Jaime Nicolás
reclama ante la Audiencia su derecho a trabajar, tras 18 meses de postergación.
Letrado del Constitucional, fue director de gabinete y mano derecha del
expresidente del Consejo de Estado Rubio Llorente
JUAN CARLOS ESCUDIER Madrid 04/11/2013
20:16 Actualizado: 04/11/2013 20:58
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, habla por
teléfono durante desde su escaño en el Congreso de los Diputados. EFE/Paco
Campos
Jaime Nicolás Muñiz no es un empleado público
cualquiera. Nivel 30 desde hace más de 25 años y con 40 de antigüedad, este
alto funcionario se licenció en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales en la
Universidad de Constanza (Alemania). Es administrador civil del Estado
y letrado del Tribunal Constitucional. Hasta su cese en 2012 fue el
director de gabinete y mano derecha del entonces presidente del Consejo de
Estado, Francisco Rubio Llorente. Con anterioridad ejerció de asesor ejecutivo
de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, dirigió el Centro de
Estudios Superiores de la Función Pública, fue el responsable de Estudios y Prospectiva
en RTVE y el subdirector de Investigación del Centro de Estudios
Constitucionales, organismo que llegó a dirigir en funciones . Ponente,
conferenciante, asesor en procesos de democratización, germanista, autor de
decenas de estudios sobre constitucionalismo y gobernanza, su extenso
currículo es casi inabarcable.
Tras el relevo en la presidencia del Consejo de Estado,
a Nicolás Muñiz le correspondía por derecho regresar al Ministerio del
Interior, trámite que se postergó artificialmente casi dos meses. Finalmente,
fue destinado a la secretaria de Estado de Seguridad como vocal asesor y
asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE). Se le dio
un despacho y comenzó a cumplir su jornada laboral. Lo que nadie le dio
jamás fue trabajo, lo que le ha llevado a presentar el pasado 25 de octubre, 18
meses después de estar mano sobre mano, un recurso ante la Audiencia Nacional
por violación de sus derechos fundamentales.
En ese tiempo, según su propio testimonio, sus
reclamaciones han sido constantes. El pasado 18 de julio registró
un escrito dirigido al nuevo secretario general del GIESE , José
Hurtado Quero, en el que denunciaba la situación de humillación
laboral a la que estaba siendo sometido. Se acogía el funcionario a la
vía especial de lucha contra el acoso en la Administración, un acuerdo de mayo
de 2011 que especifica como primera causa de acoso no dar trabajo durante un período
prolongado, y que obliga a resolver sobre la admisión o no admisión a trámite
de las denuncias en un plazo de diez días.
"Me dijo que ya
había dicho a quién correspondía que no había trabajo para mi"
En el relato daba cuenta tanto de las evasivas del
anterior secretario general ante sus demandas de trabajo -"me dijo que ya
había dicho a quién correspondía que no había trabajo para mí y me manifestó
que no estaba dispuesto a inventarse trabajo, que no sería bueno ni para él ni
para mi"-, la indiferencia del secretario de Estado, Ignacio Ulloa -su
compañero en el cuerpo de letrados del Constitucional- y las razones de sus
silencios: "Una persona de su más inmediato entorno, tras
contactar con él, me informó que había recibido órdenes tajantes de que no se
me diera ni agua y que, con esa premisa, el secretario de Estado no
podía hacer nada para ayudarme". La denuncia fue remitida por registro al
secretario de Estado cinco días después.
Pese a que el escrito señalaba directamente al ministro
como responsable último del acoso -"juzgo imprescindible que se aclaren
las circunstancias por las que me encuentro en esta situación y el origen de la
orden o instrucciones que la provocaron"-, tanto el Ministerio como la
secretaría de Estado la ignoraron.
