La memoria del defensor del contribuyente es contundente con Hacienda: el
ministerio está aprobando normas “a escondidas”, viola los principios de
proporcionalidad y pone en peligro los derechos de los contribuyentes, concluye
su informe.
Las nuevas normas que el ministerio de Hacienda está
aprobando provocan “temor” en el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Es
lo que declara en su memoria anual en la que acusa al ministerio de “poner en
peligro, o al menos en riesgo de colisión, los derechos del contribuyente”.
“Un grupo
importante de las nuevas normas aprobadas pueden poner en peligro, o al menos
en riesgo de colisión, los derechos del contribuyente”, denuncia la Memoria
El informe es tan contundente que recuerda a Hacienda
que en la mayoría de los casos analizados “el fin no justifica los medios” y
concluye que, en algunos casos, “las medidas no respetan los derechos del
contribuyente”. La denuncia es especialmente relevante porque el Consejo para
la Defensa del Contribuyente se integra en el propio ministerio de Hacienda y
tiene como misión “velar por la efectividad de los derechos de los obligados
tributarios y atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema
tributario”. De hecho, esas denuncias han sido remitidas ya a la Secretaría de
Estado de Hacienda y a la Directora Estatal de la Administración Tributaria.
La denuncia detalla puntos concretos en los que el
fisco está excediéndose y en los que puede estar –según ese informe—vulnerando
la ley. A lo largo de 40 páginas detalla una lista de posibles excesos:
- Embargo
de bienes: Las nuevas normas permiten a Hacienda embargar
más dinero que el que se adeuda. Según el informe, la Agencia Tributaria
tiene ahora capacidad de embargar “cuantías mayores a las debidas”. Ese
mismo informe denuncia que Hacienda también excede el ámbito al que
deberían limitarse sus actuaciones al permitir el embargo de “bienes
inmuebles de una sociedad sin que el procedimiento recaudatorio se dirija
contra ella”. Así el fisco puede ahora incautarse de las propiedades y
acciones de personas “distintas al obligado tributario”.
- Prescripción
de los delitos: La Agencia Tributaria está considerando que se
interrumpen los plazos de prescripción con simples notificaciones o
trámites de declaraciones aunque el contribuyente no esté siendo
inspeccionado. Esa consideración es descrita como una “diligencia de
argucia” y contra ellas ha fallado el Tribunal Supremo. Sin embargo, la
Agencia Tributaria sigue aplicando ese criterio favorable a los intereses
del fisco y contrario al contribuyente.
- IRPF: El fisco también está alterando
aquí los plazos de prescripción a su favor, denuncia el Consejo para la
Defensa del Contribuyente. “Con esta disposición, la Ley prescinde lisa y
llanamente del instituto de la prescripción. No le basta al legislador con
la dureza de las sanciones establecidas por no suministrar la información,
sino que con esta nueva disposición anula para tales bienes el instituto
de la prescripción”, concluye.
El Defensor del contribuyente acusa a la Agencia
Tributaria de estar inclinando la balanza “a favor de la lucha contra el fraude
en perjuicio de la seguridad jurídica”, una actitud que describe como “más que
cuestionable” y que está llevando a “suprimir principios básicos del orden
tributario”.
Normas aprobadas “a escondidas”
El informe sobre los derechos de los contribuyentes
asegura que muchas normas se están aprobando “a escondidas” en “disposiciones
adicionales de normas reguladoras de cuestiones específicas que quedan lejos de
respetar el principio de seguridad jurídica”. “Es difícil defender que una
norma de cuyo incumplimiento se derivan sanciones muy graves modifique in
extremis el plazo para su ejecución en una Disposición Adicional del
Reglamento de los Impuestos Especiales”, pone como ejemplo el informe.
Pese a la avalancha de denuncias que suma el informe
del organismo y pese a que la ley 58/2003 que establece la constitución del
Consejo para la Defensa del Contribuyente contempla que el organismo “efectuará
las sugerencias y propuestas pertinentes en la forma y con los efectos que
reglamentariamente se determinen”, “durante el año 2012, el Consejo no estimó
precisa la presentación de ninguna propuesta normativa a la Secretaría de
Estado de Hacienda”.
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