Nuevamente
el Gobierno intenta regular de forma unilateral y sin abrir períodos de
consulta y negociación con los interlocutores sociales asuntos de gran
importancia.
nuevatribuna.es | 07 Julio 2014 - 18:12 h.
El Proyecto de Real Decreto del Gobierno sobre la Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Empleo no se ha negociado con los interlocutores sociales, ni grupos parlamentarios
El Proyecto
de Real Decreto del Gobierno por el que se aprueba la Cartera Común
de Servicios del Sistema Nacional de Empleo es otro paso
más en la externalización de los servicios en detrimento del papel que deben
jugar los Servicios Públicos de Empleo. UGT y CCOO denuncian que nuevamente el Ejecutivo
trata de regular de forma unilateral y sin abrir periodos de consulta y
negociación con los interlocutores sociales y hacen un llamamiento para que
el Gobierno atienda los compromisos de dotar a los Servicios Públicos de Empleo
(incluido el Estatal), de los medios humanos, materiales y técnicos adecuados,
incluyendo el diseño de un sistema de compensación que evite la
descapitalización que ha sufrido la plantilla del Sistema Nacional de Empleo.
Nuevamente
el Gobierno intenta regular de forma unilateral y sin abrir períodos de
consulta y negociación con los interlocutores sociales asuntos de gran
importancia. Aún así las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, hemos remitido
conjuntamente las observaciones sobre el Proyecto de Real Decreto a la
Secretaría de Estado de Empleo.
CCOO y UGT
criticamos el proceso por el que se pretende aprobar de forma precipitada el
proyecto de Real Decreto sobre la Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Empleo, asunto de gran calado que exigiría abrir un período de
consulta y negociación con los interlocutores sociales.
El Gobierno
ha presentado el proyecto de Real Decreto que regula la Cartera Común de
Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que prevé desarrollar los servicios
comunes que deben prestar los Servicios Públicos de Empleo en toda España
sobre: orientación profesional, colocación, formación, cualificación para el
empleo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
Las
organizaciones sindicales hemos tenido noticia de la existencia del borrador de
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios
del Sistema Nacional de Empleo el reciente 18 de junio, a través de la convocatoria
de reunión extraordinaria del Sistema Nacional de Empleo, enviada en esa fecha,
y para su celebración el día 25 de junio.
Se introducen mecanismos de colaboración
público-privada, sin garantizar recursos suficientes para los servicios
públicos prestados para que este sistema garantice los derechos y la calidad a
la que tienen derecho los ciudadanos
El Real
Decreto parece un mero índice de servicios sin ningún otro factor que dote de
coherencia lo que se pretende construir. El documento solo parece buscar dejar abierta la
puerta a la privatización de cualquiera de los servicios que se identifican.
Se
introducen mecanismos de colaboración público-privada, sin garantizar recursos
suficientes para los servicios públicos prestados para que este sistema
garantice los derechos y la calidad a la que tienen derecho los ciudadanos. En
ningún momento del documento se menciona detalladamente el papel que puedan
tener las nuevas agencias de colocación privadas en la prestación de los
servicios de la Cartera. Es necesario que quede claro que, aunque operen
en el mercado estas empresas y entidades de inserción de personas desempleadas,
los Servicios Públicos de Empleo siempre seguirán prestando los servicios
incluidos en esta normativa.
Es necesario
que se recojan los compromisos de dotar a los Servicios Públicos de Empleo (el
Estatal incluido) de los medios humanos, materiales y técnicos adecuados,
incluyendo dentro de los anteriores el diseño de un sistema de compensación que
evite la descapitalización que ha sufrido la plantilla del Sistema Nacional de
Empleo.
El Gobierno
da otro paso más en la externalización de los servicios en detrimento del papel
que deben jugar los Servicios Públicos de Empleo como garantes de la igualdad
en el acceso de los Servicios.
Por último,
insistimos en la importancia que tiene la participación de los interlocutores
sociales. Es necesario mejorar el derecho de consulta, disponer de información
sobre acciones y medidas, así como sobre su evaluación y posibilitar la
realización de propuestas en fases anteriores a su presentación.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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