar a las asambleas extranjeras sus miserables querellas”.
Cuando tras la muerte de Franco, en noviembre de 1975,
algunos de esos personajes ilustres, los que quedaban vivos, y otros cientos de
hombres y mujeres anónimos, pudieron de nuevo pisar suelo español, los campos,
los pueblos, las ciudades, las personas habían cambiado. Podían mantener sus
principios y los mantuvieron, hasta la tumba. Poco más les quedaba: la memoria,
que era suficiente. La guerra y la larga dictadura los había desarraigado. “No sé
dónde narices estoy” declaró a El País en marzo de 1980 el destacado militar
republicano Frederic Escofet, recién llegado a España: “Me parece que regresaré
pronto a Bruselas. Tengo miedo de llegar a sentirme extranjero en mi propio
país”.
Sólo y extranjero se encontró también el anarquista
Abad de Santillán cuando volvió a España a comienzos de 1976. En el Ateneo de
Barcelona un grupo de jóvenes “que reivindicaban a la Baader Meinhoff y otros
clanes marxistas o próximos a esa ortodoxia” le insultaron y los organizadores
dieron por concluida la conferencia, ante la perplejidad del orador.
El panorama que ofrecían los anarquistas históricos
como Abad de Santillán en los últimos años del franquismo era desalentador:
viejos, algunos ya muy viejos, destrozados por un exilio que nunca logró
recomponer a los diferentes grupos rivales, diseminados por Francia y los
países latinoamericanos, vivía para recordar, con una mezcla de nostalgia,
rabia y orgullo, aquellos años heroicos en los que habían constituido una fuerza
social de cambio. La posibilidad de recuperar al anarcosindicalismo como
movimiento de masas, tras la muerte de Franco, era nula. Estaban solos y sin
posibles aliados políticos, nacionales o internacionales, algo con lo que podía
contar, por ejemplo, la UGT, el otro sindicalismo destrozado por las divisiones
internas y la represión. Ni siquiera les devolvían el patrimonio que
reclamaban. Ellos, definitivamente, pertenecían a la España en ruinas que
habían tenido que abandonar obligados en 1939.
La transición a la democracia trató de borrar sus
recuerdos más incómodos de aquel pasado y, cuando en los años de gobierno de
Rodríguez Zapatero el Estado puso en marcha, aunque con mucha timidez,
políticas públicas de memoria, recordar el pasado para aprender, y no para
castigar o condenar, una parte importante de la sociedad reaccionó en contra.
El pasado se ha hecho presente, convertido ahora, entrado ya el siglo XXI, en
un campo de batalla político y cultural, donde se da la voz con más fuerza que
nunca, en libros, documentales y homenajes, a los supervivientes y a las
víctimas de aquellas experiencias traumáticas.
Estamos en la “era de la memoria”, tan incómoda para
muchos. Es una construcción social del recuerdo, que evoca con otros
instrumentos, y a veces deforma, lo que los historiadores descubrimos. No
sabemos qué quedará de todo ello para el conocimiento histórico de las
generaciones futuras, pero los historiadores tenemos la obligación de seguir
arrojando luz sobre la vida de esos hombres y mujeres.
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