Artículos de
Opinión | Resaca Castellana | 28-10-2013 |
El 15 de
abril de 2010 fueron detenidos en Burgos 7 compañeros acusados de una supuesta
tenencia ilícita de armas y explosivos, y asociación ilícita. Así mismo, un
local, sede de la Asociación Cultural 23 de abril, fue registrado, y
posteriormente precintado, en lo que fue una operación policial de magnitudes
insospechadas. Según el “discurso oficial”, esta operación formaba parte de las
medidas preventivas para garantizar la seguridad en la Cumbre Europea de
ministros y secretarios de Estado que iba a tener lugar en Burgos del 21 al 23
de abril de 2010. Casualmente, en esas fechas nuestros compañeros no iban a
estar en la ciudad, ya que iban a estar como cada año participando en las
actividades programadas en Villalar de los Comuneros con motivo del Día
Nacional de Castilla.
El registro
del local se realizó de forma muy sospechosa por parte de la Brigada de
Información de la Policía Nazi-onal. Lo lógico, teniendo una orden de registro,
hubiera sido ponerse en contacto con la persona o asociación que regenta el
local para que lo abra y acudir directamente con la autoridad judicial, pero no
fue así. Ellos prefirieron llevarlo a cabo solos, a primera hora de la mañana y
cuando un compañero procedía a sacar su moto del local. Le abordaron por la
espalda un grupo de agentes encapuchados y le retuvieron ilegalmente durante
casi 30 minutos en el interior de un coche, quitándole sus pertenencias, así
como las llaves del local, sin que pudiera avisar a nadie. Inmediatamente
cortaron las calles, asegurándose de que nadie pasara por allí. Durante este
tiempo algunos de los agentes permanecieron en el local solos, sin la autoridad
judicial ni el abogado pertinentes, que llegarían tiempo después. Curiosamente,
durante el posterior registro, aparecería dentro una bombona de camping gas con
petardos, que nunca había estado en el local, y que se convertiría en la base
de la acusación de terrorismo.
Hay que
destacar que lo único que aporta el informe de la Brigada de Información para
solicitar el registro del local es la hipótesis de encontrar en su interior
algún “artefacto explosivo confeccionado con bombonas de gas y petardos de gran
potencia” y, casualmente, es lo que apareció, por lo que se confirma la
sospecha de que pudo ser introducido por ellos mismos o por alguien afín a
ellos. Este informe era meramente prospectivo y no estaba fundamentado en
ningún tipo de indicio, seguimiento o investigación, que indicara la existencia
de esa bombona, pero sorprendentemente, y sin tener bases fundadas, la jueza
del Juzgado de Instrucción nº 4 de Burgos, concede de inmediato la orden de
registro y decreta el secreto de sumario.
La
experiencia nos dice que nada es casualidad, y que estaba todo perfectamente
organizado: la coincidencia con la cumbre de ministros, la forma de acceder al
local y que justo aparezca dentro lo descrito por ellos en el informe, y por
supuesto, que pidieran la orden de registro un día en el que estaba de guardia
la magistrado-juez del Juzgado de Instrucción nº 4, conocida ya en Burgos por
enviar a prisión preventiva a algún joven por motivos ideológicos. El registro
se llevo a cabo durante 5 horas, el local fue precintado y fue requisado todo
lo que se encontró en el interior.
Los 7
compañeros permanecieron 72 horas detenidos en comisaría, soportando todo tipo
de insultos, amenazas, torturas psicológicas y chantajes para que acusaran a
compañeros de delitos que no habían cometido. Después fueron puestos en
libertad con cargos, obligados a ir semanalmente a firmar a la comisaría de
Burgos.
