Vivienda |
Tercera Información | 24-10-2013 |
El próximo
30 de octubre varias decenas de afectados por la financiera UCI de Madrid,
Cataluña y Murcia presentarán, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH), una denuncia penal en la Audiencia Nacional contra los
máximos responsables del grupo financiero Santander, BNP Paribas y la Unión de
Créditos Inmobiliarios (UCI) por un delito de estafa continuada a través de la
comercialización sistemática de productos financieros tóxicos, denominadas
hipotecas basura o subprime.
Las familias
denunciantes pedirán a la Audiencia Nacional que abra una investigación
judicial sobre estos hechos con protección específica a los denunciantes, la
reparación del daño causado y la depuración de responsabilidades de quienes
diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del sistema de comercialización de
productos tóxicos, entre los que destacan Emilio Botín, Patricia Botín y
Alfredo Sáenz.
La parte
tiene indicios de que el grupo Santander y BNP Paribas otorgaron préstamos
hipotecarios para el acceso a la vivienda en condiciones tales que hacían
previsible el impago de un elevado número de ellos sin avisar a los clientes
del riesgo de la operación. El objetivo de esta comercialización con gestión
temeraria del riesgo es el ánimo de lucro y la posterior venta de los préstamos
a inversores internacionales (titulización). Las entidades logran sacar así
tales hipotecas de los balances internos para conseguir nueva financiación con
la que continuar el negocio de préstamo hipotecario.
Las
entidades financieras concedieron a través de UCI préstamos a jóvenes,
población inmigrante y personas con intención de cambiar de casa con escasa
solvencia económica. Aparecen indicios de estafa en la concesión de tales
préstamos al provocar endeudamientos durante décadas con falta de información y
engaño acerca del riesgo contraido. Los préstamos incluyen además condiciones
declaradas abusivas por los tribunales, un abuso que se multiplica en los casos
de renegociación de deuda en los que UCI impone condiciones usurarias como la
capitalización de intereses durante el periodo de duración de los acuerdos.
La venta de
estos productos hipotecarios se realizaba a través de una compleja red de
sociedades mercantiles y profesionales del ámbito inmobiliario, como la
tasadora asociada a UCI, Valtecnic, y de la asesoría financiera, que cumplían
los planes de UCI de colocación de hipotecas tóxicas.
El volumen
de cotización de los fondos de UCI entre los años 1999 a 2009 asciende a
14.365,8 millones de euros, con un total de 133.701 hipotecas y 22.831
préstamos personales no hipotecarios. Entre un 11 y 15% de las hipotecas
concedidas lo fueron sobre viviendas de protección oficial, y por encima del
30% a jóvenes menores de 39 años.
La parte
denunciante considera que nos encontramos ante hechos de apariencia delictiva
que pudieran ser constitutivos de estafa continuada (artículos 282 y 282 bis
del vigente Código Penal) por medio de una red de mercantiles siguiendo un plan
preconcebido de comercialización de productos financieros tóxicos en perjuicio
de los deudores y del orden socioeconómico. Todo ello con independencia de
otros tipos penales que aparezcan en el curso de la investigación judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario