Gallardón insiste en
su objetivo de prohibir por ley que los medios de comunicación informen sobre
un proceso judicial, si el juez se siente "perturbado" o
"inquietado".
España | FeSP / Tercera Información | 18-04-2014 |
El
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprovechado el anteproyecto de
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para, de nuevo, intentar conseguir su
objetivo de que los tribunales puedan prohibir a los medios de comunicación que
informen sobre un asunto si el juez dice que se siente "perturbado" o
"inquietado" por esas noticias.
Ya
lo intentó en 2013, en el borrador de anteproyecto del Código Penal Procesal,
que sustituirá a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. En él se establecía
que un tribunal, de oficio o a instancia del fiscal, podría acordar "el
cese de la difusión [de la información sobre un proceso judicial], siempre que
ésta pudiera comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los
derechos fundamentales de los afectados". Al medio se le advertiría de
sus "eventuales responsabilidades penales en caso de
incumplimiento".
Ante
el escándalo que levantó esa propuesta, no sólo entre las organizaciones de
periodistas sino entre las asociaciones de jueces y fiscales, porque atentaba
contra el derecho constitucional a la libertad de información, fue retirada del
texto. Ahora, el ministro ha utilizado otro anteproyecto de ley para introducir
ese mismo artículo y el Consejo de Ministros lo ha aprobado.
Para
garantizar la independencia de los jueces, la vigente LOPJ ya establece que
cuando los jueces o magistrados se consideren "inquietados o
perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General
del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente
para seguir el procedimiento adecuado".
Al
ministro y al Gobierno no les parece suficiente este artículo y, después de
haber tenido que retirar su propuesta inicial del otro anteproyecto de ley ya
citado, han aprovechado la futura LOPJ para endurecer ese apartado.
El
artículo 18 del anteproyecto de ley continúa manteniendo que "los
jueces que consideren perturbado su sosiego y ecuanimidad o que se sientan
perturbados por algún intento de condicionar indebidamente sus decisiones"
lo comunicarán al presidente del Tribunal Supremo y al CGPJ.
Pero
en ese artículo se ha añadido: "No se considerarán comprendidas en este
supuesto las partes de un proceso, sus abogados y procuradores, cuando sus
actuaciones se realicen de acuerdo con las normas procesales y en los términos
del derecho de defensa y libertad de expresión que les asisten".
"El
Consejo General del Poder Judicial podrá ordenar a quien perturbe o inquiete a
los jueces el inmediato cese en dicha conducta. La continuación o reiteración
de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito
contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del
artículo 464 del Código Penal".
Esta
nueva amenaza del Gobierno al derecho a la libertad de información se suma a
su conocido objetivo de restringir la libertad de actuación de los
fotoperiodistas en las manifestaciones públicas, incluida en el anteproyecto de
Ley de Seguridad Ciudadana, que ha provocado el rechazo de todo tipo de
organizaciones judiciales, periodísticas y de la sociedad civil en general.
Es
de esperar que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, en
los informes preceptivos y no vinculantes que deben elaborar, declaren que ese
artículo es contrario a la Constitución porque vulnera el derecho fundamental a
la libertad de información.
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