El gobierno del
Partido Popular ha decidido aprovechar al máximo los dos años que le quedan de
legislatura para atacar aún más los derechos y libertades que conquistamos
gracias a la lucha y a la movilización social.
España | Tercera Información | 10-01-2014 |
Comunicado:
La
educación y la sanidad están sufriendo gravemente sus políticas que pretenden
hacer de estos derechos un privilegio al alcance únicamente de quien pueda
pagarlos. Aún así parece que estos retrocesos de décadas no son suficientes.
La
nueva Ley del Aborto, impulsada por el Ministro de Justicia Alberto Ruíz
Gallardón, deja ver claramente el carácter profundamente reaccionario de este
gobierno que pretende devolvernos a la época en que la moral podrida del
nacionalcatolicismo dictaba las costumbres de las personas e imponía sus reglas
en el código penal.
Derechos
de la mujer
Los
avances logrados en la historia reciente con respecto al derecho de las mujeres
a decidir sobre su propio cuerpo han sido muy importantes. Si bien en el año 85
se despenalizó el aborto bajo los famosos tres supuestos de violación,
malformaciones fetales o riesgo para la salud de la madre, se continuaba
contemplando penas de cárcel para médicos y mujeres que no se atuvieran a
dichos supuestos. Esta situación cambió en el año 2010 bajo el gobierno del
PSOE: aunque no se reconocía un aborto libre y gratuito por la Seguridad
Social, se daban algunos pasos importantes respecto a la situación anterior.
Ofrecía la posibilidad de que las mujeres pudiéramos abortar en las primeras 14
semanas de gestación; también se podía interrumpir el embarazo en cualquier
momento por la llamada indicación eugenésica, que se da cuando el feto presenta
riesgo de graves anomalías o bien una enfermedad extremadamente grave e
incurable en el momento del diagnóstico; incluso para cumplir la ley de
autonomía del paciente (aprobada por el PP en 2002) ofrecía la posibilidad de
que las mujeres de 16 y 17 años abortaran sin permiso paterno, ya que según
esta ley a esa edad ya son mayores para renunciar a un tratamiento médico o
decidir si operarse o no.
Un
retroceso inaceptable
Con
la nueva ley del Aborto, curiosamente redactada no desde el Ministerio de
Sanidad sino desde el Ministerio de Justicia, el PP pretende convertir un
derecho en un delito, satisfaciendo así las exigencias de la jerarquía
eclesiástica. Con la ley Gallardon, se retrocede a tiempos pretéritos, propios
de la dictadura franquista, al suprimirse la indicación eugenésica.
No
sólo eso. Para poder acreditar el supuesto de riesgo de salud para la madre,
será imprescindible el informe de dos médicos diferentes (antes sólo uno) que
no podrá ser el mismo que practique el aborto y que tampoco podrá trabajar en
la misma clínica en la que se vaya a practicar. Las dificultades que tendrá que
afrontar una mujer que quiera abortar serán enormes con esta nueva legislación,
pero más aún si tenemos en cuenta las consecuencias de los recortes en sanidad
perpetrados por el Partido Popular ¿de cuánto tiempo serán las listas de espera
para poder obtener un informe de dos médicos diferentes que trabajen en
clínicas distintas en esta situación? ¿Cuánto tiempo pasará desde que se solicita
hasta que se pide ese informe? ¿Estarán a tiempo de poder abortar incluso las
que obtengan un informe favorable de los dos médicos?
El
tratamiento que hace la nueva Ley respecto al aborto en las menores de edad, es
completamente victimizador: somete a la menor a un proceso en el que tiene que
conseguir el apoyo de sus padres, del fiscal, e incluso al padre del embarazo
no deseado. Al trauma de estar embarazada sin quererlo, una joven añade también
un trauma igual o incluso mayor de tener que pasear su situación ante sus
padres y las autoridades. Se vuelve a la atmósfera franquista, de tal manera
que todo esta orientado a que baste la oposición de uno de los padres para que
la joven desista de abortar y todo quede “religiosamente en familia”.
“¿Derecho
a la vida?”
Estos
cínicos defensores de “la vida”, fieles seguidores de la doctrina
ultraconservadora católica, quieren obligar a las mujeres, y a las familias, a
cargar con el pesado fardo de una existencia desgraciada. Estos señores, que
son los mismos que han arrojado a 2, 2 millones de niños a la pobreza y la
exclusión social (datos de Cáritas), que han legislado el despido de miles de
trabajadores, los salarios precarios, los desahucios, la privatización de la
sanidad y la educación, que ponen cuchillas en las vallas de Melilla para que
los inmigrantes no entren en nuestro país, que no condenan la dictadura
franquista ni reparan a sus víctimas y que tienen en sus filas a traficantes de
armas internacionales…estos señores nos hablan del “derecho a la vida”.
Para
ellos el derecho a la vida está bien, pero lo de una vida digna parece que no
lo tienen tan claro. ¿Qué va a ser de los fetos con malformaciones que nazcan
si el PP se está encargando de acabar con todas las ayudas a la dependencia?
Además de tener una vida llena de sufrimiento tanto físico como psicológico
para ellos y sus familias, se verán completamente excluidos en su día a día y
abandonados por los servicios sociales que también el PP está desmantelando.
Con
respecto a las malformaciones fetales que Gallardón quiere eliminar como
supuesto para poder abortar legalmente, las consecuencias serán terribles. Tal
y como explicaba el ex-neurocirujano infantil Javier Esparza al diario El País,
existen ciertas malformaciones como la espina bífida abierta o la hidrocefalia
congénita que son bastante comunes, afectando aproximadamente a entre 1 y 3
niños de cada mil en países como Reino Unido o Irlanda (en el Estado español no
existen datos relativos a esta cuestión previos a la aprobación de la Ley del Aborto).
Este tipo de malformaciones provocan una vida de enorme sufrimiento físico a
los que las sufren con consecuencias tan graves como la parálisis de ambas
piernas o parálisis completa, incontinencia, atrofia en los músculos de las
piernas, deformaciones, hidrocefalia o deficiencia mental. Todo esto sin tener
en cuenta la multitud de operaciones a las que un niño con este problema se
tiene que someter durante años y que hace imposible, entre otras cosas, una
escolarización normal de estos niños, y las consecuencias obvias que esto tiene
en sus familias.
Los
programas de prevención de la espina bífida en el Estado español entre los que
se incluye el diagnóstico prenatal que identifica este tipo de lesiones, han
logrado que la cifra de niños con espina bífida esté a niveles de 8 por cada
10.000 recién nacidos. Programas que para el PP parecen no tener razón de ser.
Tan escandaloso es este tremendo retroceso que desde la propia comunidad
científica se ha respondido al PP con una gran contundencia, como es el caso de
los expertos en diagnóstico prenatal que se han pronunciado públicamente en
contra de la “Ley Gallardón” argumentando que la supresión del aborto por
anomalía fetal grave vulnera los derechos de las mujeres y las desampara en
situaciones muy complejas y dolorosas.
Una
cuestión de clase
Pero
el problema no es únicamente que se elimine el supuesto de malformación fetal.
El empeño del Partido Popular en llevar a cabo una campaña insultante sobre las
mujeres que deciden abortar no ha cesado en intensidad. Desde las afirmaciones
de diputadas del PP en el plenario del congreso: “las mujeres que abortan son
las que menos estudios tienen”; o acusaciones de asesinas tanto para las
mujeres que abortan como para los médicos que las atienden, vertidas por el Presidente
de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, el mismo sujeto que ocultó la gravedad
del accidente del metro de Valencia: “…recordamos que todavía en pleno siglo
XXI hay legisladores, jueces, médicos, que pretenden hacer lo mismo que hace
dos milenios llevó a cabo Herodes (…) si la matanza de inocentes fue una
aberración entonces, lo es ahora, aunque en cada momento se intente vestir con
diferentes excusas”. Todo ello en aras de arrebatar a las mujeres el derecho a
decidir sobre su cuerpo y su reproducción para otorgárselo a la Iglesia
católica, a los diputados del PP y a los tribunales.
Quien
tiene que tomar la decisión de abortar no lo hace ni mucho menos como plato de
gusto sino todo lo contrario. Se trata una decisión difícil y traumática, pero
lógicamente preferible en cualquier caso a tener hijos en unas condiciones
físicas y sociales que no puedan garantizar su desarrollo y una vida digna.
Al
Partido Popular no le preocupa realmente reducir el número de abortos. Si así
fuera no impulsarían esta Ley ya que, según los datos del propio Ministerio de
Sanidad, el número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó un 5% en
2012 bajo una ley que permitía entre otras cosas la interrupción libre del
embarazo durante las primeras catorce semanas. Ese año abortaron 112.390
mujeres, unas 6.000 menos que en 2011 con la legislación anterior.
Lo
que le ocurre al Partido Popular es que no puede esconder el tufo atrasado y
reaccionario que corre por sus venas y que es una de sus principales señas de
identidad. En vez de prevenir embarazos no deseados con educación sexual en la
escuela pública, lo que intentaron hacer hace pocas semanas fue imponer que la
religión fuese una asignatura de oferta obligada para niños de educación
infantil. Eso sí es realmente importante para ellos. Explicar a los niños de
cuatro años lo que la Santa Iglesia nos tiene que decir. Cosas como que las
mujeres deben ser sumisas y que por tanto no pueden tener capacidad para
decidir por sí mismas, como predicaba el libro editado por el Arzobispado de
Granada titulado “Cásate y sé sumisa.”
La
demagogia de Gallardón cuando dice que quiere proteger las mujeres con esta Ley
es incalificable. Desde luego, está claro que este gobierno retrógado no pone
ningún empeño en defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, en que
tengan unas condiciones laborales dignas e iguales a los hombres; tampoco
protege a las madres solteras que están en paro y son desahuciadas; y desde
luego no protege a las mujeres cuando les niega el derecho a decidir sobre su propio
cuerpo y su propio futuro bajo amenaza de ser condenadas como si fueran
delincuentes.
Esta
nueva ley del aborto va a suponer un retroceso tremendo que tendrá sus peores
consecuencias para las mujeres y las familias trabajadoras. Las que sufren el
paro y no tienen medios para mantener a un hijo, las que no podrán hacerse
cargo de los costes médicos de un niño con malformaciones. Esta política
volverá a repetir las escenas de abortos clandestinos en clínicas de mala
muerte, con graves riesgos para la salud tanto de la madre como del feto. Y por
supuesto no afectará igual a todos. Las familias con recursos económicos podrán
hacer como antes y enviar a sus hijas a abortar a Londres o tener todos los
medios disponibles para mantener a un hijo, aunque sea no deseado. Como
siempre, el PP golpea a las familias trabajadoras y pretende quitarnos hasta el
último de nuestros derechos.
Desde
el Sindicato de Estudiantes defendemos el derecho al aborto libre y gratuito a
través de la Seguridad Social y en las mejores condiciones mediante una ley de
plazos que permita a las mujeres tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo,
su maternidad y su vida. Este gobierno no defiende los derechos de la mayoría
de la sociedad, de las familias trabajadoras, y por eso le importa muy poco el
escenario de drama social, de paro, de bajos salarios, de destrucción de la
sanidad y la educación públicas que ellos mismos están provocando. Sólo la
lucha y la organización harán posible invertir este escenario y garantizar unas
condiciones de vida dignas, y plenos derechos y libertades, para millones de
personas
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