LA IGLESIA CATÓLICA
SE HA APROPIADO DE MÁS DE MIL BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL EN ESPAÑA
Publicado en
20 febrero, 2014 por victorjsanz
Los obispados de Navarra, Alicante, Cáceres, León y A
Coruña han registrado a su nombre bienes de patrimonio histórico y cultural
gracias a la Reforma de la Ley Hipotecaria que hizo José María Aznar en 1998.
Tan sólo en Navarra se habla de más de 800 ermitas e iglesias. La reciente
petición de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba para que se reconozca la
apropiación hecha por el Obispado de Córdoba es la polémica más reciente.
La Iglesia Católica ha registrado como suyas más de
mil propiedades en los últimos 16 años gracias a la reforma de la Ley
Hipotecaria de 1946 que el Gobierno de José María Aznar llevó a cabo
en 1998. Inicialmente, la norma vigente durante el franquismo, en su artículo
206, permitía a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que
carecían de propietario, excepto los lugares de culto. En su primera
legislatura, el PP retiró esa excepción, lo que permitió a la Iglesia registrar
como suyas desde capillas o ermitas hasta iglesias y catedrales.
En
los últimos 16 años y gracias a una ley de 1946, la iglesia católica se ha
apropiado de más de mil bienes del patrimonio cultural español.
Eso fue lo que ocurrió en el año 2006,
cuando el Obispado de Córdoba inmatriculó – es
decir, registró- la Mezquita-Catedral de Córdoba,
la cual había sido declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1984
por la Unesco. Según sostiene el profesor de derecho Antonio
Manuel Rodríguez, la Mezquita-Catedral es propiedad de la ciudadanía, Bien
de Interés Cultural, Monumento Nacional y Patrimonio Mundial. El obispado ha
perpetrado, en ese sentido, una apropiación jurídica, económica y
simbólica del edificio. Cada una por una razón específica.
La apropiación jurídica de la
Mezquita de Córdoba se basa -según Rodríguez- en la reforma de la Ley
hipotecaria hecha por José María Aznar. Ni la inmatriculación o
el registro en 2006 supone la validez como título de propiedad ni la
“Consagración” que aduce el Obispado de Córdoba justifica o sirve para
acreditar tal título. “Por mucho que el artículo 206 de la Ley
Hipotecaria y queel 304 del reglamento de esa ley
reconozcan a la Iglesia como Administración y a los diocesanos como
funcionarios, se trata deuna inconstitucionalidad, tal y como declaró
una sentencia del Tribunal Constitucional en 1993 con un artículo de la ley de
arrendamiento urbano”, explica Antonio Manuel Rodríguez .
Según el abogado, en un Estado aconfesional como el español, el
dueño del bien no es otro sino El Estado –que participó en su construcción y
mantenimiento- y la ciudadanía, no el Obispado.
El Obispado de Córdoba, que no paga impuestos por el
usufructo de este tipo de monumentos, ha incurrido también en el caso de la
Mezquita de Córdoba en una apropiación económica y otra
simbólica. Apropiación económica porque ha
utilizado para así los beneficios de la explotación de uno de los monumentos
más visitados de la ciudad. Construida en el 785, con 23.400 metros
cuadrados, la de Córdoba fue la segunda mezquita más grande del mundo en
superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, sólo alcanzada posteriormente
por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Recibe al año 1.200.000
visitantes, cada uno paga 8 euros para poder acceder a ella -37 euros con visita
guiada-. Es decir, dinero que va a parar a las arcas del Obispado.
“Las dos últimas reformas que han sido realizadas en el edificio, sin embargo,
no han sido sufragados por el Obispado, sino por la Unión Europea y
por la Junta de Andalucía”, dice Rodríguez.
La última apropiación, la simbólica, es -a juicio de
la Plataforma Mezquita-Catedral de
Córdoba que ha elevado la protesta – la más grave. Para un
edificio que supone el “paradigma de concordia entre culturas”, cualquier gesto
que distorsione su origen es lesivo. Y en ese sentido, el asunto tiene miga. EL
Obispado de Córdoba le ha retirado a la Mezquita la denominación
Mezquita-catedral para referirse a esta como Santa Iglesia Catedral de
Córdoba, tal y como es posible comprobar al visitar su página Web. “La
Unesco reconoció a la Mezquita como tal porque es su nombre, tan grave es su
destrucción física como simbólica”, manifiestan los responsables de la Plataforma Mezquita – Catedral de
Córdoba: Patrimonio de tod@s, quienes a través de change.org han
recogido más de 75.000 para dirigirse ante la Unesco. Tal y como
informó la prensa de Córdoba, el Obispado ha eludido a las preguntas
realizadas acerca de esta protesta por parte de la ciudadanía.
Otros casos: Navarra, Cáceres y Alicante
Uno de los informes más detallados y citados en lo que
a registro y titularidad de determinados bienes se refiere, lo realizó el
Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida. Entonces,
se realizó un recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la
región entre 1998 y 2007. El Arzobispado de Pamplona y Tudela había
registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales eran lugares de culto
(iglesias, catedrales, ermitas …). Hasta 1998, la Iglesia sólo había
inscrito en el Registro de la Propiedad fincas urbanas y rurales.
Ocurre en otras comunidades. La iglesia fortaleza
de San Bartolomé, en Xàbia, Alicante, sufrió una suerte similar. El 21 de
agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió
este edificio en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo, sin el
consentimiento ni el conocimiento del Ayuntamiento de Xàbia, quien junto con una iniciativa
ciudadana llevó el asunto a los tribunales. La Diócesis de
Valencia ha utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita
de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira.
Sin embargo, el caso de Xàbia es el más llamativo y el que mayor respuesta
popular ha generado.
El Obispado de Plasencia –en Cáceres- ha incluido en su
patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la
comarca de la Vera (Cáceres): Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera,
Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Robledillo de la Vera, Guijo de Santa
Bárbara, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera,
Torremenga y Pasarón de la Vera. Los pueblos de Madrigal de la Vera y
Villanueva de la Vera reaccionaron. En 2009, los vecinos de Madrigal de
la Vera reclamaron la devolución de los terrenos colindantes a la
Iglesia de San Pedro Apóstol, que antiguamente eran utilizados como cementerio
municipal. Casos similares se han registrado en Castilla y León, así como
también en Galicia y Madrid.
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