LAS RUINAS GALLEGAS DE FADESA

Miño y O Pino se asoman a la bancarrota por impulsar durante la burbuja expropiaciones ventajosas para la inmobiliaria y nefastas para los afectados

Paola Obelleiro A Coruña 24 ENE 2015 - 20:31 CET

Estado actual de la urbanización de Fadesa en Miño. / GABRIEL TIZÓN

El mayor concurso de acreedores de la historia en España, el de la constructora Martinsa-Fadesa en el verano de 2008, así como sus actuales dificultades para evitar la quiebra, pone aún más cerca del abismo y de la ruina económica a dos Ayuntamientos coruñeses, Miño y O Pino. Ambos, bajo el bastón de mando del PP desde hace décadas, abocaron las arcas municipales a una bancarrota por el mismo camino: encargarse, con condiciones preferentes para la entonces todopoderosa inmobiliaria fundada por el coruñés Manuel Jove pero nefastas para sus vecinos afectados, de expropiar los terrenos necesarios para albergar negocios privados a gran escala, como la descomunal pero aún inacabada urbanización Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas), o un inexistente polígono industrial de un millón de metros cuadrados en O Pino. Era el boom del ladrillo y a principios del siglo atraer macroproyectos constituía la vía preferida de los alcaldes para supuestamente llevar el progreso a sus pequeños municipios.

Unas desatinadas y rocambolescas tramitaciones de expropiaciones acabaron, tras más de una docena de años de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales, por ser tumbadas por los tribunales y ponen a ambos Ayuntamientos en la obligación de pagar millonarias indemnizaciones que duplican o quintuplica sus presupuestos municipales, ya de por sí mermados por la escasez y deudas importantes. El motivo siempre es el mismo: los gobiernos locales pagaron precios irrisorios por las parcelas destinadas a la constructora, unos seis euros el metro cuadrado que tras años de pleitos fueron revisados a alza, hasta seis veces más, por los tribunales.

Pese a todos los varapalos judiciales recibidos en 12 años y tras haber rechazado el Tribunal Supremo la pasada primavera su último intento de evitar el pago de 26 millones de euros a los propietarios expropiados en 2002 para la gigantesca urbanización de Fadesa, el alcalde de Miño, Jesús Veiga Sabín (PP), continúa su estrategia de ganar tiempo con nuevas acciones judiciales. Con ayuda de la Diputación coruñesa, presentó un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, contra la sentencia en firme que condena al Ayuntamiento a pagar los 25 millones de euros (intereses de demora incluidos) por el excesivamente bajo precio de las expropiaciones realizadas en su día para Martinsa-Fadesa.

Si la corporación es responsable, sentenciaron los jueces, es entre otras razones porque ni siquiera pidió aval alguno a la constructora para hacer frente a posibles reclamaciones por el precio, anormalmente bajo, que se pagó inicialmente a los expropiados. Los afectados siguen sin ver un euro pese a haber logrado ganar en los tribunales. Y con la constructora en vías de liquidación si no logra renegociar el concurso de acreedores y el Ayuntamiento, por su parte en la ruina, no parece que los vecinos vayan a cobrar en breve. Los 25 millones quintuplican el presupuesto anual de Miño, una localidad costera de apenas 5.700 habitantes y sin industrias que engrosen las arcas municipales que ya arrastran una deuda importante, que ronda los cuatro millones. Damnificados son también aquellos ciudadanos que compraron vivienda en la macrourbanización inacabada, fantasmal y carente de cualquier servicio básico.

Idéntica es la situación del Ayuntamiento de O Pino, condenado también a pagar casi dos millones de euros a los vecinos a quienes expropió hace más de una década y a bajo precio parcelas para otro negocio de Fadesa Inmobiliaria, un polígono industrial de un millón de metros cuadrados que incluía un hotel pegado al aeropuerto compostelano de Lavacolla. Un proyecto que iba a traer, según su alcalde, Manuel Taboada (PP), “progreso económico y poblacional” a este pequeño municipio del rural, con apenas 4.700 habitantes.

La indemnización que Taboada tratará con nuevos recursos judiciales de evitar pagar, o cuando menos retrasar al máximo su ejecución, arruina a O Pino, cuyo presupuesto anual es tan sólo de 2,8 millones de euros. El alcalde intercedió además ante los vecinos para favorecer a Fadesa y convencerles de aceptar precios tres veces por debajo de lo que al final los tribunales reconocieron a un puñado de expropiados que se embarcaron en largas reclamaciones judiciales. El parque empresarial así como el hotel no existen. Al suspender pagos la constructora, todo se fue al garete.

Batalla por un centro de transportes

P. O.

Con la entrada en concurso de acreedores, hace ya más de tres años, de otra empresa de Martinsa-Fadesa, Obralar, se pone en riesgo el centro logístico de transportes más grande de Galicia, el de Ledoño en Culleredo, a las puertas de A Coruña. Es una concesión administrativa pública del Ayuntamiento, pero éste ahora se ve obligado a tramitar su rescate después de que sin previo aviso, hace un par de semanas, Martinsa-Fadesa decidiese traspasar a una empresa ajena este centro de más de 600.000 metros cuadrados.

El Ayuntamiento de Culleredo, con la jugada, incluso se quedó fuera del consejo de administración de este parque que fue promovido y explotado hasta ahora por la filial de la constructora. El alcalde, el socialista Julio Sacristan, confía en que no haya problemas para reconvertir en pública la gestión de este centro, ya que Obralar incumplió parte de las condiciones que le permitió hacerse con la explotación hace ya una quincena de años. La constructora nunca erigió el hotel, la ITV o las pistas deportivas que se había comprometido a hacer. Nunca tampoco logró beneficios, lo que le evitó tener que abonar un canon anual al Ayuntamiento. El contrato estipulaba que sólo lo pagaría al segundo año de tener balance positivo.

Una treintena de empresas tienen sus naves en este parque, si bien su ocupación total no supera el 40%. El Ayuntamiento, de prosperar el rescate de la concesión, pretende encargarse un tiempo de la explotación del centro antes de plantearse sacarlo a concurso. Cuando en 2001 se declaró el concurso de acreedores de Obralar, el alcalde confiaba en que la suspensión de pagos no afectaría al centro de Ledoño, gracias al aval de 300.000 euros depositado por Obralar para atender posibles problemas. El traspaso sin permiso de la concesión es, para el alcalde, hace innegociable su rescisión y rescate.

Fuente: www.eñpais.com