La explotación económica de
los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de
400.000 presos políticos como trabajadores forzados.
Compañías públicas y privadas
–algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra
gratuita en la mayoría de sectores productivos.
El trabajo esclavo forma
parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de
Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la
"reparación" de los reclusos a las "organizaciones"
implicadas.
26/04/2014 - 21:31h
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El
'canal de los presos', construido con mano de obra esclava / RMHSA (CGT).
El franquismo llegó al extremo
de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los
vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el
país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura?
La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo.
Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más
de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy
en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su
germen económico.
Para sortear la muerte por
hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había
detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús
Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y
Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la
oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios
"para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista".
Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así
reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye
desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando
la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley
andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas
"copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.
"Botín
de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte,
MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román,
Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero,
transformadoras de metales como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz,
La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico
del proyecto Todos (…) los
nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes
religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas
administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de
400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de
100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las
fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores,
jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo
de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el
coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión
política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800
millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria
vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector
industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor
número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de
Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19):
"Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de
Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de
reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los
trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo
marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún
cómo motivará la participación de las empresas implicadas.
Empresas
implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos
delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad
del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el
coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en
febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados
por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y
Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y
Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte
(OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus
antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como
publicó Financial Times
Magazine en el año 2003.
eldiario.es/andalucia se ha
puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al
respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una
respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en
que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el
reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la
participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso,
hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más
en qué consiste todo eso".
En sectores como la minería y
la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número
de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido
muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos",
relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar
los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo
temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central
de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama cabían,
describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y
propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores
generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más
trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas,
empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias
Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de
trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la
empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"–
del que descontaba la comida y la ropa del recluso.
Empresas
que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente,
el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas
que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una
treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho
al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución
benéfica (Fundación Elorz).
Instituciones públicas que usaron
presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo
Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones
Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales,
ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la
Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores
esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid,
Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen
relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babock Wilcok, La
Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la
minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería
Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad
Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas),
agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal,
guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a
Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en
Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados
en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que
estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en
que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956.
Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".
Fuente: www.eldiario.es
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