Ello provocó que dos meses después, concretamente el 19
de septiembre, Nicolás Muñiz dirigiera
su denuncia al propio ministro. En el documento, al que ha tenido acceso
este diario, le exigía restablecer sus "derechos fundamentales
violados" así como la "reparación de los daños morales y materiales y
ocasionados". Se trataba de un requerimiento previo a la interposición
del contencioso-administrativo en defensa de su honor, dignidad, integridad
moral y derecho al trabajo y al libre e igual ejercicio de funciones. El
Ministerio ignoró el plazo legal de 20 días para contestar al requerimiento.
Ante el incumplimiento, e independientemente de la
preparación del contencioso, el funcionario pidió por escrito al secretario de
Estado, cargo que ya ocupaba Francisco Martínez, letrado de las Cortes, que
iniciara sin demora el expediente administrativo como establecía el protocolo
contra el acoso. Sólo a partir de ese momento el Ministerio pareció movilizarse
para evitar el escándalo.
Al frente de las gestiones, y sin aparente competencia
para llevarlas a cabo, se situó el jefe de gabinete de Martínez, Alejandro
Sánchez García, ex alcalde de la Línea de la Concepción por él PP. Público intentó
sin éxito recabar la versión de Alejandro Sánchez.
Las gestiones no fructificaron porque los responsables
de Interior obviaron la reparación moral de Nicolás Muñiz exigía. A lo más que
llegaron fue a resolver el 11 de octubre su traslado al gabinete del propio
ministro, con la esperanza de que así aceptaría dar carpetazo al asunto tan
enojoso. Sin embargo, dicho traslado no fue comunicado formalmente al afectado
y ahora se encuentra en suspenso, posiblemente como castigo a la continuación
de las acciones de reparación emprendidas por el funcionario.
Ante la inminencia del recurso a la Audiencia y con
tres meses de demora el Ministerio abrió finalmente las diligencias previstas
en el protocolo de acoso. Jaime Nicolás fue interrogado en dos ocasiones -el 23
y el 28 de octubre, aunque en esta fecha el caso ya se encontraba
judicializado-. Nadie ha sido capaz de explicarle el porqué del ostracismo, que
ha debido de ser forzoso y no voluntario, ya que en ese caso alguien le habría
reconvenido.
Interior dice que nunca quiso marginar al funcionario
Un portavoz de Interior aseguró a este diario que nunca
hubo voluntad de marginar al funcionario y negó que en el Ministerio se
hubieran recibido sus escritos, pese a que todos ellos llevan el
correspondiente sello del registro. En este sentido, destacó que a partir del
pasado mes de julio había empezado a ser convocado a las reuniones del staff de
la Gerencia (dos a la semana). En ese momento y si lo denunciado es cierto,
Nicolás Muñiz llevaba 16 meses sin actividad alguna.
El citado interlocutor añadió que la prueba de que el
Ministerio no quiso marginarle es una
instrucción del secretario de Estado al general José Hurtado de fecha
15 de octubre en la que le reitera "las órdenes previamente trasladadas de
concretar las funciones y responsabilidades" del funcionario.
Sorprende la fecha del 15 de octubre porque, al menos
teóricamente, la secretaría de Estado había cursado su traslado cuatro días
antes. En suma, el escrito hacía referencia a las ocupaciones del funcionario
en el GIESE a sabiendas de que su puesto ya no era ése. El portavoz antes
citado reconoció que se había concedido su traslado con fecha 11 de octubre,
"pero luego se anuló porque Jaime Nicolás insistió en seguir adelante con
su denuncia. La
anulación, en realidad, era una suspensión que el director de
gabinete del secretario de Estado, el ya citado Alejandro Sánchez, solicitó el
24 de octubre.
"Pidió
más dinero y una condecoración y por ahí no se podía ceder" añadió el
responsable de Interior, algo que, por otra parte, ya reclamaba el funcionario
en la denuncia dirigida a Jorge Fernández Díaz. En ella requería al ministro
para que se pusiera fin de inmediato "a la situación de acoso denunciada,
con delimitación de las responsabilidades administrativas a que hubiera lugar,
mi restablecimiento íntegro en los derechos fundamentales violados y reparación
de los daños morales y materiales ocasionados".
Fuente: www.publico.es
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