En algún momento hay que abordar la cuestión lingüística con
sensatez y ecuanimidad. Su uso para fines políticos ha envenenado la
convivencia y malgastado las energías ciudadanas hasta límites inauditos
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| ENRIQUE FLORES |
Diferentes analistas políticos han señalado que, después de la más que
previsible no consulta del 9 de noviembre, es muy posible que se abra una etapa
de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Sobre el fondo y la forma de ese
diálogo se han avanzado numerosas opiniones, pero casi todas parecen incluir
estos dos asuntos: mayor autonomía fiscal de Cataluña y blindaje de las
competencias en lengua. En este artículo queremos examinar la segunda cuestión
y proponer una posible respuesta por parte del Gobierno a esta petición de
blindaje del catalán.
Cabe, en primer lugar, preguntarse qué significa blindar una
competencia. Podría tratarse meramente de establecer un reparto categórico
de competencias entre niveles de gobierno. La política lingüística quedaría en
manos de la Generalitat, asunto sobre el cual el Gobierno y las Cortes tendrían
vedada la iniciativa. Tal reparto no tendría, en principio, nada de insólito, y
es usual en una concepción federal del Estado que ya está presente en nuestro
ordenamiento autonómico. Sin embargo, el empleo del dramático verbo blindar
(ajeno a la tradición federal) nos sugiere que se pretende otra cosa distinta.
No ya la renuncia de los poderes Ejecutivo y Legislativo a legislar en el
ámbito estatal sobre la lengua, sino la inhibición del poder Judicial a la hora
de enjuiciar la constitucionalidad de las leyes que emanen de órganos del
autogobierno catalán, con la consecuente exclusión de la posibilidad de que los
tribunales puedan conceder amparo a los ciudadanos que estimen sus derechos
dañados por la normativa catalana. En definitiva, por blindaje el nacionalismo
parece entender la suspensión de la jurisdicción constitucional en determinadas
áreas en las que no quiere intromisiones de los jueces. En ese sentido la
técnica del blindaje no tiene nada de federal —es, de hecho, antifederal—, y
los federalistas harían bien en no replicar el lenguaje nacionalista.
El federalismo no blinda competencias. Se entenderá con un
ejemplo: recientemente, un tribunal federal de EE UU ha estimado que la ley que
prohíbe el matrimonio homosexual en Florida es inconstitucional, dejándola sin
efecto. Ello, sin perjuicio de que el derecho de familia es estricta
competencia del Estado de Florida. Así funciona el sistema en el país que es
cuna del federalismo. Y ese es, precisamente, el molesto problema que tiene la
Generalitat: que un grupo, no tan pequeño como se pregona, de ciudadanos
catalanes considera que la normativa lingüística catalana vulnera derechos
civiles y, tal y como harían en cualquier país federal, recurren a los
tribunales. Actualmente, hay ya una larga serie de sentencias emitidas por el
Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña a favor de una tímida enseñanza bilingüe que, como es sabido, son
recurridas ad eternum por la Generalitat o, sencillamente, desacatadas.
Por lo demás, el uso del término blindaje sugiere en quien lo
emplea el sentimiento de estar asediado. Actualmente, miles de ciudadanos están
persuadidos de que el catalán es repetidamente atacado y menospreciado por el
Estado y sus instituciones. Y este supuesto maltrato es esgrimido por políticos
y opinadores nacionalistas como una razón de peso para adherirse al proyecto
independentista. En nuestra opinión, el relato del ataque al catalán no se
ajusta a la realidad y los datos de los que disponemos lo desmienten. Por ejemplo,
los dos últimos informes del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta
Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (2008 y 2012) sitúan a España
como un país que ha cumplido con creces los requerimientos de la Carta con los
que se comprometió. De igual manera, ningún otro informe internacional indica
que el Estado viole la Carta Europea o contravenga recomendaciones
internacionales sobre la promoción de la diversidad lingüística en los países
plurilingües.
¿Significa lo dicho que no hay nada más que hacer en el tema de las
lenguas aparte de descartar esta propuesta de blindaje, que violenta gravemente
cualquier lógica federal? No; desde nuestro punto de vista, no debería llegarse
a un punto muerto en las negociaciones. Hay algo que el Gobierno puede hacer:
tomar la iniciativa y proponer un diálogo que, a medio plazo, conduzca a un
amplio acuerdo respecto a las lenguas en España y un cambio en la cultura
lingüística del país.
