María Torres / 12 enero 2015
Para los que somos republicanos y defendemos la verdad, la
justicia y la libertad por encima de otros muchos preceptos, lo ocurrido en el
municipio gaditano de Casas Viejas los días 10, 11 y 12 de enero de 1933, no
responde al ideal de República que votó el pueblo español en 1931 y aún hoy,
transcurridos casi 84 años, anhelamos una gran parte de los ciudadanos de este
Estado.
La II República española hizo elevar al infinito las ilusiones
del proletariado español, que depositó su confianza en un régimen que no quiso,
no pudo o no supo responder en la medida esperada. Tras los trágicos sucesos de
Casas Viejas, ya nada sería igual. La República comenzó a tambalearse y lo
ocurrido en Casas Viejas, silenciado al igual que se pretendió eliminar de
la geografía andaluza a este pueblo, seña de identidad del movimiento
campesino y anarquista, llegando incluso a rebautizarse con el nombre de
Benalup de Sidonia tras finalizar la Guerra española.
Recordemos que en 1933 el Jefe del Gobierno era Manuel Azaña
(«No ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir»), el Ministro de
Gobernación era Casares Quiroga («Doy a las fuerzas media hora para
que sofoquen el movimiento») y el Director de Órden Público era Arturo
Menéndez («No quiero heridos ni prisioneros»). A esto deberíamos sumarle
el lema de la Guardia Civil de aquellos años: «Paso corto, vista larga y mala intención.»
Si algo sobraba en el pueblo de Casas Viejas era el hambre y
la miseria. Contaba con 600 jornaleros de los que apenas cien tenían trabajo
durante unos meses al año. El resto malvivía de un subsidio que otorgaba el
ayuntamiento. Los solteros cobraban una peseta, y los casados dos. La
esperada reforma agraria, que habría de dotar de tierras a los campesinos sin
propiedad, se hacía esperar. No se contaba con fondos suficientes para
indemnizar a los latifundistas y la tierra seguía en manos de señores feudales
como el duque de Medinaceli, que disponía de más de setenta mil hectáreas. Muchos
jornaleros, decepcionados con las promesas electorales incumplidas, se dieron
de baja del Partido socialista y se afiliaron a la CNT.
Y como no podía ser de otro modo, los esclavos, a veces,
tienen tan poco que perder que deciden levantarse. El gobierno lo
esperaba. El 8 de enero de 1933, Manuel Azaña escribía: «Esta
mañana, a las once, me telefoneó Casares que, según todos los indicios, el
movimiento anarquista que estamos esperando estallaría hoy, al caer de la
tarde. En el programa figuraba el asalto a los cuarteles de Barcelona,
Zaragoza, Sevilla y Bilbao y otros puntos. También se esperaba algo en
Madrid, aunque de menos importancia. Envío instrucciones a los generales de las
divisiones.»
Tres días después, el hambre endémica del pequeño pueblo
andaluz de Casas Viejas se puso en pié. A la orden de la FAI de unirse al
movimiento revolucionario se sumaron los braceros de Casas Viejas. Tomaron sus
viejas escopetas, cortaron las líneas telefónicas, la carretera, destituyeron
al alcalde, («vete a decirle a la Guardia Civil que se ha proclamado el
comunismo libertario y que todos somos iguales») y se encaminaron al
cuartel de la Guardia Civil, al frente del cual se encontraba el sargento
Manuel García Álvarez («He jurado fidelidad a la República y la defenderé
hasta morir»)”. Así comenzó a gestarse la tragedia. Un intercambio de
disparos acabo con la vida de dos de los cuatro guardias, entre ellos el
sargento.
Y llegaron los refuerzos desde Madrid y Cádiz, enviados por
la República. El teniente Gregorio Fernández Artal, comandante del
puesto de Alcalá de los Gazules, al mando de doce Guardias de Asalto, el
teniente Cayetano García al mando de cuatro guardias civiles, y al
finalizar el día, al mando del capitán de Asalto Manuel Rojas, noventa guardias
más. Señalar que el capitán Rojas, tan leal a la República en 1933, se
convertía en 1936 en jefe de las milicias falangistas de Granada, continuando
con su carrera de represor, tan solo interrumpida por apenas dos años de
prisión. Salió en libertad en enero de 1936 al aplicarle el Tribunal
Supremo la eximente incompleta de obediencia debida y calificar los asesinatos
de simples homicidios. Tras la sublevación militar de julio de 1936 sería
admitido en el ejército rebelde con el grado de capitán.
«Es orden terminante del ministro de la Gobernación se
arrase casa donde se han hecho fuertes los revoltosos.» Esta era la
órden del mensaje que portaba el delegado del gobierno en Cádiz, Fernando
Arruinaga cuando hizo su aparición en Casas Viejas.