Posteriormente
la jueza quiso llevar el caso más lejos y trasladó la causa a la Audiencia
Nacional para que juzgaran a los compañeros por delitos de terrorismo, y envió
un sumario redactado por la Brigada de Información de más de 1000 folios, para
intentar demostrar los delitos de terrorismo y asociación ilícita. Este informe
se basa, por un lado, en la bombona con petardos, así como pistolas de juguete,
mangos de herramientas, cohetes y petardos de feria, y productos de limpieza
adquiribles en cualquier droguería, con los que dicen que se pueden fabricar
explosivos. Por otro lado, el informe se basa en acusaciones tan irrisorias
como atribuir a estos compañeros un listado de hechos delictivos que
supuestamente han pasado en Burgos en los últimos 10 años, y por los cuales no
existe ninguna detención ni causa judicial abierta. De la misma forma, aportan
denuncias correspondientes a otras personas que nada tienen que ver con ellos
ni con el colectivo. También señalan quienes se encargaban de comprar bebida,
hacer carteles, pegatinas, etc., haciendo incluso firmar encima de sus fotos a
propietarios de imprentas, serigrafías, repartidores de bebida… como si de
delitos se tratasen. Presentan incluso, listados de personas identificadas
visualmente en charlas, conciertos, manifestaciones etc...,haciendo con ello
controles ideológicos y seguimientos de las personas, y dictaminando por ello y
en función de las actividades públicas a las que acuden…, su pertenencia o
militancia a determinados colectivos.
Es decir, un
sumario en el que básicamente se refleja una persecución política hacia un
colectivo y una asociación cultural, por el simple hecho de ser de izquierdas,
castellanistas y antifascistas. Después de unos meses, la Audiencia Nacional
alega que no encuentra argumentos para juzgar la causa por esos delitos, y que
por lo tanto, el caso no es competencia suya, con lo que es devuelto al Juzgado
de Instrucción nº 4 de Burgos. Aquí, y de nuevo la misma jueza, lo recurre al
Tribunal Supremo hasta conseguir que se dictamine de nuevo el traslado de la
causa al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, donde el
fiscal, en abril de 2012, solicitaría penas que ascienden a casi 40 años de
prisión para los acusados.
Posteriormente,
los abogados de los compañeros presentan un recurso de apelación para que se
sobresea la causa. La Sala de lo Penal Sección Segunda de la Audiencia Nacional
admite a trámite el recurso, alegando a fecha 30 de julio de 2012,
textualmente, que:
- - “El auto impugnado se limita
a recoger-copiar en bruto, sin ninguna clase de precisión descriptiva, y
sin mayor elaboración jurídica ni análisis indiciario o de
participacióndelictiva respecto de los imputados, el atestado policial”.
- - “Tampoco en el oficio
policial se contiene ninguna referencia a algún hecho concreto, ni mucho
menos a alguna persona en concreto u organización que tuviera relación con
algún hecho concreto investigado, sino una actividad de control más o
menos aleatoria de un local, donde sin expresar ni fuentes ni razón de
conocimiento, albergaban la sospecha de que pudiera haber alguna clase de artefacto.
Todo ello sin hacerse constar en el oficio policial, ni en el auto que
autoriza el registro, datos que vinieran a avalar lasospecha policial”.
- - “Se trata de una solicitud de
registro de un local de reunión, sede de una asociación cultural, que no
puede calificarse más que puramente prospectiva”
- - “También se hace una
referencia imprecisa a “multitud de artefactos inflamables e
incendiarios”, cuando lo hallado en el local fueron únicamente petardos y
cohetes de feria, objeto de lícito comercio, y el único objeto que pudiera
tener una trascendenciajurídico penal lo sería hipotéticamente un
artefacto de fabricación casera, que no sedescribe ni determinan sus
características, ni existe referencia alguna a un dictamen
técnico-policial en el que conste la aptitud explosiva o inflamable del
artefacto, ya que ni tan siquiera consta si la bombona de gas estaba llena
o vacía, así como los posibles efectos que pudiera haber provocado”
Tras la
persistencia del fiscal en seguir adelante con la acusación, la Sala vuelve a
ratificar el auto de apelación un año después, a 3 de julio del 2013, y expresa
textualmente que:
- - “Existe un amplio conjunto de
déficit no sólo de motivación, también de la culminación de la
instrucción”.
- - “La Sala sigue sin encontrar
una razón mínimamente convincente para atribuir los objetos
específicamente a los imputados”.
- - “Respecto de ninguno de estos
temas, poco o nada aporta el dictamen de inteligencia policial, referido a
las hipotéticas genéricas actividades del grupo”.
- - “La Sala deja constancia de
la insuficiencia de investigación y motivación, causante de indefensión a
los imputados, por lo que o bien se completa la investigación, completando
los déficits puestos de manifiesto, o en caso de imposibilidad, se decrete
el sobreseimiento del caso”.
Ante la
imposibilidad de aportar nada relevante , al fiscal no le queda más remedio que
solicitar al Juzgado Central de Instrucción nº2 el sobreseimiento de la causa,
el cual se acuerda a fecha 1 de agosto del 2013, es decir, casi 3 años y medio
después de comenzar el calvario de nuestros compañeros, y quedando de
manifiesto el montaje y la persecución política llevada a cabo por parte de la
Brigada de Información.
Con ambos
autos de apelación, y el posterior sobreseimiento, dejan claro que no existe
ningún delito terrorista ni de asociación ilícita.
Desde el
colectivo Resaca Castellana, queremos denunciar enérgicamente no sólo este
montaje policial del que hemos sido objeto, sino la criminalización, brutal
represión, persecución y acoso que llevamos sufriendo en Burgos los jóvenes
antifascistas en los últimos años por parte de la Policía Nazi-onal, así como
por miembros de la Brigada de Información y de la UPR. Muchos de estos policías
tienen relación con los sectores más radicales de la extrema derecha e incluso
algunos de ellos son conocidos por su pasado neonazi. Al igual que ha sucedido
en otras muchas ciudades, años atrás , estos individuos pertenecieron o
simpatizaron con grupos neonazis y de extrema derecha, y a día de hoy son
miembros del Ejército Español o de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
dedicándose a hacer la guerra por su cuenta imponiendo sus ideales bajo su
pistola y su placa, y haciendo una persecución política y personal al margen de
la ley , con total impunidad y bajo la complicidad de jueces, fiscales y
prensa. Todo ello respondiendo al claro objetivo político de perseguir y
criminalizar el antifascismo, el castellanismo ó cualquier forma de lucha
digna… tratando de eliminar ó ilegalizar organizaciones y colectivos sociales y
políticos.
Podemos
citar muchos de los actos represivos contra nosotros, llevados a cabo por estos
individuos, entre los que cabe destacar:
- - Continuas identificaciones,
seguimientos, cacheos, intimidaciones, vejaciones, así como insultos y amenazas
de forma cotidiana.
- - Coacciones y amenazas por
pertenecer a colectivos antifascistas y/o por desarrollar actividades
políticas.
- - Actuaciones represivas
coincidiendo con la celebración de actividades o actos sociales y
políticos como suelen hacer cada año los días previos a la celebración del
Día Nacional de Castilla, incautando ilegalmente a compañeros, tanto en
coches como en autobuses, pegatinas, pancartas, materiales para la
realización de actividades… y todo lo que pueden, con el fin de conseguir
que no se lleven a cabo dichas actividades.
- - Llamadas y detenciones en
puestos de trabajo de compañeros con el fin de conseguir su despido.
- - Acoso en comercios de
compañeros, en alguno de los a cuales han llegado a montar auténticos
circos, poniéndose varios frente a la puerta con los rostros tapados e
incluso acosando e identificando a clientes, para perjudicar de este modo
dicho comercio.
- - Robos de cinturones, prendas
de abrigo y otros objetos, cuya tenencia no constituye ningún delito, y
que en ningún caso son devueltos a su propietario, y si éste tiene algoque
objetar, es detenido.
- - Falsas denuncias y
detenciones arbitrarias, así como incitar a denunciantes y testigos de
cualquier tipo de delito a señalar la foto de la persona antifascista que
a ellos les interese incriminar en ese momento.
- - Frecuentes torturas
psicológicas y en alguna ocasión físicas a personas detenidas.
- - Negarse reiteradamente a dar
sus números de placa, hecho que están obligados a hacer por ley, y en caso
de insistencia puedes acabar en comisaria con algún cargo.
- - Presiones y coacciones para
que ciertos compañeros pasen información ó declaren contra otros, mediante
chantajes y amenazas con denuncias, familia, etc. como claramente hicieron
los dos altos cargos de la Brigada de Información de Burgos en el momento
de la detención de los 7 compañeros, ofreciendo a algunos de ellos firmar
acusaciones falsas sobre otros, a cambio de su libertad.
No podemos
permitir que este tipo de hechos sigan ocurriendo y a partir de ahora vamos a denunciar
y a poner en manos de nuestros abogados cualquier tipo de conducta abusiva o
ilegal por parte de la Policía.
Como
antifascistas que somos no estamos dispuestos a seguir soportando más tiempo
este tipo de conductas, así como la persecución y los juicios políticos a los
que nos vemos sometidos, propios de la dictadura.
Sabemos que
mucha gente se ha callado este tipo de actuaciones por temor a mayores
represalias, y desde nuestro colectivo ofrecemos nuestro apoyo tanto a
cualquier compañero, como colectivo, que sufra estas agresiones, animándoles a
que denuncien estos hechos.
Estas
agresiones , abusos y montajes no solo suceden en Burgos, sino que hay otros
muchos casos de esta índole a lo largo de la geografía del Estado Español.
Tenemos recientes casos como el de Alfon en Madrid, objeto de otro montaje
policial el día de la huelga general, y al que ingresaron en prisión en régimen
FIES; el caso de los compañeros de Bukaneros, contra quienes intentaron hacer
un montaje muy similar al nuestro en Vallecas, acusándoles de banda criminal;
los montajes llevados a cabo en Sabadell, Málaga, Valladolid … así como los que
se suceden con frecuencia en los diferentes pueblos del Estado Español , y todo
ello sin olvidar tantos y tantos presos políticos encarcelados por el Estado
Español por montajes y motivos ideológicos.
Todo lo que
huele a protesta tienen que eliminarlo; vemos el grado de represión en muchas
manifestaciones, vemos también como policías infiltrados provocan incidentes en
manifestaciones, como lo ocurrido en la concentración frente al Congreso de los
Diputados, y donde pudimos ver en las imágenes de televisión como la persona
que inicia los altercados evita su detención al grito de “soy compañero”.
Esta
represión se ve incrementada en esta época de crisis, una crisis generada por
el propio sistema capitalista, y en la que se está exprimiendo a los ciudadanos
al máximo aumentando sus impuestos, practicando recortes en aspectos
fundamentales como sanidad y educación, mientras se multiplica el gasto policial
y la represión y los políticos siguen robando y encubriéndose impunemente.
Son épocas
de descontento social, y estos perros de la ley tratan de eliminar por
cualquier método cualquier lucha social digna por nuestros derechos y utilizan
la represión, criminalización y persecución política e ideológica de personas,
colectivos, centros sociales… para callar cualquier tipo de protesta.
Otro tema
importante que queremos abordar es la labor mediática de la prensa en este tipo
de sucesos. La mayoría de medios de comunicación tratan estos casos de una
forma totalmente reaccionaria, criminalizando sin escrúpulos a cualquier tipo
de colectivo de izquierdas o antifascista, tachándolos de radicales y
trabajando de esta forma al servicio de la Policía y no al servicio de la
sociedad, aportando una información veraz y contrastada. Concretamente en
Burgos, muchos de los medios de comunicación han hecho una clara labor de
criminalización de nuestro colectivo, y en las ocasiones en las que se les ha
pedido explicaciones, responden que esa información es una filtración de la
Policía. Incluso aun dándose cuenta posteriormente de que la información
filtrada por la Policía no ha resultado ser real, y por tanto, han publicado
cosas que no son ciertas, no rectifican dicha información. Nos preguntamos por
qué no se contrasta la información antes de publicarla y no después y si
únicamente es creíble y veraz la información que aporta la Policía, porque de
ser así, consideramos que los medios se convierten en un órgano expresivo de la
Policía, y no en medios independientes de información real. También nos
preguntamos por qué en casos como este, al que los medios burgaleses dieron en
su día una trascendencia impresionante, publicando páginas y portadas
criminalizando a nuestro colectivo, cómo es posible que ahora ninguno de ellos
saque a la luz que la causa se ha sobreseído , siendo público desde hace casi
dos meses. Aquí volvemos a ver un claro interés de servir a ciertos intereses,
de criminalizar y una clara ocultación de la verdad por parte de los medios
para perjudicarnos.
Por lo
tanto, exigimos a los medios que ofrezcan una información veraz y contrastada y
que no trabajen como lacayos de la Policía y la Brigada de Información. Y de la
misma forma que no vamos a consentir nuevos abusos policiales, tampoco vamos a
tolerar difamaciones, mentiras o manipulaciones por parte de la prensa que
perjudiquen a personas o colectivos, estando incluso dispuestos a ponerlo en
manos de nuestros abogados si se repitieran este tipo de informaciones dañinas,
malintencionadas y falsas.
No podemos
permitir que nada de esto siga ocurriendo, ante la represión y criminalización
seguiremos firmes con nuestros ideales y luchando por una sociedad más justa.
Ahora más que nunca: SOLIDARIDAD, UNIDAD Y LUCHA.
RESACA
CASTELLANA
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