El Gobierno tiene en su mano proponer un diálogo que desemboque en un amplio
acuerdo
En algún momento, el tema de las lenguas debe poder abordarse en España
con sensatez y ecuanimidad. Para convencerse de que este debate es ya
inaplazable basta percatarse de un hecho objetivo fácil de constatar: si algún
día el Estado que compartimos se desintegra, la ruptura se habrá producido por
sus lindes lingüísticas. El enfrentamiento de las lenguas y su uso para fines
políticos ha envenenado la convivencia y malgastado la energía ciudadana hasta
límites inauditos. No hemos logrado desarrollar una cultura lingüística que
valore el plurilingüismo de España y de sus comunidades bilingües y lo perciba
como una riqueza cultural de todos los ciudadanos y un importante recurso
individual. Ha sucedido lo contrario: desde la Transición han aumentado los
garrotazos y la manipulación sectaria del debate. Ningún partido se ha
distinguido por tener altura de miras y voluntad de equidad con este tema.
Tampoco en las comunidades bilingües los Gobiernos autónomos han actuado
siempre de manera respetuosa con el bilingüismo. Al contrario, han optado en
numerosas ocasiones por programas promonolingüismo, que excluyen el español y
se sostienen en razonamientos —hoy ya consignas fosilizadas— que no resisten un
análisis objetivo. Existen, pues, suficientes razones para promover una gran
conversación sobre las lenguas en España, intentar reconducir la política
lingüística hacia fines de convivencia e interés ciudadano, con respeto a los
derechos lingüísticos de todos. Y las soluciones ni son difíciles de imaginar
ni son imposibles de poner en práctica.
Así pues proponemos que el Gobierno tienda la mano a la Generalitat y
proponga hablar sin condicionantes sobre las lenguas, incorporando a la
discusión a las demás comunidades autónomas, a los partidos y a la sociedad
civil. Un primer objetivo a corto plazo podría consistir en una explicitación
de qué ha hecho y qué no ha hecho realmente el Estado y sus instituciones a
favor del catalán, en concreto, y de la realidad plurilingüe de España en
general. Por lo que a esto respecta, los datos que tenemos nos permiten
plantear que desde la aprobación de la Constitución de 1978 el Estado ha hecho
bastante más de lo que parece por el catalán, el gallego y el vasco pero que
podría hacer más, aprendiendo de las mejores prácticas de otros países con un
patrimonio lingüístico similar.
El Estado no ataca y menosprecia a las otras lenguas españolas, pero se
muestra indiferente
Desde nuestro punto de vista, si bien el Estado no ataca y menosprecia
las otras lenguas españolas, sí se muestra distante e indiferente. En realidad,
el Estado nunca se ha pensado a sí mismo como plurilingüe. Sus élites entienden
que hay una lengua común, que es en la única en la que debe operar la
Administración central. Cierto, existen otras lenguas, pero son únicamente
patrimonio de las comunidades bilingües: allí es donde se hablan y allí deben
gestionarse sin incurrir en excesos; los ciudadanos de las zonas monolingües no
tienen nada que ver con ellas y pueden vivir de espaldas a la cultura que está
cifrada en las lenguas distintas del castellano. En nuestra opinión, éste sería
precisamente el gran reto a largo plazo para el Gobierno: el lograr cambiar
esta actitud y ser capaz de sentar las bases de una política lingüística desde
el Estado que fomentara y valorara el plurilingüismo en todo el país y lo
hiciera posible en la práctica. Por su parte, las comunidades bilingües se
comprometerían a modificar sus programas de máximos y a respetar el bilingüismo
de sus territorios.
El principal escollo para abrir un diálogo es, sin duda, la fuerte
oposición de la Generalitat a modificar el más mínimo aspecto de su política
lingüística, una política que es ya totalmente cautiva de la ofuscación y el
dogmatismo. Quien sí tiene las manos libres es el Gobierno. Puede optar por no
hacer nada o por liderar una gran reforma sobre el tratamiento de la diversidad
lingüística en España. Tal reforma terminaría plasmándose en una Ley de Lenguas
Oficiales, cuyo objetivo sería blindar la convivencia, no las lenguas.
Mercè Vilarrubias es catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial
de Idiomas Drassanes de Barcelona, y Juan Claudio de Ramón es diplomático.
Fuente: www.elpais.com
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