Gustavo Vidal Manzanares | Jurista y escritor
nuevatribuna.es
| 20 Febrero 2014 - 12:01 h.
En las
últimas fechas, el derecho de las mujeres a decidir acerca de su embarazo ha
encendido enconados debates que parecían cerrados. Y que no deberían estar de
otro modo en una sociedad civilizada.
Sin embargo,
el gobierno del PP no solo trabaja incansablemente para saquear lo público y
entregarlo a sus amigos, al parecer en clara componenda de corrupción
organizada que se remonta ya a dos décadas. Además de lo anterior, se pretende
imponer el ordeno y mando en las conciencias ajenas. En este aspecto subyace el
enorme peso que todavía posee el catolicismo (léase superstición religiosa) en
nuestra sociedad.
Así,
recientemente se han cumplido treinta y cinco años de uno de los mayores
escarnios legislativos que ha sufrido la nación española: el llamado
Concordato.
Estos
acuerdos se firmaron en el Vaticano, seis días después de la entrada en vigor
de nuestra Constitución, en evidente chalaneo de fechas, para conferirles
apariencia de constitucionalidad.
Pero nada
más lejos de la realidad. El articulado venía fraguándose desde 1976 entre
políticos vinculados a la Asociación Nacional Católica de
Propagandistas y representantes del Vaticano. Una burla
intolerable.
Imaginemos
que España decide firmar un Tratado internacional con Arabia Saudí. Si,
por una parte, negociasen representantes árabes y, por otra, miembros de la Asociación
de Propagandistas del Islam… ¿no resultaría una mofa difícil de soportar? Pues
eso, exactamente eso, es lo que sucedió entre España y la
iglesia católica con motivo del Concordato.
Además, y
lamentablemente, aquellos acuerdos no eran más que el lavado de cara del
Concordato de 1953, y conviene señalar que esto significó reconocimiento
internacional para un régimen dedicado a asfixiar libertades y asesinar a miles
de disidentes. A su vez, el Vaticano, sin el menor empacho en suscribir pactos
con un régimen que encarcelaba y mataba, se negaba a ratificar la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
A cambio de
este comportamiento, a mi modo de ver, absolutamente indigno, la iglesia
católica obtuvo amplios privilegios que mantuvo también después de 1979, tales
como el reconocimiento de personalidad jurídica civil y plena
capacidad de obrar de todas las órdenes, congregaciones e institutos
religiosos, la inviolabilidad de lugares de culto, la imposibilidad de su
demolición sin ser antes privados de su carácter “sagrado”, la asistencia
religiosa en hospitales, prisiones y cuarteles, el reconocimiento de efectos
civiles al matrimonio canónico, el compromiso estatal de cooperar con la
iglesia en sus actividades de asistencia o beneficencia, la existencia de
tribunales eclesiásticos cuyas sentencias adquieren eficacia civil, etc.
Habría que
dedicar varios artículos para denunciar la peculiar financiación de la iglesia
católica y el mantenimiento con dinero público de sus edificios privados que,
dicho sea de paso, no pagan IBI pese a la extensión ciclópea de muchos de ellos
… pero, posiblemente, la hipoteca más gravosa con la que nos toca
pechar se encuentre en el área de la enseñanza.
Aunque,
afortunadamente, la religión no constituye asignatura obligatoria, el Estado se
ve obligado a garantizar que se imparta en centros públicos. La “broma” cuesta
millones de euros al año. Esta sangría la pagamos entre todos, mientras que la
jerarquía católica es quien escoge caprichosamente a los profesores y los
despide por motivos tan peregrinos como vivir en pareja, irse de copas, etc.
Por el
contrario, entiendo que la formación religiosa ha de ser un asunto confiado a
las familias quienes, libremente, pueden dirigirse a la parroquia, mezquita o
sinagoga, donde sus hijos recibirán una formación religiosa sin que suponga,
como hasta ahora, una hemorragia para el bolsillo del contribuyente.
Y en fondo
de esta problemática lo que subyace es el afán de la iglesia por controlar la
vida pública y conservar unos privilegios insostenibles. Y son insostenibles
porque la religión católica no solo se encuentra sumida en el descrédito y la
indiferencia, sino que ya ni es la mayoritaria. Ha sido ampliamente superada
por el Islam.
Así, hasta
es posible que, en España y en estos momentos, haya más “practicantes” reales
del credo musulmán que del católico. De hecho, entre la minoría decreciente de
españoles que se declaran “practicantes” casi nadie cree la totalidad de los
dogmas (virginidad de María, purgatorio, etc.). Puede que, de hecho, no crean
ni en uno solo. Y eso suponiendo que los conozcan.
De manera
que resulta absolutamente ridículo seguir manteniendo una ficción. Algún
gobierno, más pronto que tarde, debe denunciar el Concordato y articular una
nueva normativa ajustada a la razón y a la realidad. Este paso no lo dará el
actual gabinete, pero resultará injustificable que un gobierno de izquierdas
mire para otro lado en la próxima legislatura.
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