DESMONTANDO LA SANIDAD PÚBLICA

Por Pablo Vaamonde | La OMS afirma que invertir en salud pública es rentable: se atajan las dolencias evitables y se mejoran los indicadores de salud, produciendo un incremento de la capacidad laboral y de la productividad.

nuevatribuna.es | Pablo Vaamonde | Médico de Familia | 03 Octubre 2013 - 17:16 h.

Los expertos no tienen duda: el derecho a la asistencia sanitaria gratuita para toda la población es un mecanismo muy eficaz para romper el círculo de la pobreza. Así lo afirmaron en una Asamblea General de la ONU celebrada en estos días pasados. La OMS calcula que cada año hay unos 150 millones de personas en el mundo que van a la ruina por tener que pagar facturas sanitarias (en algunos puntos de África una cesárea puede costar 200 euros, cifra imposible para la gran mayoría de la poblacion). El coordinador de "Acción por la Salud Global", Tim Roosen, es contundente: "si no se cumple el derecho a la salud para todos los ciudadanos, los Estados no prosperarán ni crecerán, y los pobres seguirán empobreciéndose cada vez más".

Si no reduce el consumo ni recauda dinero: ¿por qué aplica el Gobierno una norma tan injusta y cruel?

La OMS afirma que invertir en salud pública es rentable: se atajan las dolencias evitables y se mejoran los indicadores de salud, produciendo un incremento de la capacidad laboral y de la productividad. También sabemos que invertir en sanidad mejora el pronóstico del cáncer; un estudio reciente demostró una fuerte correlación directa entre gasto sanitario y supervivencia al cáncer después del diagnóstico: a más gasto, la mortalidad es menor.

En España, a partir de la Ley General de Sanidad (1986), promovida por Ernest Lluch, se hizo un largo camino para conseguir la cobertura sanitaria universal de forma plena. El Sistema Nacional de Salud (SNS), de cobertura universal y financiación a través de los impuestos, es un referente a nivel internacional. La "Organización Panamericana de la Salud" impulsa este modelo en sus países miembros. Pero aquí, por la actuación cruel y pertinaz de este gobierno, estamos haciendo el camino en sentido contrario. En lo que va de legislatura el PP está realizando una demolición programada del SNS. Estas son algunas de sus actuaciones:

1.- El RD Ley 16/2012 introdujo la obligación de diversos copagos que sobrecargan, de manera insoportable en algunos casos, las deterioradas economías familiares. El 16% de los jubilados no pueden completar sus tratamientos, y son cada vez más las personas mayores que piden ayuda para comprar las medicinas. Pero también dejó sin cobertura a cerca de un millón de personas que quedaron sin tarjeta sanitaria. Según “Médicos del Mundo” cada día 2.400 personas quedan excluidas de la cobertura sanitaria desde que comenzó la aplicación de este decreto en septiembre de 2012. Esta organización puso en marcha una campaña informativa - "Nadie desechado" -, para concienciar a la población sobre la gravedad de la situación. La supresión de la atención sanitaria a los inmigrantes es una decisión cruel e injustificada: el daño provocado es inmensamente superior al ahorro conseguido. Pero también es una medida insensata y peligrosa: las personas excluidas con dolencias transmisibles pueden representar un peligro para toda la población.

2.- El gobierno del PP acaba de enviar a la UE su "Programa Nacional de Reformas. Reino de España 2013" para evidenciar su voluntad de continuar con los recortes sociales. Según un informe de la FADSP una de las partidas más afectadas va a ser el Sistema de Atención a la Dependencia: de 2012 a 2014, en tres años, van a aplicar un recorte de 2.220 millones de euros. Quedarán sin atención 256.000 dependientes, aunque "el objetivo final es desmantelar todo el dispositivo previsto por la ley para permitir a las multinacionales de los servicios sociosanitarios apropiarse de estos, como hicieron ya en el Reino Unido".

3.- El pasado 19 de septiembre el gobierno publicó en el BOE una resolución por la que se obliga a los pacientes con dolencias crónicas graves (cáncer, artritis reumatoide, hepatitis crónica, esclerosis múltiple etc.) al pago del 10% del precio por envase de los fármacos de dispensación hospitalaria -que suelen ser muy caros-. En el preámbulo de la resolución el propio gobierno reconoce la gravedad y cronicidad de las patologías afectadas. Esta medida debería ser implantada por las autonomías a partir del primero de octubre, pero varias comunidades ya anunciaron que no la van a aplicar. Los defensores del copago aducen dos razones para imponerlo: la función disuasoria y la capacidad recaudatoria. Pero no es posible evitar que estas personas dejen de utilizar estos fármacos, sin poner en riesgo su salud, y la recaudación económica va a ser insignificante para el gobierno (hay un límite de 4.2 euros por envase) aunque muy gravosa, e incluso imposible de asumir, para los enfermos.

Si no reduce el consumo ni recauda dinero: ¿por qué aplica el gobierno una norma tan injusta y cruel? Hay razones ideológicas para imponer estos castigos a las personas más necesitadas de ayuda. La viceconsejera de sanidad de Madrid, Patricia Flores, se preguntaba hace poco: “¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?”. También hay una intención intimidatoria. Con estas medidas el gobierno intenta crear una situación de pánico colectivo; los propios afectados se ven paralizados por el miedo, superados por una situación de desamparo y desprotección que los hace temer por la propia vida. Pero debe ser toda la ciudadanía la que reaccione ante estas imposiciones que nos retornan a un pasado que creíamos superado. Porque, si no actuamos, algún día podrá tocarnos a nosotros.