Alfonso Alba / 11 ene 2015
Imagen de una celosía de la
Mezquita. // ENRIQUE GÓMEZ
La titular del
Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, María Teresa García, es la primera
jueza de España que ha abierto diligencias para determinar el alcance de las
inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo en los últimos años por
la Iglesia Católica. La jueza ha abierto diligencias después de recibir una
denuncia del diputado provincial del partido Unión Cordobesa (UCOR) Carlos
Baquerín, que el pasado mes de octubre envió su escrito a la Audiencia
Provincial de Córdoba para que decidiera si podía haber algún tipo de delito
sobre este proceso que ha permitido a la Iglesia poner a su nombre distintos
bienes en el Registro de la Propiedad.
El propio
Baquerín ha sido citado para la próxima semana por la jueza para que declare y
confirme las acusaciones de su escrito. En su denuncia, Baquerín enumeró seis
hechos que podrían ser delitos. Así, en el primero señala que “la Diócesis
de Córdoba desde hace años ha procedido a inmatricular en su beneficio propio
bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga el
artículo 206 de la Ley Hipotecaria” y que lo ha hecho “mediante la expedición
de certificaciones del diocesano cuyo contenido literal no parece probable que
resulte cierto y veraz en todos los casos señalados. Puede concurrir un
presunto delito de falsedad documental”.
¿APROPIACIÓN
INDEBIDA?
Además, agregó
que podría haber “apropiación indebida” al haber inmatriculado algunos bienes
que son de titularidad pública. También considera que “lo ha hecho mediante
posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni consulta alguna”.
El cuarto hecho que relató es que “si además se diera el caso de que la
Administración hubiera tenido conocimiento de la situación, la responsabilidad
sería común. Pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de
prevaricación”. Por último, asegura en su denuncia “que no es excluible, al
menos en algún caso, la responsabilidad del Registro de la Propiedad de
Córdoba”.
Baquerín citó
en su denuncia cuatro inmatriculaciones concretas: la Mezquita Catedral, el
Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, la plaza del Pocito de la
Fuensanta y la ermita del Socorro, junto a la plaza de la Corredera. No
obstante, desde su denuncia han trascendido más inmatriculaciones, como las
llevadas a cabo por la Diócesis en la iglesia de San Agustín después de que el
edificio fuese restaurado con fondos públicos, la ermita del cementerio de la
Salud (inmatriculada tras una cesión del anterior gobierno municipal, dirigido
por IU) o la ermita de los Santos Mártires en el Balcón del Guadalquivir,
incluida por el Ayuntamiento de Córdoba como de su propiedad según consta en la
ficha del Plan Especial del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
También la
Diócesis ha inmatriculado la iglesia de San Hipólito, donde está adosado un
antiguo kiosko que es de titularidad municipal y localizado sobre el dominio
público, según distintas fuentes del Ayuntamiento de Córdoba.
Fuente: http://www.andalucesdiario.es/
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