El actual
Consejo General del Poder Judicial ha finalizado su periodo de mandato legal.
Sin embargo, el
Congreso de los Diputados y el Senado todavía no han procedido a su renovación.
España |
Tercera Información | 25-10-2013 |
Tampoco se
ha ofrecido a la sociedad ninguna explicación sobre el incumplimiento de los
mecanismos legales que está provocando que siga actuando en funciones el actual
CGPJ. Resulta conocido que existen negociaciones entre las fuerzas políticas.
Sin embargo, dichas conversaciones se están desarrollando con completa
opacidad, por lo que se desconoce cuáles son los criterios que se están
utilizando para la designación de quienes deben formar parte del órgano de
Gobierno del Tercer Poder del Estado.
A la vista
de los nombramientos de vocales para este órgano constitucional en etapas
anteriores, que en gran parte se limitaron a un pacto de cuotas entre los
partidos políticos, resulta necesario que exista transparencia en el proceso
actual. Para JpD dicha transparencia debe implicar que se expongan los
criterios esenciales sobre estas designaciones y que así se puedan evaluar los
méritos de las personas que se acaben nombrando finalmente.
Por otro
lado, resultan preocupantes, según JpD, las informaciones difundidas que
indican que las fuerzas políticas están negociando también la persona del
presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Ello supondría volver al mismo
escenario que se produjo antes de que comenzara el mandato del actual CGPJ,
cuando los líderes de los dos principales partidos políticos pactaron el
nombramiento de Carlos Dívar. Deben ser los 20 vocales quienes elijan
libremente a su presidente, de acuerdo con lo establecido legalmente, sin que
resulte aceptable que sean los partidos políticos quienes adopten esa decisión.
Hay que recordar que este órgano constitucional debe funcionar de manera
autónoma, sin injerencias políticas de ningún tipo. Y que las formas de
negociación sobre los vocales y sobre el nombramiento del propio presidente nos
demuestran que se puede volver a incurrir en la misma instrumentalización
política de este órgano constitucional.
Jueces para
la Democracia mostró su oposición a la reforma del CGPJ, por considerar que
suponía una reducción inaceptable de las competencias de este órgano
constitucional y que con ello se pretendía una subordinación del poder judicial
al poder político. Decidimos no presentar candidaturas a la renovación de este
organismo, como muestra de disconformidad. A pesar de ello, reclamamos que los
nombramientos se realicen sin más demora y con criterios adecuados para que el
CGPJ pueda cumplir su función constitucional. Las formas que se están
observando hasta ahora nos demuestran que el ministro Ruiz Gallardón sigue con
su proyecto de limitar la independencia judicial y construir un nuevo CGPJ a la
medida de sus intereses políticos partidistas.
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