Artículos de
Opinión | por David Brooks | 29-04-2014 |
La semana
pasada se confirmó oficialmente: ésta es la mejor democracia que el dinero
puede comprar.
El humorista
Andy Borowitz, de The New Yorker, resumió la noticia así: Por una decisión de
cinco contra cuatro, la Suprema Corte de Estados Unidos defendió hoy el derecho
de los estadunidenses más ricos de adueñarse del gobierno de Estados Unidos.
El problema
es que su formulación no es tan satírica ni exagerada con fines humorísticos,
sino que reporta los hechos de manera bastante precisa.
El miércoles
pasado la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo en el caso McCutcheon
v. Federal Exchange Commission en el que anuló limitaciones sobre el monto
agregado total que un individuo puede donar a candidatos políticos, partidos y
comités políticos.
El fallo escrito
por el presidente de la Corte, John Roberts, argumenta que esta decisión está
basada en la libertad de expresión. Rechazó que llevaría a la corrupción del
proceso electoral, y afirma que se anulan los límites impuestos por la ley
actual, ya que “el único tipo de corrupción que el Congreso puede abordar es la
corrupción quid pro quo” y no si esas donaciones otorgan mayor acceso o
influencia política. “La línea entre corrupción quid pro quo y la influencia
general tiene que ser respetada para salvaguardar derechos básicos de la
Primera Enmienda (libertad de expresión)”. El juez agregó que los límites
existentes sobre donaciones totales son inaceptables porque afectan el derecho
de un individuo de participar en el debate público a través de la expresión política
y la asociación política.
Ese
argumento, advierten expertos, puede poner en peligro casi cualquier regulación
de financiamiento de campañas, por considerarla una violación de la libertad de
expresión garantizada por la Constitución.
El Congreso
impulsó leyes en respuesta al escándalo de Watergate en los años 70 y limitó a
un máximo de 5 mil 200 dólares el monto con el que un individuo puede
contribuir a un candidato federal, y también limitó el monto de contribuciones
totales de un individuo a todo candidato y partido político para contiendas
federales a un máximo agregado de 123 mil 200 dólares por cada ciclo electoral
de dos años. El nuevo fallo, aunque mantiene el límite sobre donaciones de un
individuo a un candidato particular, anula el límite del monto agregado total
que un individuo puede contribuir a candidatos federales, partidos, comités
electorales y otras instancias. Con ello, un donante individual ahora podrá
contribuir hasta 3.6 millones de dólares por ciclo electoral, aunque otros argumentan,
incluso otro juez de la Suprema Corte que votó en contra, que el límite
realmente es lo infinito.
El New York
Times afirmó en su editorial que con este fallo la Suprema Corte continúa su
cruzada para desmantelar todas las barreras al poder distorsionador del dinero
en la política estadunidense. Agregó que gracias a esta decisión, “los
intereses de los muy pocos estadunidenses más ricos –los cuales difieren
significativamente de los de la mayoría– ahora obtendrán mayor consideración de
los legisladores”.
Robert
Reich, ex secretario del Trabajo y analista socioeconómico, escribió que con el
fallo se anulan efectivamente los montos que los más ricos pueden donar al
proceso político y que eso, vinculado a la creciente desigualdad económica,
permitirá que los más ricos compren votos para reducir sus impuestos, reciban
rescates y subsidios públicos y puedan desregular sus negocios para que se
vuelvan aún más ricos y así comprar más votos. La corrupción nutre más
corrupción. Señala que hoy día los 400 estadunidenses más ricos tienen más
riqueza que los 150 millones de estadunidenses más pobres, el 1 por ciento más
rico es dueño de más del 35 por ciento de los bienes privados del país y captó
95 por ciento de las ganancias económicas desde el inicio de la recuperación en
2009. Éstos, dice, ahora tendrán aún más poder para manipular el sistema
político.
Robert Weisman,
presidente de Public Citizen, organización nacional de defensa de derechos
ciudadanos y protección del consumidor, afirmó que la primera enmienda nunca
tuvo la intención de otorgar un megáfono gigantesco a los más ricos para que
griten sobre el resto de nosotros. Concluyó: esto no es democracia. Es
plutocracia.
El fallo
ignora la opinión de las grandes mayorías, o sea, el demos en democracia: una
encuesta de Gallup encontró en junio pasado que 8 de cada 10 estadunidenses
favorecen limitar el dinero que candidatos legislativos federales pueden
obtener y usar en sus campañas; otras registran que por lo menos dos tercios o
más apoyan poner límites al gran dinero en la política.
El fallo
continúa la tendencia de esta Suprema Corte a anular restricciones sobre
intereses ricos. En 2010, en otro fallo conocido como Citizens United, la Corte
anuló límites a los montos que las empresas podrían contribuir para influir –de
manera independiente– en elecciones federales, sobre el principio de que esas
contribuciones son protegidas por la libertad de expresión. Con ello, la
elección federal de 2012 marcó nuevo récord como la más cara en la historia.
Ahora el
dinero es lo equivalente a la libertad de expresión en el sistema
político-electoral.
Tal vez es
hora de solicitar una reunión de emergencia de la Organización de Estados
Americanos para evaluar si Estados Unidos está violando la Carta Democrática, o
tal vez Unasur podría enviar una misión de observación y asesoría a Estados
Unidos, o incluso la ONU y hasta la OTAN –¿por qué no?– deberían evaluar si se
requiere de sus servicios para rescatar el sistema político-electoral
democrático de Estados Unidos.
Mientras
tanto, aquí se realiza una gran subasta muy exclusiva de la democracia a los
postores más ricos.
Fuente: La
Jornada
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