El Gobierno
gallego inicia el desarrollo de la Ley de Garantías Sanitarias, que abre
la puerta a pagar a centros privados por hacerse cargo de los pacientes de la
pública cuando supere los 60 días de espera quirúrgica.
Oposición parlamentaria y
plataformas en defensa de la sanidad pública censuran el trasvase de fondos del
Sergas hacia centros privados.
29/12/2014 - 19:21h
Feijoo en un acto del SERGAS
más INFO
El
Consello da Xunta aprobó hace pocos días el
inicio de la tramitación del decreto de la Ley de Garantías Sanitarias,
una norma aprobada en solitario por el PP. Se trata de una polémica ley
criticada por todas las fuerzas de la oposición, por los sindicatos y por
colectivos profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), pero también por el Consejo Económico y
Social e incluso cuestionada por la
Asesoría Jurídica de la Xunta, designada por el propio Gobierno, que ha
expresado dudas sobre sus efectos.
La
norma fija un tiempo máximo de espera por una intervención quirúrgica
programada y no urgente en 60 días naturales, una espera máxima de 45 días
en las consultas externas y de otros 45 días en las pruebas diagnósticas y
terapéuticas. El Gobierno gallego vende estos límites como un avance y como una
garantía para la calidad de la atención prestada a la ciudadanía. Pero la vuelta
de esta norma está en que cuando esos tiempos límites de espera sean superados,
lo que a la vista de las cifras
actuales sucederá con frecuencia, el Sergas
"deberá ofertar la realización de la prestación en otro centro de la red
pública o en un centro concertado", según prevé la ley, esto es,
privado pero sufragado con fondos públicos. Si esto tampoco sucede o no es
posible "el paciente tendrá derecho a acudir a un centro privado de su
elección, situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, y a que
se le reembolse el gasto de acuerdo con las tarifas que se establezcan
reglamentariamente para el proceso realizado".
Los
últimos datos hechos públicos sobre las listas de espera en Galicia muestran
que la media en los hospitales del Sergas es de 81,5 días, un promedio que
ascendería notablemente si se le suman los datos del centro concertado Povisa,
de referencia para más de 100.000 personas en el área de Vigo y que acumula una
demora de de 199,9 días.
Mientras,
el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, destacaa los supuestos
beneficios de esta norma para la ciudadanía: "Hasta ahora se establecían
180 días de espera máxima para intervenciones quirúrgicas programadas y no
urgentes y ahora pasamos a 60 días", omitiendo las posibilidades que
la norma abre para los centros privados y concertados, señalando
únicamente que superado el límite de los 60 días, el paciente podrá optar por
continuar en la lista de espera en el centro que le corresponde o requerir
atención "en otro centro acreditado" en Galicia, según destaca
la Xunta en una nota de prensa.
Críticas al traspaso de pacientes y
dinero a la privada
En
los últimos meses la Ley de Garantías Sanitarias ha sido criticada
desde muy distintos ámbitos, comenzando por las fuerzas políticas de la
oposición. "¿Cómo van a rebajar la espera a la mitad sin añadir más
dinero, más profesionales y más medios?", se preguntaba el pasado año la
socialista Carmen Acuña. De igual manera, Eva Solla (AGE) criticaba un proyecto
no solo "privatizador, sino que además presenta como "libertad de
elección" de centro sanitario la apertura de la puerta a que "los pauperizados
centros públicos compitan por los clientes, puro mercadeo con el dinero de
todos". "Están intentando hacer un cambio de modelo de sanidad
pública hacia uno donde la privada se ponen en igualdad de condiciones, por la
puerta de atrás y con cobardía", denunciaba Montse Prado.
Uno
de los argumentos más empleado por los colectivos sociales y profesionales
opuestos al proyecto de la Xunta es el informe hecho público en mayo de 2013
por el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo en el que están
representados organizaciones sindicales, empresariales, las tres universidades
y colectivos del tejido cultural y socioeconómico gallego. El informe alertaba
del "cambio cualitativo en el actual modelo sanitario" que traerá
consigo la norma, destacando que la nueva ley "impulsa un sistema mixto,
caracterizado por una mayor presencia de la provisión privada". Según el
CES, la propuesta "trasciende con mucho" el establecimiento de
garantías de tiempo de atención, por lo que "su dimensión social y económica
la hace mereciente de un debate específico y expreso que lleve a un
consenso social". Un consenso que no existe en la actualidad.
El
dictamen también ponía en entredicho la viabilidad económica de esta ley, por
el gran desembolso económico al que se vería obligada la Xunta, que -en el caso
de no ser capaz de reducir aceleradamente las actuales listas de espera-
debería incrementar aun más el trasvase de dinero desde los presupuestos del
Sergas hacia los centros privados. "La magnitud del compromiso de
reducción de los plazos de atención hace que no sea factible su consecución,
incluso a medio plazo, sin una importante inyección de recursos en el sistema,
económicos, técnicos y humanos", señalaba.
Fuente: www.eldiario.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario