29 de octubre de 2012
La Infanta Cristina se
sitúa al borde de la imputación tras haber firmado de su puño y letra el
contrato ficticio de alquiler de su palacete de Pedralbes a su sociedad
instrumental Aizoon.
La investigación judicial
del caso Urdangarin acaba de deparar una novedad de extraordinaria relevancia
para el futuro procesal de la hija del Rey. La Agencia Tributaria ha aportado
al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el contrato original por el cual
los duques de Palma hicieron creer al Fisco que tenían alquilada su residencia
barcelonesa a su empresa patrimonial.
Esta nueva prueba,
desvelada por EL MUNDO, confirma su implicación directa en la gestión de la
trama y la sitúa en el epicentro del fraude fiscal y del blanqueo de capitales
por el que el juez estudia llamarla a declarar.
El documento de
autoalquiler alberga la rúbrica por duplicado de Cristina de Borbón
como "arrendadora" y como "arrendataria" por lo que
queda pulverizado el argumento esgrimido hasta la fecha por la Fiscalía, la
Abogacía del Estado y la propia Agencia Tributaria encaminado a exonerarla en
la trama vinculada al Instituto Nóos. Aquel por el cual ella «no era
consciente» de lo que hacía pese a ser la propietaria al 50% de la entidad
Aizoon, una empresa que tenía como única finalidad la emisión de facturas
falsas para vaciar las arcas de la entidad «sin ánimo de lucro» que presidía
Urdangarin y que fue utilizada por el matrimonio para costear sus gastos
personales. Este argumento ha servido, entre otras cuestiones, para exculparla
de los delitos fiscales cometidos por Aizoon en 2007 y 2008, que han sido
atribuidos exclusivamente a su marido.
Este hallazgo tiene lugar
cuando el juez José Castro estudia si llama a declarar a la hija del Rey o si,
por el contrario, rechaza esta posibilidad. En esta ocasión, y tal y como le
apuntó la Audiencia de Palma, el magistrado rastrea la participación de la hija
del Rey en sendos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
El contrato fraudulento
de alquiler fue utilizado por el matrimonio Urdangarin-Borbón para generar
gastos ficticios y pagar menos impuestos ya que ni su residencia de la calle
Elisenda de Pinós ha albergado despacho profesional alguno ni la entidad que
comparten ha tenido actividad real desde su creación en 2003. Además les sirvió
para desviarse fondos, concretamente 12.000 euros al año, procedentes de
Aizoon, que a su vez habían sido colocados allí a través del Instituto Nóos. En
el caso de la Infanta Cristina, llegó a percibir mediante esta treta 30.747
euros.
El referido documento
está fechado en Barcelona el 20 de diciembre de 2005 y demuestra, de forma
definitiva, la participación directa y consciente de Cristina de Borbón en el
fraude fiscal investigado. Su importancia radica precisamente en las razones
expuestas hasta el momento para orillarla en las pesquisas
Esteban Urreiztieta / Eduardo Inda
Fuente: www.elmundo.es
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