Por Esther
Nieto Blanco | La
sanidad de un país y su SNS, -al igual que la educación-, no puede ser una
empresa económicamente rentable, pero sí socialmente viable.
nuevatribuna.es | Esther Nieto Blanco, Asociación para
la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
| 15 Noviembre 2013 - 09:41 h.
La Comunidad de Madrid, junto con la Comunidad
Valenciana, han sido abanderadas, líderes de esta ideología neoliberal que
promueve la venta de los bienes públicos
La salud de
los ciudadanos de un país y su protección es un derecho recogido en la
Constitución. La organización sanitaria del Estado o la Autonómica, es un
estructura muy extensa, multifuncional y compleja, quizás la de mayor
complejidad, por el número de personas a las que da servicio, por la diversidad
y variabilidad de sus prestaciones, por sus diferentes ámbitos de atención, por
el número de personas que emplea y sobre todo, por la fragilidad y
vulnerabilidad de las personas a las que atiende y cuida.
La
asistencia sanitaria universal, las pensiones y atención a la dependencia,
constituyen los pilares principales del estado del bienestar en los países
occidentales. Su sostenibilidad financiera es motivo de debates y reformas en
los últimos 15 años, reformas que han optado en varios países por la
privatización de muchas de las prestaciones que con anterioridad eran públicas.
En nuestro
país este debate viene de lejos, - el Informe Abril en 1991- ya ponía en
cuestión la eficiencia del SNS tanto, por el aumento de la demanda de la
población, como por su envejecimiento, - en un horizonte de recursos limitados-
que lo haría viable en el tiempo; y así recomendaba que la atención sanitaria
no fuera controlada por el estado, entre otras propuestas.
La
aprobación de la Ley 15/1997, durante el gobierno del PP, abre la puerta a
métodos de gestión que permiten la oportunidad para el negocio sanitario. Este
modelo se había iniciado en 1979 en el Reino Unido, durante los gobiernos de
Margaret Thatcher. (Un documental reciente, “El espíritu del 45”, realizado por
Ken Loach, da cuenta de la construcción de su servicio socio-sanitario- el
HNS-, y sus protagonistas octogenarios, van recordando los logros alcanzados, y
cómo la victoria conservadora de los años 80, cercena la mayoría de las
conquistas, provocando un retroceso impensable). Un espejo donde mirarnos.
El debate,
la controversia sobre nuestro SNS, se ha mantenido en el tiempo, con mayor o
menor repercusión social y mediática, dependiendo de los intereses políticos,
económicos, sociales o profesionales. La forma de abordar la actual crisis
financiera, por los gobiernos con políticas neoliberales, ha acentuado dicho
cuestionamiento que se ha hecho extensivo a todos los servicios públicos.
La hegemonía
de las políticas conservadoras y reformistas ha ganado alternativamente en las
urnas en la última década, lo que ha propiciado y justificado la política de
recortes y privatizaciones que se han ido sucediendo en estos cuatro años,
aunque con intensidades y prioridades diversas, según ideologías y territorios.
Voces
autorizadas, avaladas por diversos estudios han rebatido y desvelado los
tramposos argumentos, las medias verdades, y las falsedades de algunos
representantes políticos cuando en el Parlamento, en los medios de comunicación
u otros foros, se expresan sobre esta cuestión. Y además, los ciudadanos y los
trabajadores públicos, sean o no funcionarios –tan denostados estos- se han
revelado y rebatido en la calle, en las aulas, en los centros sanitarios, las
políticas conservadoras que han hecho de lo común, de lo público, una
oportunidad de negocio.
El Sistema
Nacional de Salud (SNS) desde su creación en el año 1986 con la promulgación de
la Ley General de Sanidad, se fue haciendo camino en todo el estado, arropado
por leyes y estatutos, que garantizaban las trasferencias sanitarias a todas la
CCAA, con ritmos temporales diversos, como todos conocemos. La piedra angular y
constitutiva del estado del bienestar se hacía realidad tras años de
reivindicaciones sociales y profesionales, sostenida por un amplio consenso
político. Su desarrollo y evolución en cada territorio ha sido diversa y es
causa, aún hoy, de algunas desavenencias entre comunidades. No es el propósito
de estas líneas profundizar en esta cuestión, dado que hay análisis específicos
y extensos sobre la misma. Sí nos gustaría señalar, que tanto las reformas
estructurales, como las producidas sobre prestaciones sanitarias, bien por el
Ministerio de Sanidad, o por los Gobiernos Autonómicos, derivaban y se
fundamentaban en el modelo de política sanitaria que cada partido de gobierno
tenía.
Durante 30
años, la universalización de la atención sanitaria, la equidad y el carácter
público de los servicios han sido las características referenciales de este
modelo, desarrollado ya en otros países de Europa, tras la 2ª guerra mundial.
Muchos son los beneficios que los ciudadanos hemos obtenido desde su
implantación, y en las encuestas, año tras año, ha quedado reflejada nuestra
satisfacción, aunque no exenta de críticas y propuestas para mejorar el
sistema, impulsadas por amplios sectores profesionales, ciudadanos, desde los
sindicatos o los políticos.
