Quienes
se empeñan en rechazar la idoneidad del sistema federal para resolver la
insatisfacción en Cataluña y el País Vasco corren el riesgo de darse cuenta,
demasiado tarde, de que no había más alternativa
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| EDUARDO ESTRADA |
El reto planteado por las
instituciones catalanas con lo que llaman “derecho a decidir” se está
afrontando desde la pasividad. El sistema político español ha renunciado a la
iniciativa política y se ha refugiado en la trinchera de la legalidad. Un
cinturón de hierro con la UE como último bastión: el rechazo en su seno de una
Cataluña independiente, sin el acuerdo de España, diluiría gran parte del apoyo
a la independencia, ante los riesgos que acarrearía.
La confianza ciega y
exclusiva en líneas de defensa pretendidamente inexpugnables ha provocado
grandes desastres históricos. Trasladar a la UE la resolución de un problema
político interno sería una muestra de incapacidad que España pagaría muy cara.
Pero, sobre todo, la ausencia de iniciativa supone renunciar a la confrontación
política democrática por convencer a la mayoría de la sociedad catalana no ya
de la inviabilidad de la independencia o de lo inconveniente de ese proyecto,
sino de lo beneficioso de su integración en España y de lo conveniente de la
forma en que se materializa.
Las instituciones catalanas
han planteado el debate en la forma en que el nacionalismo ha creído más
conveniente: realización de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña
con la independencia como opción. El sistema político español corre importantes
riesgos si no afronta el debate sobre la legitimidad democrática de esa
pretensión y, en su caso, sobre la forma de adecuar su regulación legal. Pero,
por encima de todo, debería tratar de cambiar los términos del debate. Frente
al tablero elegido por el nacionalismo catalán, tendría que poner encima de la
mesa el de la reforma del sistema autonómico, con el objetivo de lograr el
acomodo de Cataluña. Mientras no lo haga seguirá a merced de la estrategia del
nacionalismo y estará incapacitado para atraer a la mayoría de la sociedad
catalana.
Resolver de forma idónea
los problemas del sistema autonómico —que es el origen del problema—, mirando
lejos, sin dejarse arrastrar por la corriente del momento, solo será posible
mediante una reforma constitucional que profundice en la senda federal por la
que se ha caminado en estos decenios, sirviéndonos de la experiencia de los
sistemas federales más solventes de nuestro entorno.
Frente al referéndum pedido
por el nacionalismo, el sistema español no toma iniciativas
La tradición política
española es reacia a los planteamientos federalistas. La catastrófica
experiencia de la Primera República tuvo una influencia determinante en el
rechazo expreso del sistema federal en 1931; diseño que copió la Constitución
actual. Sin embargo, el sistema autonómico ha avanzado por el camino de los
sistemas federales, como lo reconocen, significativamente, prestigiosos
estudiosos foráneos del federalismo. Ha sido un gran acierto, porque fuera del
esquema federal no es posible una solución estable de futuro. Pero mantiene
singularidades que, una vez despejadas las incógnitas presentes en 1978, son
fuente de problemas más que de soluciones; y están ausentes elementos que se han
mostrado saludables en otros sistemas federales.
El recelo frente al
federalismo, sin embargo, sigue todavía muy vivo en sectores variados de
nuestro país. A los motivos históricos se añaden dos razones fundamentales. El
sistema federal no es adecuado para España porque solo hay dos territorios
(Cataluña y País Vasco) que están insatisfechos con el sistema autonómico; y,
además, el federalismo no satisface a los nacionalistas, que lideran la
expresión política de esa insatisfacción. Por tanto, el federalismo no serviría
para resolver el problema que tenemos entre manos.
Idénticos argumentos fueron
utilizados en Reino Unido (RU). Albert V. Dicey, el más prestigioso
constitucionalista británico de los últimos dos siglos, los expuso
brillantemente en su encendida y radical oposición a los sucesivos proyectos de
home rule (autogobierno) para Irlanda y a cualquier solución federal. Se
trataba, a su juicio, de un salto al vacío (a leap in the dark), que
Inglaterra no necesitaba ni quería dar; y no servía para resolver la cuestión
irlandesa: como solución, era un paraíso para ingenuos (a fool’s paradise).
