Joan Coscubiela |
Diputado Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados
Viernes, 22 de noviembre del 2013
Hace años tuve la
oportunidad de poder apoyar la lucha de los trabajadores peruanos y sus
sindicatos en defensa de su Seguridad Social pública. Las circunstancias
quisieron que mi estancia en Lima se produjera pocos días antes del autogolpe
de Estado de Fujimori para perpetuarse en el poder.
Cospedal y Rajoy,
ayer, durante la reunión del comité ejecutivo del PP. DAVID CASTRO
"En
la semana del 20-N, el Congreso recorta las pensiones, se perpetra un pucherazo
en Castilla-La Mancha y el Gobierno anuncia una ley de seguridad ciudadana y
una ley antihuelga"
Desde entonces,
siempre que recuerdo la lucha por la Seguridad Social pública, me viene a la
mente su relación con la defensa de las libertades democráticas.
Y eso mismo me ha pasado esta semana, en lo que posiblemente sea uno de los
plenos del Congreso más duros, por la intensidad del ataque a los
derechos sociales y democráticos.
En una misma semana,
el Congreso aprueba la ley de recorte de las pensiones, se
perpetra un pucherazo en Castilla-La Mancha, que representa la
evidencia de que para el PP no hay límites, y se anuncia por parte del Gobierno
una nueva ley de seguridad ciudadana y una ley antihuelga.
Incapacidad de reacción
Sorprende la poca
repercusión que ha tenido la reforma del Estatuto de autonomía de
Castilla-La Mancha. Quizá porque la intensidad y diversidad de los obuses
lanzados contra las libertades es tal que la ciudadanía no tiene capacidad
suficiente de reacción.
La reforma del
Estatuto castellano-manchego tiene un único contenido: reducir el número de
diputados de las Cortes autonómicas. Y un único objetivo: la perpetuación
de Cospedal y el PP en el poder autonómico.
A pesar de los muchos
esfuerzos que hicieron los portavoces del PP para presentar su reforma del
Estatuto como una medida de austeridad, lo que confirma que el nivel de cinismo
y manipulación mediática del PP no tiene límites, en el debate quedó
claro que su único objetivo es el control político de su comunidad autónoma por
la vía de impedir la presencia de otras fuerzas políticas que no sean PP y
PSOE. Cada vez es más evidente que contra el PSOE, el PP vive mejor.
La dominación de las mentes
El resultado de esta
reforma estatutaria es que todas las fuerzas políticas que no superen el
14% de los votos no tendrán representación en las Cortes
Regionales. Conviene recordar que, no hace mucho, en una anterior
reforma, se aumentó el número de parlamentarios a elegir para facilitar la
hegemonía en la Cámara autonómica. Y que Cospedal, en una decisión de corte
mussolianiano, decidió que los parlamentarios autonómicos no cobrasen por su
trabajo, en una vuelta al sistema del siglo XIX, por el que solo podían ejercer
cargos de representación política los caciques, los señoritos o quienes
estuvieran a su servicio y en su nómina.
Más allá del
contenido concreto de las leyes aprobadas, en la actitud del PP hay todos los
elementos de los regímenes autoritarios con formas democráticas. En otros
momentos de la historia española a estas situaciones se les ha llamado
'dictablandas'. A quienes piensen que abuso del término primorriverista, porque
en estos momentos no existe intervención del Ejército, solo quiero recordarles
lo que dicen los sociólogos sobre las modernas formas de dominación
social. Antaño, el control de las sociedades por los poderosos se
realizaba a través del uso de la fuerza, la policía y los ejércitos. Hoy, el
control social no requiere de estos mecanismos tan burdos, porque el control
social se lleva a cabo a través de la dominación ideológica de las
mentes. El papel del ejército en el control social lo desempeñan hoy
los poderes mediáticos. Lo explica de maravilla el
profesor Manuel Castells.
Es ese control social
el que le permite a Rajoy la reforma de leyes básicas para el Estado social,
como la de pensiones, con el único voto a favor del PP y en contra de todo el
resto de partidos, así como de sindicatos, empresarios y organismos consultivos.
Y para poder imponer
sin oposición de ningún tipo estas contrarreformas sociales, se pretende
registringir el uso de las libertades y los derechos fundamentales. Se trata de
impedir la existencia de contrapesos sociales, ignorando que la democracia es sobre
todo la existencia de contrapoderes. Por supuesto, presentándolas como medidas
necesarias para garantizar la seguridad, la convivencia.
En la semana del 20-N
Una sociedad en la
que se concentra en una sola mano el control de todos los poderes --legislativo,
ejecutivo, judicial, organismos supervisores-- y se impide el ejercicio de los
derechos fundamentales, se aleja de las condiciones básicas de la democracia.
Una sociedad en la que quienes ostentan el poder van cambiando las reglas de
juego, las reglas institucionales, para adaptarlas a sus intereses partidarios
con el objetivo de mantenerse en el poder, carece de los atributos propios de
los sistema democráticos. Por eso me parece que en la semana del 20-N se
ha cruzado una línea peligrosa para la democracia.
El PP afronta esta
segunda parte de la legislatura con un doble objetivo, aparentar una
dulcificación de sus políticas económicas en un contexto de aparente y ficticia
recuperación y cohesionar a su electorado más derechista con políticas de régimen
duro en el terreno de las libertades civiles. En esta línea van las anunciadas
reformas de la ley de aborto, el proyecto de Código
Penal y las anunciadas leyes de seguridad ciudadana y
antihuelga.
En este contexto, la
reforma del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, impulsado por la que
es la secretaria general del PP, no es una medida más. Es la evidencia de que
en España se está materializando un autogolpe de Estado para la perpetuación
del PP en las instituciones. Esta semana no he podido dejar de pensar en
el Perú de Fujimori.
Fuente: http://www.elperiodico.com/

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