Es absurdo que el Rey no pueda ser
reemplazado ni en caso de baja temporal
Dice el gran jurista italiano Santi Romano que el Derecho es solo “forma”,
y por ello es necesario que se plasme en una institución y sea ordenado, tanto
en su estructura como en su régimen.
No sé si ello viene al caso, creo que sí, a la vista de lo que está
sucediendo con la institución monárquica en nuestro país. Con motivo de las
reiteradas operaciones del Rey que la encarna, se está comprobando cuán
necesitada está de tener una “forma” que le dé la solidez de la que se está
viendo carece; al menos en su componente jurídico-formal, en la que el vacío ha
aparecido estrepitosamente cuando el Monarca ha tenido que ser intervenido y
nadie parece saber a qué atenerse para llenar ese hueco.
Así, hemos visto escenas, como la entrega de credenciales, en tropel, por
parte de 16 embajadores la mañana de una operación, que más parecían un grupo
de visitantes cumplimentando al Monarca.
No sé qué habrán pensado en los países de los citados embajadores, que no
han podido intercambiar más que un apretón de manos con el jefe del Estado ante
quien se presentaban, como requisito previo e imprescindible para comenzar sus
funciones de plenipotenciario de su respectivo país. Ni una audiencia privada,
ni un cambio de impresiones, ni una exposición de sus líneas de actuación, ni
trasladar, siquiera, un mensaje de su respectivo jefe de Estado. En fin, algo
realmente insólito.
¿Y por qué? Pues simplemente porque la Jefatura del Estado español es
indelegable e insustituible; pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, salvo que
abdique —y ello está descartado y se dice que ni siquiera se ha planteado—, o
se le inhabilite y así lo reconozcan las Cortes Generales —lo que tampoco está
previsto por ahora—. De no ser así, el Rey puede seguir ejerciendo sus
funciones tanto desde el hospital como desde su domicilio, lo que parece no
importar.
Nombramientos, leyes, decretos,
viajes, tienen que esperar al restablecimiento del Rey
Así llegamos al principio de esta reflexión: nuestra institución
monárquica, que es además parlamentaria, carece de suficiente “forma” y, por
tanto, de regulación jurídica, que permita afrontar con claridad y sencillez
los supuestos de sustitución o delegación.
Resulta increíble que después de 35 años de vigencia, los 10 artículos de
la Constitución que se ocupan de la Corona no hayan previsto ni tan siquiera la
simple baja por enfermedad del Rey —no ya su inhabilitación—, a la que
cualquier ciudadano trabajador tiene derecho y se supone que el Rey también lo
es.
De esta suerte, las importantes funciones del Rey reseñadas en los
artículos 56 y 62 de la Constitución Española tienen, necesariamente, que
hacerse esperar a su recuperación, como son las actividades de representación
fuera de España; o bien desarrollarlas como buenamente pueda, como en el caso
de la recepción de los embajadores antes citada.
Es más: si el presidente del Gobierno quisiera destituir a un ministro y
nombrar a otro, tendría que esperar al alta del Rey o ir al hospital o a la
habitación donde convalezca para que sancionara la decisión con su firma. Y lo
mismo puede decirse de las leyes a promulgar, expedir decretos, conceder
indultos y conferir empleos tanto civiles como militares, lo que se hace
prácticamente a diario. Y esperemos que no hayan de convocarse elecciones o
ejercer efectivamente el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Además, claro
está que no puede ir ni a Talavera de la Reina ni a Vitigudino, como
gráficamente señaló el doctor que lo operó. Menos aún salir de España para la
importante función de representarla.
Los más viejos de la localidad recordarán, aunque ello rechine
políticamente, pero es nuestra historia, que cuando Franco tuvo que ser
intervenido asumió interinamente (en julio de 1974) la Jefatura del Estado
precisamente el entonces Príncipe y hoy Rey, Juan Carlos; además, con un grave
conflicto prebélico con Marruecos por la soberanía del entonces Sáhara español.
Es llamativo que Franco, que se decía “caudillo de España por la gracia de
Dios”, sí podía ser sustituido; y sin embargo no pueda serlo un Rey
constitucional y parlamentario.
Uno tuvo el honor de asistir como senador al acto solemne y extraordinario
de las Cortes Generales reunidas en el Congreso en enero de 1986, mediante el
que el actual príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, prestó
juramento de acatamiento a la Constitución y de desempeñar fielmente sus
funciones. ¿Y cuáles son estas? Ahora se ve que no las tiene legalmente
establecidas. No tienen “forma” y, por ello, empieza a hablarse de regularlas;
pero, naturalmente, sin prisas y con pausas.
De haberse regulado —y tiempo ha habido—, el Príncipe podría perfectamente
sustituir a su padre mientras estuviera de baja temporal en todas las funciones
que le corresponden. ¿Acaso no es esto lo lógico? ¿O solo podrá hacerlo cuando
se le inhabilite o fallezca? Es realmente absurdo y no ocurre en ningún país
moderno y democrático y no digamos constitucional. Una vez más somos
diferentes.
Miguel Cid, exsenador
socialista, es abogado y doctor en Derecho.
Fuente: www.elpais.com
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