Los unionistas impidieron
cualquier salida, hundiendo al sistema británico en una de sus más graves
crisis políticas: la fractura puso a Reino Unido en la antesala de la guerra
civil y llevó a la independencia de Irlanda, aunque fuese al precio de la
guerra fratricida dentro del nacionalismo irlandés, la división de la isla y la
violencia sectaria en el norte, que ha llegado hasta nuestros días.
Los unionistas cerraron toda
salida en Reino Unido, lo cual llevó a la división de Irlanda y a la violencia
Como ha puesto de relieve
el historiador canadiense John Kendle —agudo estudioso de este proceso—, el
éxito del unionismo fue facilitado por los importantes defectos de los
sucesivos proyectos, provocados, en gran medida, por el rechazo británico a la
lógica federal, impidiendo un proyecto coherente y de sólidos fundamentos.
Algo similar está
ocurriendo en España con la oposición a la reforma de la Constitución para profundizar
en la senda federal. La cuestión no es si el sistema federal satisface o no a
los nacionalistas, sino si permite afrontar mejor la integración política de la
diversidad —logrando una satisfacción suficiente de las comunidades con un
fuerte sentimiento de identidad diferenciada—, garantizando mejor la
estabilidad política. Es decir, si el sistema federal es la mejor plataforma
para afrontar con solidez el reto rupturista del nacionalismo. El desarrollo de
los acontecimientos en Quebec pone de relieve que, a pesar de todo, el sistema
federal facilita la adhesión de una parte muy importante de la ciudadanía en
sociedades de esas características y la satisfacción suficiente de parte
significativa, incluso, de quienes desearían, en su corazón, la independencia.
Una tercera vía que permitiría la movilización de una parte cuantitativa y
cualitativamente relevante de la sociedad catalana y la atenuación de la
adhesión a la independencia por parte significativa de los independentistas
recientes; algo que el unionismo, puro y simple, es incapaz de lograr. Las
encuestas parecen avalar, todavía hoy, que esto es posible en Cataluña —y
también en el País Vasco—, a pesar de la extensión del escepticismo sobre la
capacidad de España para plantearlo de forma seria y convincente.
Quienes se empeñan en
rechazar la idoneidad del sistema federal corren un serio riesgo de caer en el
mismo error que Walter Long. También magníficamente estudiado por Kendle, Long
fue uno de los más destacados políticos unionistas, defensor de primera línea
de los intereses del unionismo irlandés desde su escaño en Westminster —y en
distintos Gabinetes— y uno de los principales protagonistas del fracaso de los
sucesivos proyectos de home rule para Irlanda desde 1886. Pero Walter
Long poseía una destacada inteligencia política. Durante el debate de lo que
llegaría a ser la home rule de 1914 (que no entró en vigor por el
estallido de la Gran Guerra), llegó a la convicción de que el mantenimiento de
los postulados unionistas llevaba inexorablemente a la pérdida de Irlanda. Y se
empeñó en tratar de encontrar una solución que fuera capaz de acomodar los
intereses de los unionistas, mayoritarios en seis de los nueve condados del
Ulster —lo que acabará siendo Irlanda del Norte—, y de los nacionalistas, muy
mayoritarios en el resto de Irlanda. Sobre la base de lo observado en su largo
viaje a Canadá, llegó a la conclusión de que solo había una solución posible:
el sistema federal. Pero era ya 1914; demasiado tarde para que una solución de
este tipo fuera factible. El gran opositor a la home rule y a la
solución federal descubre el federalismo como solución cuando ya el sistema
federal no puede ser la solución; cuando ya no hay solución. Es lo que llamo el
síndrome de Walter Long.
El federalismo no es ninguna
panacea. Por sí mismo, no garantiza el éxito de la empresa. Como escribió
Walter Bagehot, ninguna política es capaz de extraer de una nación más de lo
que esa nación tiene en su interior. En esa reforma constitucional España se
enfrentará a sí misma y mostrará su capacidad para resolver el problema
planteado por la reclamación catalana; o su incapacidad. Pero no hay
alternativa.
Alberto López Basaguren es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU).
Fuente: www.elpais.com
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