En Catalunya no hay ningún problema lingüístico, y con un Estado
propio el castellano sería oficial
Oriol
Junqueras
Presidente
de ERC
Jueves,
17 de abril del 2014
Soy
de Sant Vicenç dels Horts, en el corazón del Baix Llobregat, un puebl de gente
trabajadora, heredera de las luchas por los derechos políticos y sociales, de
la voluntad de vivir y convivir en una sociedad más justa, próspera y digna.
Sant Vicenç dels Horts es uno de tantos municipios de la región metropolitana
que han vivido un proceso de transformación espectacular, con sucesivas olas
migratorias. Entre 1950 y 1981 el censo aumentó más de un 600%, de 3.295 a
20.182 habitantes. En 1981 apenas el 50% de la población decía entender el
catalán; hoy el 94% contesta afirmativamente.
Mayoritariamente
los vecinos tienen el castellano como lengua familiar. Y así es también entre
buena parte de mis amigos y compañeros de Sant Vicenç. El castellano es su
primera lengua, lo que no representa ningún obstáculo para relacionarnos sin
ningún problema en catalán ni tampoco entra en contradicción con el hecho de
que el alcalde sea a la vez el presidente de ERC. El castellano es la lengua de
muchos de mis amigos, de personas con quienes comparto todo tipo de
complicidades, alegrías, sonrisas y también preocupaciones y momentos duros.
Es, pues, la lengua habitual de la mayoría de mis vecinos, de muchos de mis
amigos, de la gente que quiero, nacidos aquí o allí. ¡Esta es mi gente!
Y es con ellos
y para ellos, para todos, que queremos construir un nuevo país, más libre, más
justo, más democrático. En este nuevo país vamos a ganar derechos, no a
perderlos. Y este es uno de los motivos que exigen que el castellano tenga
carácter oficial en Catalunya, así como el aranés, porque Catalunya es un
territorio con una historia y una cultura que ha bebido de muchas fuentes a lo
largo de los siglos. Pero, sobre todo, Catalunya es su gente.
Hoy en
Catalunya no hay ningún problema lingüístico a pesar de los enormes esfuerzos
de algunos medios de comunicación, del Gobierno del PP y de parte del aparato
judicial, empeñados en dividir a los catalanes por razón de lengua.
Afortunadamente siguen fracasando a pesar de su empeño. Fracasan y fracasarán
cuando persiguen dinamitar la cohesión social. Somos un solo pueblo,
emprendedor y pacífico, consciente y orgulloso de su diversidad de orígenes,
lenguas y tradiciones. Un pueblo que mira hacia dónde vamos y no de dónde
venimos, y que por ello está determinado a decidir el futuro democráticamente,
votando. Y esta voluntad, en Europa occidental, en democracia, es imparable.
El nuevo
Estado catalán ha de tener forzosamente presente, y por tanto reconocer, la
realidad lingüística de Catalunya. Lo que sí debe cambiar, imperiosamente, es
disponer de un Estado que ayude a resolver los problemas y no a crearlos; un
Estado que vele por la escuela catalana, que la respete, que la acompañe y la
defienda. Un Estado donde los tribunales respeten las leyes y el sistema
educativo, sin intentar -como ocurre ahora- imponer el funcionamiento en las
escuelas torpedeando un modelo educativo que ha valido el reconocimiento de la
Unión Europea y que garantiza, como mínimo, el conocimiento de catalán y
castellano. Es de sentido común.
En cuestión de
lengua, el catalán debe seguir siendo la vehicular, la común, la preferente en
la Administración, y debe tener el estatus oficial que ahora no tiene. Porque
será lengua oficial del Estado, no como ahora. Al contrario, lo que ahora
tenemos es un Estado que veta sistemáticamente el reconocimiento oficial del
catalán en la escena internacional. Y junto al catalán, cuantas más lenguas
sepamos, mejor. Empezando por el castellano, porque es justo e imprescindible,
tal y como garantiza la escuela catalana. En todo caso, en lo que nos tendremos
que esforzar es en mejorar el conocimiento de una tercera lengua. Y esta es una
tarea que corresponde a la comunidad educativa y a las instituciones.
Esta última
debería ser la principal preocupación del nuevo país. En ningún caso, tomar
como modelo un Estado como el que hoy padecemos, que crea problemas en lugar de
resolverlos, enfrascado en obsesiones esencialistas e identitarias, con una
Delegación del Gobierno -como síntoma del alcance de esta nefasta actitud- que
dedica un tiempo y un esfuerzo valiosísimos a ver qué banderas hay en nuestros
ayuntamientos o en homenajes a la División Azul. Ver para creer.
Necesitamos, con urgencia, un Estado al servicio de la ciudadanía, al
servicio de la economía productiva, al servicio de los más débiles, próximo a
los que lo están pasando mal, trabajando a favor de todos. Y esta es la
oportunidad que tenemos delante, esta es la decisión que debemos tomar y que
tomaremos democráticamente, votando -sencillamente votando, insisto- para
decidir nuestro futuro como país, como sociedad
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