Garantizar la
accesibilidad de la población es la clave del funcionamiento de la Sanidad
Pública.
nuevatribuna.es |
Por Marciano Sánchez Bayle | 25 Enero 2015 - 14:49 h.
La accesibilidad
es la garantía de la equidad y la base del funcionamiento del sistema sanitario
público
Para que exista
una Sanidad Pública de calidad hay que garantizar la accesibilidad de la
población a sus prestaciones. Hablar de accesibilidad significa que esta sea universal (que
cubra a toda la población), geográfica (que los recursos necesarios estén
disponibles cerca de la población que los necesita), de prestaciones (el
sistema debe garantizar la atención necesaria para cado caso que tiene una
eficacia científica comprobada), gratuidad en el momento del uso (que no
existan barreras económicas para acceder a las prestaciones del sistema) y una
respuesta adecuada en el tiempo (de nada vale tener acceso teórico a las
prestaciones si hay unas demoras o listas de espera para la atención tan
prolongadas que la convierten en un espejismo).
La inexistencia
de barreras de cualquier tipo en la utilización del sistema sanitario
garantiza que las personas reciban la atención que precisan, en cantidad y en
calidad, en el momento óptimo. La presencia de estas barreras, aparte de
problemas de equidad, genera problemas sanitarios (muchas personas no pueden
recibir la atención que precisan) e incluso económicos (ya que resulta mucho
mas costoso atender los problemas de salud cuando ya están mas evolucionados y
a veces el establecimiento de barreras de acceso en un determinado servicio
provoca la mayor utilización de otros, habitualmente mas costosos).
Por supuesto esta
accesibilidad tiene unas limitaciones, digamos que razonables, no es posible,
ni seria eficaz ni eficiente, tener un servicio de cirugía cardiovascular
o de neurocirugía en cada esquina, y por lo tanto es lógico que algunas personas
que viven en núcleos con poca población y mal comunicados tengan algunos
servicios muy especializados menos cercanos a su lugar de residencia, pero no
lo es que no se les asegure una atención primaria cercana y medios de
transporte especiales para casos de urgencia.
Dicho esto,
nuestro sistema sanitario público se caracterizaba por una elevada
accesibilidad, tenia una cobertura universal, en lo geográfico una amplia red
extendida por todo el territorio, especialmente de Atención Primaria, pero
también de hospitales (muy ampliada en los años 90 del siglo pasado), en lo
económico porque no existían copagos (salvo para los trabajadores en activo en la
prestación farmacéutica) y la cartera de servicios era muy amplia, y solo tenia
el problema de las listas de espera en muchos casos excesivas.
¿Cómo cambio esta
situación? Los recortes y el RDL 16/2012 excluyeron a grupos de población,
produjeron el cierre de puntos de atención continuada, especialmente en el
área rural (Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura) y de servicios,
plantas, quirófanos y horario de atención (prácticamente en todo el país
pero especialmente en Cataluña donde hay varios casos denunciados de muertes
presumiblemente resultado del cierre de servicios y/o limitaciones de
horarios). Además el RDL 16/2012 estableció mecanismos para sacar
prestaciones de la cartera de servicios (hasta hora realmente pocas y con
un fuerte sesgo ideológico: la fecundación in vitro para mujeres solas y
parejas homosexuales), y sobre todo puso en marcha una gran variedad de
copagos: el farmacéutico para los pensionistas y la farmacia hospitalaria, a
mas de un incremento para los activos, y copagos nuevos sobre transporte
sanitario no urgente, dietas, órtesis y prótesis. De resultas de ellos se ha
producido una dificultad de la ciudadanía para acceder a la prestación
farmacéutica, y las encuestas han evidenciado que existe un grupo de población
significativo que no retira los medicamentos prescritos (el 14,76% del total
que se eleva al 20,39% de los pensionistas y el 25,92% de los parados), con los
efectos negativos que ello tendrá sobre su salud. Por fin, los recortes
incidieron de una manera muy negativa sobre el funcionamiento de los
servicios sanitarios y las listas de espera se dispararon a todos los
niveles (cirugía, consultas externas, pruebas diagnósticas y atención
primaria) con resultados desastrosos cada vez que se produce un pico en la
demanda, como durante la temporada de gripe este invierno.
La
accesibilidad es la garantía de la equidad y la base del funcionamiento del
sistema sanitario público, porque las barreras en el acceso, siempre penalizan a los mismos grupos
de población, a los que tienen menos recursos y a los más enfermos, pero también
a las personas que viven en el área rural, a las dependientes, a las mujeres
mayores de 65 años y a la infancia, que tienen una situación de social y de
salud mas vulnerable. Un calculo aproximado estima que si se hubieran
aplicado las medidas previstas en el RDL 16/2012 en cuanto a los copagos un
total de 6 millones de personas no tendrían acceso a prestaciones sanitarias
que necesitan.
Los resultados de
esta situación no los conocemos porque las distintas administraciones
sanitarias no han tenido ningún interés en hacer un seguimiento y análisis de
los mismos, pero lo razonable es pensar que ha habido un deterioro en la salud
de muchas personas y que además de han incrementado notablemente las
desigualdades.
¿Cómo garantizar
la accesibilidad de nuestro sistema sanitario público? Habría que avanzar en
algunos aspectos claves:
Primero, habría
que hacer es derogar el RDL 16/2012 para acabar con las exclusiones y
todos los copagos, no solo los farmacéuticos para las recetas, y esto es
importante porque conviene recordar que aunque muchos de ellos no se han hecho
efectivos (farmacia hospitalaria, trasporte, dietas, órtesis y prótesis) siguen
estando vigentes.
Tercero, el
compromiso del acceso de la población a todos los medios diagnósticos y de
tratamiento que han sido validados científicamente, para lo que es
conveniente una Agencia Pública de Evaluación de Calidad de la Atención
Sanitaria, que mantenga actualizada la cartera de servicios del Sistema Nacional
de Salud.
Cuarto, potenciar
la Atención Primaria que es la base de una buena atención sanitaria a toda
la población, y que con personal y medios suficientes puede
solucionar el 80% de los problemas de salud de la ciudadanía.
Quinto, asegurar
unos tiempos de demora adecuados, estableciendo limites máximos de demoras
en la atención sanitaria: 48 hs en atención primaria, 15 días en consultas de
especialista y demoras quirúrgicas máximas de acuerdo con la gravedad de las
patologías, para lo que se deben de arbitrar los recursos públicos necesarios
(hay que tener cuidado con el establecimiento de tiempos máximos de demora,
porque en mas de un caso se ha utilizado para potenciar la derivación a
los centros privados y la privatización).
Y por fin, realizar
un diagnostico y un Plan de Salud que permita identificar los problemas y
las necesidades de salud de la población y dotar a la Sanidad Pública de los
recursos adecuados para responder a e estas necesidades de salud.
Son medidas, unas
que pueden adoptarse de manera inmediata, otras mas complejas y más a medio
plazo, pero en las que habría que avanzar de manera decidida porque la
accesibilidad es un punto central de la Sanidad Pública, ya que al fin y al
cabo un derecho si no puede ejercerse en la práctica se acaba convirtiendo en
un eslogan vacío de contenido.
Por Marciano Sánchez
Bayle
Portavoz de la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Fuente: www.nuevatribuna.es
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