Por Joaquín Aparicio Tovar | Pérez de los
Cobos debería dar, en pos de la exigible transparencia y exquisito
comportamiento, algunas explicaciones sobre su papel como administrador único
de una sociedad fundada en 2003 llamada Labour Prospectives.
nuevatribuna.es | Joaquín Aparicio | 22
Octubre 2013 - 18:50 h.
En
1937 Pablo Neruda escribió un hermoso poema titulado “Explico algunas cosas” en
el que daba cuenta de un cambio importante de su poesía y del abandono de “la
metafísica cubierta de amapolas”. Ya había sido asesinado su amigo Federico
García Lorca. Hoy, el presidente de nuestro Tribunal Constitucional también
debería explicar algunas cosas. En estos tiempos la memoria colectiva es
frágil, parece como si estuviera sufriendo la enfermedad de Alzheimer y, por
eso mismo, conviene recordar algunas cosas de nuestro reciente pasado. Una de
ellas fue la hostilidad con que la derecha española recibió el advenimiento del
Tribunal Constitucional y, más en concreto, una parte del poder judicial.
Se le acusaba de ser “un tribunal político” frente al poder judicial que, por
supuesto, no lo era. En ese mismo sector judicial estaba muy extendida la
idea de que la Constitución era “programática”, y que la función de los
tribunales consistía en resolver las pretensiones de los justiciables aplicando
las leyes, no la Constitución. Se pueden encontrar algunas decisiones de
ciertos tribunales que confirman lo dicho. Hoy ese tipo de decisiones, por
fortuna, parecen piezas arqueológicas, pero para que esto sea así ha sido
fundamental la aportación académica, el buen hacer de otros muchos jueces y
magistrados y, de modo determinante, la labor del Tribunal Constitucional. El
Tribunal Constitucional en estos años se ha ganado prestigio, respeto,
legitimidad, en definitiva, por el rigor de los argumentos esgrimidos en sus
sentencias.
Pero
aquella hostilidad inicial ha estado siempre latente y en los últimos años se
han hecho evidentes los intentos de erosionar el prestigio adquirido, hasta el
punto que no se ha dudado en recurrir, en momentos muy concretos, a
insidiosos ataques a través los medios de formación de opinión. La
militancia en el PP del magistrado Pérez de los Cobos, posteriormente elegido
Presidente, en este contexto, no deja de ser problemática. Porque
aunque en sí misma no se considere causa de incompatibilidad, como han
entendido la mayoría de los magistrados y magistradas del TC, no puede obviarse
la profunda crisis en la que está sumida la sociedad española, crisis no solo
económica, sino política y moral, que afecta todas las instituciones del Estado
y obliga a una mayor transparencia y exquisito comportamiento a quienes ocupan
cargos públicos.
Los
partidos políticos, como dice la Constitución en su título preliminar “son un
instrumento fundamental para la participación política” y, por ello, prima
facie, militar en un partido, no puede ser en modo alguno motivo de
menosprecio o infravaloración social. Todo lo contrario. La actividad política
es una de las más nobles actividades a las que puede dedicarse un o
una ciudadana, y si bien es cierto que no tiene porque quedar
canalizada en exclusiva a través de los partidos, no lo es menos que quienes
opten por hacerlo de esa forma, también deben gozar de dicha nobleza si la
práctica de ese partido discurre en el respeto a los valores democráticos,
como también pide nuestra Constitución. Cuando un partido no condena el
franquismo, tolera actitudes fascistas o incurre repetidamente en
corrupción, la nobleza de la actividad política desaparece.
Hay
también una práctica que se compadece mal con los valores democráticos cual es
la ocupación de las instituciones más importantes del aparato del Estado para
usarlas como apéndice de propio partido. Algo de esto es lo que puede estar
pasando en la actualidad en España desde que el PP alcanzó la mayoría absoluta
en las Cortes, por arte del birlibirloque de la ley electoral. Un ejemplo de la
ocupación de las instituciones pueden ser las maniobras para conseguir el
nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional de alguna persona con
escuálidos méritos, pero de fidelidad demostrada a los dictados de las fuerzas
de la derecha. Y es en este contexto donde la militancia del actual
presidente “cruje”, una militancia que fue ocultada en el trámite
correspondiente ante el Senado. “Las apariencias son muy importantes, porque lo
que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los
Tribunales deben inspirar“, dijo el propio Tribunal Constitucional en la STC
162/1999.
El
Dr. Pérez de los Cobos debería dar, en pos de la exigible transparencia y
exquisito comportamiento, algunas explicaciones sobre su papel
como administrador único de una sociedad fundada en 2003 llamada Labour
Prospectives, dedicada a la “elaboración de estudios en el ámbito de las
relaciones laborales, análisis de la negociación colectiva y asesoramiento
general en el ámbito social”. Esa sociedad suspendió sus actividades
cuando el actual presidente fue nombrado magistrado constitucional, en estricto
cumplimiento de la prohibición de desarrollar actividad profesional o mercantil
que impone el art. 159.4 de la Constitución, pero parece que hasta ese momento
tuvo una no desdeñable actividad a juzgar por facturaciones de los años 2009 y
2010 que superan en mucho el salario anual de un catedrático universitario.
Sería bueno que, para despejar cualquier duda de imparcialidad objetiva (no
haber tomado postura previa sobre el tema que se debata en el Tribunal) y
subjetiva (no haber tenido relaciones indebidas con las partes) se aclarase qué
estudios o asesoramientos, quién y para quién se han realizado. Por
otro lado, a la vista de la dedicación universitaria del Dr. Pérez de los
Cobos, debería también explicar la compatibilidad de su condición de
administrador único de la citada sociedad con la de profesor a tiempo completo
que implica la prohibición de actividades profesionales o mercantiles.
La legislación universitaria da la posibilidad de que los profesores a
tiempo completo suscriban contratos por servicios remunerados con personas
físicas o jurídicas siempre que quien facture sea la Universidad, que retendrá
para sí misma el 20 por ciento del importe total.
Todos
estos extremos deberían de ser explicados si el Presidente quiere que la
legitimidad del Tribunal no sufra menoscabo.
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/
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