Ya
señalábamos que la cohesión y perdurabilidad del SNS está en tela de juicio. A
la controversia y debates sobre sus fundamentos, sobre las diferencias
sociodemográficas de las distintas comunidades, sobre su sostenibilidad
económica, se han sucedido los debates ideológicos sobre derechos y
prestaciones. Se han aprobado leyes que ponían en solfa estos principios y
derechos, como: la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción sexual
reproductiva o los cuidados paliativos, entre otros y, a pesar de ello, el
sistema ha aguantado aunque se ha debilitado. A los embates ideológicos se han
sucedido los de financiación, los de los pacientes trasformados en
consumidores, todo ello unido a los intereses de diferentes sectores,
-farmacéuticas, organizaciones profesionales, las aseguradoras del sector- y
otros actores menos visibles, que han ido tensando la cuerda de la solidaridad
entre generaciones y territorios, entre sanos y enfermos, entre profesionales.
La sanidad
de un país y su SNS, -al igual que la educación-, no puede ser una empresa
económicamente rentable, pero sí socialmente viable. La diversidad de sus
presentaciones de naturaleza tan distinta y en ámbitos geográficos tan
diferentes, incide en que determinados dispositivos sanitarios, -los ubicados
en las zonas rurales o mal comunicadas-, resulten poco “eficientes” desde la
perspectiva economicista. Y aunque todos, según la Constitución, somos iguales,
vemos como en algunas CCAA se proponen cerrar dispositivos sanitarios, en aras
de esa eficiencia económica, una irresponsabilidad manifiestas.
Hoy,
atónitos, temerosos, e indignados asistimos a los recortes, a la mutilación de
derechos, a la exclusión de la asistencia de los inmigrantes sin papeles, de
los jóvenes mayores de 26 años sin empleo, a que la salud reproductiva libre de
las mujeres la decidan otros, al repago de los medicamentos incluyendo los de
dispensación hospitalaria, al pago de la tarjeta sanitaria, entre otros
antiguos derechos. Y además, presenciamos como se va gestando el proceso de
privatización de la asistencia sanitaria, tanto de la Atención Primaria, como
de la especializada y la hospitalaria. Esta conculcación de derechos, estas
podas en las prestaciones sanitarias no han sido homogéneas en todas las
autonomías y varias se han opuesto a la aplicación de algunos decretos
ministeriales, incluso en aquellas donde gobierna el PP, propulsoras de este
modelo.
Es además,
muy preocupante observar, como señala Josep Fontana, en su libro “El futuro es
un país extraño” que la crisis financiera obedece a un proyecto social que ha
empezado privatizando la política y aspira a privatizar el estado.
La Comunidad
de Madrid, junto con la Comunidad Valenciana, han sido abanderadas, líderes de
esta ideología neoliberal que promueve la venta de los bienes públicos, que en
depósito por un tiempo, los ciudadanos con su voto confirieron a sus
representantes políticos, y que ahora dilapidan sin sonrojo, sin trasparencia,
de forma insensata e irresponsable para así favorecer intereses mercantiles, y
en ocasiones espurios, donde los intereses personales parecen haber primado
sobre el interés público.
En la CAM
estos hechos, que se ha venido gestando desde hace varios años, han provocado
un gran rechazo entre los trabajadores sanitarios, y la ciudadanía, provocando
una amplísima movilización social, de la que han ido dando cuenta los distintos
medios de comunicación nacionales e internacionales.
Era
Presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, corría el año 2000, y prometía
en aquellas elecciones, la construcción de 7 hospitales en esa legislatura y
con financiación público-privada.
Durante
estos años, se ha preparado el terreno, fertilizándolo con la desacreditación
de los sindicatos del sector y de los trabajadores, con acusaciones falsas,
graves (caso Leganés, por ejemplo), y se ha puesto en cuestión la eficiencia
del sistema público y la satisfacción de los ciudadanos. Se han realizado
cambios legislativos y organizativos, como por ejemplo, la supresión de las 11
áreas sanitarias que conformaban el mapa sanitario de la comunidad, y la
creación de un área sanitaria única que englobaba a toda la CAM: un disparate
organizativo, necesario para que el negocio sanitario fuera más atractivo,
viable y así facilitar la derivación de pacientes de la sanidad pública a la
privada, con el gancho de la libre elección.
Abonado el
terreno, en el 2012, se aprueba el “Plan de sostenibilidad”, elaborado por el
Gobierno de la CAM y se da luz verde la privatización de 6 hospitales y de 27
centros de salud.
La opacidad
informativa, la ausencia de documentos y programas que fundamenten de forma
rigurosa, contrastada, tal decisión, ha sido el modus operandi de los sucesivos
gobiernos del PP, con sus respectivos consejeros de sanidad: Lamela, Güemes y
Lasquetty, que alardeando de su mayoría absoluta en las urnas, se sienten
legitimados para vender el patrimonio sanitario. Al sucesor y heredero, Sr.
Ignacio González, le ha tocado ir cerrando el negocio, que como en Eurovegas,
creía ultimado. Si bien, la ciudadanía, los trabajadores, sindicatos de clase y
profesionales, asociaciones científicas, etc., han dicho basta: NUESTRA SANIDAD
NO SE VENDE, SE DEFIENDE.
Un año de
movilizaciones en la calle, en los centros, unidos todos en la gran marea
blanca, que ha inundado Madrid de entusiasmo social y de lucha reivindicativa,
de un sector poco proclive a salir de sus centros. Y en estos últimos meses,
los jueces nos dan la razón, y paralizan el proceso de privatización por
irregularidades manifiestas y además llama a declarar a los 2 exconsejeros de
sanidad, artífices de este despropósito. Una victoria parcial, pero importante,
un reconocimiento que estimula y favorece el seguir manteniendo la presión
hasta conseguir los objetivos irrenunciables. Nada, nunca, se ha conseguido sin
lucha.
Esther Nieto
Blanco |
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/
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