22 de noviembre
de 2013
Organizaciones sociales denuncian que la
nueva norma ataca a los colectivos más desprotegidos.
Ana
Botella
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Escupir en
la calle: hasta 750 euros de multa; ir en monopatín en zonas no destinadas a
ello: hasta 750 euros; ofrecer servicios de limpiaparabrisas a los conductores
de vehículos: hasta 1.500 euros. El borrador de la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Madrid ha
añadido al catálogo de conductas sancionables un sinnúmero de acciones que hará
más difícil salir a la calle y volver a casa sin una multa.
Entre las
novedades de la norma municipal, que será aprobada previsiblemente a principios
del próximo año, destaca el castigo a los clientes de
trabajadoras del sexo, que podrán ser sancionados con hasta 750
euros de multa en situaciones generales y hasta 1.500 cuando sea en zonas
sensibles, como en los alrededores de centros escolares.
Clandestinizar
la prostitución
Organizaciones
de apoyo a las trabajadoras del sexo, como Hetaira, han valorado la inclusión en la norma del
castigo al cliente de prostitutas como muy negativa. “Las consecuencias que
puede tener en las condiciones de trabajo de estas mujeres son nefastas”,
advierte Elisa, trabajadora social y miembro de Hetaira, quien explica que “es
en la negociación con el cliente donde está la fuerza de la trabajadora del
sexo”, y que con la nueva norma el miedo a la multa va a provocar que esta negociación se clandestinice. “Y
todo lo que se clandestiniza se vuelve más vulnerable”, señala Elisa.
La nueva
infracción relacionada con la prostitución tiene como referente la ley sueca de penalización de clientes, una
norma que, según Hetaira, ha empeorado las condiciones de vida de las
trabajadoras del sexo. Esta asociación señala como objetivo de la infracción la
privatización del espacio público. “Les interesa limpiar las calles de lo que no les gusta para
hacer un modelo de ciudad de cara al turismo y al comercio”, advierte Elisa,
que señala como consecuencia de esta medida el que las prostitutas sean
abocadas a los clubes, en donde sus condiciones de trabajo están en manos de
los propietarios.
A nivel
práctico también surgen dudas sobre la aplicación de la medida. “¿Cómo se valora quién es cliente o no? ¿Acercarse
a hablar con una trabajadora del sexo ya sería sancionable?”, se preguntan
desde Hetaira. Aunque en el capítulo dedicado al régimen sancionador se
estipulan las multas relacionadas que se aplicarán a los clientes de
prostitutas, en un capítulo posterior, dedicado a “medidas cautelares”, se
explicita que los agentes de Policía informarán previamente de que la práctica
no está permitida y sólo si la persona persistiera en su actitud sería
sancionada por desobediencia a la autoridad.
La
mendicidad es otra de las actividades que
pasan a ser sancionables. Al igual que en el caso de los clientes de las
trabajadoras del sexo, los agentes de Policía estarán obligados a
advertir de la prohibición antes de sancionar y sus multas serán de hasta 750
euros cuando se realice en la entrada de centros comerciales, colegios,
hospitales o empresas en general, o hasta con 1.500 euros si es mendicidad
organizada. Ofrecer bienes y servicios a los conductores
de vehículos en los semáforos también será castigado con hasta
750 euros, menos en el caso de los limpiaparabrisas,
que recibirán una multa de hasta 1.500 euros.
La
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) se ha reunido con el
Ayuntamiento para expresar su preocupación por la nueva normativa. “Nos
preocupaba que pusiera el acento en la persecución de la mendicidad y en la
venta en semáforos. Eso nos parece muy peligroso y muy negativo, y eso les
hicimos saber. Esto está incluido en un epígrafe sobre dignidad de las
personas, y lo que atenta contra la dignidad de las personas no es que lo
hagan, sino las circunstancias que les empujan a ello”, explica Nacho Murgui,
presidente de la federación, quien señala que la reunión con el Ayuntamiento
no arrojó ninguna conclusión y que el próximo paso será presentar alegaciones al texto, antes de enero, a
partir de las observaciones realizadas por todas las asociaciones federadas.
Otra de las
actividades incluidas en la ordenanza es el transporte de drogodependientes a
espacios de venta de drogas, las denominadas “cundas”, que pasarán a ser
consideradas infracción muy grave. También se castigarán acciones más cotidianas,
como tirar un chicle, salpicar con el agua de una fuente, escupir en la vía
pública o sacudir el polvo de una alfombra, que supondrán una multa de hasta
750 euros.
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