Muchos hombres huyeron a la sierra. Francisco Cruz
Gutiérrez, Seisdedos, el líder jornalero de setenta años, se
había refugiado en su choza en compañía de su familia. Desde fuera se les
conmina a rendirse. Ante la negativa, el capitán Rojas prende fuego a la
vivienda de paja y las llamas, el humo y los disparos convirtieron la humilde
vivienda de Seisdedos en un escenario de muerte. Acorralados, tiroteados,
bombardeados y quemados hasta carbonizarse fallecieron Francisco Cruz, y dos de
sus hijos, Pedro y Francisco, además de Manuel Quijada Pino, Josefa Franca
Moya y su hijo Francisco, Jerónimo Silva González, Manuela Lago Estudillo, así
como el guardia de Asalto Ignacio Martín Díaz, que se encontraba en la misma
como rehén. Logró escapar la nieta de Seisdedos, María Cruz Silva y un niño.
María, la que sería llamada La Libertaria y que entonces tenía 16
años, sería asesinada por los golpistas en 1936.
Al amanecer del 12 de enero, el capitán Manuel Rojas, se
dirigió a sus fuerzas: «Es preciso que ahora mismo, en media hora,
hagáis una razzia, sin contemplaciones.» —«¿Qué
es una razzia?»— preguntó uno de los
guardias. —«Que hay que cargarse a María Santísima»—,
respondió otro.
Catorce hombres fueron sacados por la fuerza de sus casas,
esposados y conducidos a la montaña de rescoldos en que quedó convertida la
casa de Seisdedos. Una vez allí una sola palabra: «¡Fuego!» y una
interminable ráfaga de disparos acabaron con su vida. Los asesinados
fueron: Salvador Barbarán Castellet, Manuel Benítez Sánchez, Andrés
Montiano Cruz, Juan García Franco, José Utrera Toro, Juan García Benítez, Juan
Villanueva Garcés, Juan Silva González, Balbino Zumaquero Montiano, Manuel
Pinto González, Juan Galindo González, Cristóbal Fernández Expósito, Manuel
García Benítez, Rafael Mateo Vela y Fernando Lago Gutiérrez. De todos ellos,
tan solo Fernando Lago había participado en la "rebelión". Sus
cuerpos serían amontonados junto a los cadáveres humeantes de Seisdedos y su
familia.
«Habéis cumplido con vuestro deber. El Gobierno por mi
conducto os felicita. Gracias a vosotros, a vuestro valor, a vuestra energía y
disciplina, a vuestra obediencia a las órdenes de vuestros jefes,
la República ha podido vencer un grave peligro y puede seguir el camino
triunfal y glorioso abierto el 14 de abril. Vuestra magnífica conducta merece
bien de la Patria y de la República. ¡Viva la República!» Estas
fueron las palabras con las que Fernando Arruinaga, delegado del Gobierno,
despidió a las fuerzas represoras antes de abandonar Casas Viejas.
El Gobierno de la República intentó impedir la investigación
de lo ocurrido y no admitió su responsabilidad: «No se encontrará un
atisbo de responsabilidad en el gobierno. En Casas Viejas no ha ocurrido, que
sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento en Casas
Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora
española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema
del comunismo libertario, y se levantan unas docenas de hombres
enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agreden
a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a hacer el
Gobierno?».
La prensa difundió los hechos y las conciencias de muchos
republicanos comenzaron a agitarse al mismo tiempo que los débiles cimientos de
la República. Las Cortes aprobaron la creación de una Comisión de
investigación sobre los sucesos que aportó un informe reconociendo la
existencia de las víctimas y exculpando al Gobierno. Más tarde se
iniciaría un proceso judicial que condenó como responsable directo de la muerte
de catorce personas «diez de ellas esposadas, cuatro inermes y
todas ellas impotentes ante un pelotón de hombres armados» al
Capitán Manuel Rojas. La pena de 98 años de prisión, por un límite legal se
redujo a 21 años, de los que solo cumplió dos. También debía
indemnizar con quince mil pesetas a los herederos de cada una de las
víctimas.
El director general de Seguridad, Arturo Menéndez, fué
destituido. El 19 de julio de 1936 sería fusilado en Pamplona por los militares
sublevados.
Los jornaleros de Casas Viejas fueron juzgados por delitos
de posesión de armas y ejecución de actos contra las fuerzas armadas. De los 26
imputados, diez fueron absueltos, y el resto condenados a prisión.
Diecinueve hombres, dos mujeres y un niño murieron en Casas
Viejas. Tres guardias corrieron la misma suerte.
El gobierno de Manuel Azaña ya estaba herido de muerte.
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